Un posible convenio internacional sobre Reducción de Emisiones Provocadas por Deforestación y Degradación de los Bosques (REDD), que surgiría de la COP 16, provoca descontento entre un nutrido grupo de organizaciones sociales.
«Nuestro temor es que un acuerdo no reconozca los derechos de los pueblos indígenas, y queremos que se incluya el derecho a la consulta», dijo a TerraViva el aborigen panameño Marcial Arias, secretario general de la Fundación para la Promoción del Conocimiento Indígena.
Las tratativas en torno al programa REDD (por sus siglas en inglés) están en el centro de las sesiones de la COP 16 (Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático), que se celebra del 29 de noviembre al 10 de este mes en la sudoriental ciudad mexicana de Cancún.
Docenas de organizaciones no gubernamentales y académicas de distintas partes del mundo se oponen a la aprobación de un nuevo esquema global contra la deforestación, bautizado como REDD+, por considerar que potenciaría el despojo de las comunidades indígenas, el robo de material genético de los bosques y transformarse en un negocio suculento para las empresas que más contaminan.
Ese programa, inaugurado en 2008 por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación y por los programas del foro mundial para el Desarrollo y el Medio Ambiente, pretende la conservación y el aumento de los depósitos de carbono de los bosques existentes.
[related_articles]
La deforestación causa la desaparición anual de 13 millones de hectáreas en el mundo y genera la emisión de unas 1,5 gigatoneladas de dióxido de carbono (CO2) o 20 por ciento de las emanaciones globales de dicho gas, uno de los principales responsables del incremento de la temperatura planetaria.
La iniciativa REDD, que se ejecuta en Panamá, Bolivia, Paraguay, República Democrática del Congo, Zambia, Tanzania, Indonesia, Papúa Nueva Guinea y Vietnam, se dirige a combatir la deforestación, reducir las emisiones de CO2 y fomentar el acceso de los países participantes al apoyo técnico y financiero.
Este programa «busca apropiarse de las bosques tropicales, se ha convertido en la nueva versión de los derechos de carbono», señaló a TerraViva Camila Moreno, quien participa de la cumbre como integrante de Amigos de la Tierra Brasil.
Convertido en un «jesuita del carbono», el Banco Mundial reconoce la validez de las preocupaciones de las organizaciones no gubernamentales y la importancia de atenderlas.
«Esas preocupaciones han estado ahí desde que empezó el debate sobre el REDD, y son saludables porque pueden evitar errores y tenemos la oportunidad de abordarlas», comentó a TerraViva, a su vez, el estadounidense Warren Evans, director del Departamento de Medio Ambiente del Banco Mundial, también presente en Cancún.
Esta entidad financiera multilateral creó el Fondo del Carbono para respaldar proyectos REDD+. En 2009 destinó más de 2.000 millones de dólares a actividades relacionadas con la problemática de las emisiones contaminantes.
En la COP 15, realizada un año atrás en Copenhague, seis naciones comprometieron recursos para un fondo de unos 3.500 millones de dólares para financiar programas REDD+.
En marzo se sumaron otros 1.000 millones de dólares y se instauró un comité de 10 naciones para encabezar un programa mundial en la materia.
«Es importante ponerse metas ambiciosas, pero realistas de lo que REDD+ puede hacer por nuestros bosques. Esto podría articularse y analizarse mejor a nivel nacional, en donde las herramientas y enfoques relevantes pueden aplicarse para enfrentar los riesgos y acentuar los beneficios», según la guía «Perspectivas sobre REDD+», presentada este jueves en Cancún por la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Ese documento, de 12 páginas de extensión, subraya la importancia de respetar el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas sobre este tipo de proyectos.
Modalidades de este tipo involucran graves problemas en relación con la posesión de la tierra, los derechos de las comunidades originarias sobre esos territorios y el desarrollo de plantaciones forestales.
Por eso, los colectivos indígenas quieren que cualquier acuerdo se remita a la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de 2009.
Al parecer, el programa REDD+ sería de aplicación voluntaria, apegada a programas nacionales de lucha contra la deforestación, pero suscritos a estándares generales.
Países como México, Brasil y Panamá diseñan iniciativas nacionales de REDD+. En el primer caso, hay unos 1.000 proyectos comunitarios en curso, la mayoría orientada hacia el aprovechamiento forestal.
«Hay pocas garantías. No sabemos cómo nos compensarán por no cortar árboles, cómo recibiremos los beneficios, sentimos que no nos están tomando en cuenta», resaltó Arias, un indígena del pueblo kuna.
En Cancún no ha quedado claro si los países participantes lo visualizan como un mecanismo de mitigación o reducción de de emisiones. En el primer caso, los países más contaminantes simplemente invertirían en los bosques de las naciones menos desarrolladas para compensar las emanaciones que no son capaces de acortar.
Mientras, algunas organizaciones ambientalistas propugnan porque este programa se extienda a otros ecosistemas, como los manglares y otros hábitat costeros, por los servicios ambientales que prestan y la importancia de mantenerlos impolutos.
«Los ecosistemas costeros secuestran grandes cantidades de carbono en los sedimentos, mucho más que las plantas», explicó a TerraViva la estadounidense Emily Pidgeon, director del Programa de Cambio Climático Marino de la no gubernamental Conservation International (CI).
Las zonas costeras pierden anualmente cerca de seis por ciento de su superficie y generan más de 25.000 millones de dólares en servicios ambientales, según estimaciones de CI.
Un informe de esa organización independiente, publicado este jueves 2, indica que un mecanismo REDD+ podría prevenir hasta en 80 por ciento la extinción de unas 2.500 especies que habitan los bosques.
Con un financiamiento entre los 28.000 millones y los 31.000 millones de dólares, se evitarían entre 78 y 82 por ciento de las extinciones, mientras que con un desembolso de 5.000 a 6.000 millones se impedirían entre 43 y 49 por ciento de las desapariciones de especies boscosas, según el informe.
