”Asaltando las frecuencias, transgrediendo los espacios”, es el eslogan de Radio Neza, emisora de radio comunitaria que opera en la periferia de la capital mexicana, sin permiso y en riesgo de expropiación y cierre como otras 83 del país, calificadas de subversivas por empresarios.
Las radios comunitarias fomentan la piratería y azuzan a grupos guerrilleros según portavoces de la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión (CIRT), que demanda el inmediato cierre de esas emisoras.
”No fomentamos ninguna subversión, lo único que hacemos es ejercer el derecho a una libre comunicación a favor de la comunidad, fuera de los monopolios y los grupos de interés económico”, dijo a IPS Rocío Román, directora de Radio Neza, que opera en Nezahualcóyotl, una populosa zona urbana vecina a la capital.
Las familias Salinas y Azcárraga controlan en México emisoras de televisión que suman cerca de 90 por ciento del público, a través de las empresas Azteca y Televisa. En cuanto a radioemisoras, 90 por ciento del dial ha sido concedido a 13 grupos empresariales.
Radio Neza que opera con aportes económicos de la comunidad, y sólo reúne a jóvenes y líderes comunitarios que, sin sueldos ni avisadores, preparan programas culturales, deportivos y políticos, y los difunden desde 1998 de viernes a domingo, por una frecuencia no autorizada pero que no ocupa ninguna radio comercial.
”Decir que asaltamos las frecuencias es sólo una frase provocativa, pues nunca nos hemos escondido ni hecho trabajo subversivo o similares”, aseguró Román.
En diciembre, ante amenazas de requisa, los promotores de Radio Neza interrumpieron su trabajo, pero anuncian que pronto regresarán al aire, desde un lugar que prefirieron no revelar y con equipos nuevos y más poderosos, que pueden llevar la señal más allá de los perímetros de Nezahualcóyotl.
En los más de 30 años de historia de las emisoras no comerciales en México, gran parte de ellas integrantes actualmente de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC), el gobierno sólo autorizó el funcionamiento de una de ese tipo, aunque los pedidos de regularización de esos medios han sido una constante.
Periódicamente, las autoridades realizan operativos contra radios comunitarias. En diciembre, con el aplauso de la CIRT, cerraron tres de ellas que se dedicaban a difundir programas culturales y educativos en el estado meridional de Jalisco.
La ley otorga al Estado la administración del espectro radioeléctrico nacional, pero no se refiere a las radios comunitarias, aunque ordena al gobierno ”asegurar (incautarse de) todos los equipos de cualquier estación que se encuentre operando sin concesión o permiso”.
Según la AMARC, que dialoga con el gobierno del presidente Vicente Fox por la regularización de las radios comunitarias desde antes de los cierres de diciembre, la CIRT se opone a esa idea, aunque muchos medios alternativos operan con apoyo de universidades e instituciones de fomento social del propio Estado.
Las radios comunitarias tienen amplio apoyo en sus comunidades por el servicio que les prestan, al incluir en su programación contenidos educativos, de derechos humanos y alertas sobre peligros en caso de desastres naturales, y también por hablar en sus propios idiomas, en el caso de las radios indígenas, alega la AMARC, fundada en 1983.
Esa organización no gubernamental, con socios en todo el mundo, promueve la existencia de radios comunitarias ”como vía para ejercer plenamente la libertad de expresión, el derecho a comunicar y el pluralismo de la sociedad civil, en el entendido de que es una herramienta eficaz para el desarrollo, la paz, la justicia y la solidaridad”.
Pero Javier Tejado, asesor jurídico de la CIRT, sostiene que la AMARC y sus casi 30 socios en México ”fomentan la radio clandestina, pirata y guerrillera”.
Cuando las radios comunitarias mexicanas piden un permiso de operación, el gobierno responde que deben obtener primero la anuencia del Ejército y de organismos sociales del Estado. Además, les pide un fondo de respaldo de más de 100.000 dólares, entre otros requisitos.
Según la directora de Radio Neza, se trata de demandas discriminatorias e imposibles de cumplir para las emisoras comunitarias, que son financiadas con dinero de la población o fundaciones privadas, y cuyo objetivo es netamente social.
Fuentes de la Secretaría de Gobernación (Ministerio del Interior) aseguraron a IPS que ese organismo quiere buscar una salida legal a la cuestión de las radios comunitarias, pero apuntaron que eso depende de una reforma que debe aprobarse en el Congreso, donde no hay consenso al respecto.
Mientras eso no ocurra, deben acatar la ley y cerrar las que operan al margen de sus disposiciones, añadieron.
Pero el experto en comunicación Alberto Ricalde dijo a IPS que el Estado ha actuado en la materia con total discrecionalidad, cerrando algunas por presiones de empresarios de los medios de comunicación o del ejército, pero tolerando a la mayoría.
En zonas rurales de fuerte presencia indígena, el gobierno incluso ha llegado a pedir a las radios comunitarias difundir los programas sociales oficiales y promover sus políticas.
Las radios comunitarias existen en América Latina desde fines de los años 40, cuando se crearon para movilizar a diversos grupos sociales y fomentar su formación educativa, cultural y política. Con el tiempo, su existencia ha sido promovida incluso por organismos internacionales.
La Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que ”no se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares (…) de frecuencias radioeléctricas o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones”.
México es firmante de ese tratado.
”Las radios llamadas comunitarias, educativas, participativas, rurales, insurgentes, interactivas, alternativas y ciudadanas son, en muchos casos, y cuando actúan en el marco de la legalidad, las que ocupan los espacios que dejan los medios masivos”, reza por su parte el informe anual 2002 de la Oficina del Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Según ese documento, las radios comunitarias, que en general son de corto alcance y tienen pocos recursos, ”responden en muchos casos a las necesidades, intereses, problemas y expectativas de sectores muchas veces relegados, discriminados y empobrecidos de la sociedad civil”.
En 2002, cuando la comunidad indígena Santa María Tlahuitoltepec, en el estado sureño de Oaxaca, pidió al gobierno autorización para operar una emisora de radio y un canal de televisión propios, y así ”difundir la cultura de los pueblos indígenas”, la respuesta fue que las autoridades se incautaron del equipo que ya habían conseguido los nativos.
Además, indicaron a los interesados, mediante una carta, que para suplir la falta de medios de comunicación en la zona indígena, el gobierno había pedido a Azteca y Televisa que instalaran allí antenas de repetición de sus señales.
Eso merece figurar en ”una antología del centralismo cultural”, pues muestra que al gobierno no le interesa la identidad de los indígenas, sino su asimilación ”a la homogeneidad cultural difundida por las grandes televisoras”, señaló Sergio Aguayo, politólogo y activista de grupos humanitarios.
