Una ofensiva de científicos en defensa de investigaciones sobre organismos genéticamente modificados (OGM) aviva en Brasil un debate que interesa al mercado agrícola mundial.
Brasil representa la última trinchera de resistencia a la soja transgénica, que ya domina el cultivo en Estados Unidos y Argentina. Los tres países controlan y se disputan el mercado de esa oleaginosa, como sus mayores productores y exportadores.
Para mantener prohibida la producción de transgénicos en el país, el gobierno brasileño cuenta con un fallo judicial de junio de 2000, el apoyo del movimiento ambientalista y la preferencia de parte del mercado europeo por el grano convencional.
Pero es cada vez más difícil mantener esa posición, ante la necesidad de aumentar la productividad agrícola y la presión de agricultores, empresas y científicos interesados en la nueva tecnología.
En una carta abierta dirigida al presidente Luiz Inácio Lula da Silva, al parlamento y la población, científicos brasileños reclamaron la eliminación de trabas que paralizaron las investigaciones de OGM en Brasil hace varios años, con exigencias imposibles de cumplir y burocracia excesiva.
El país no puede renunciar a esa tecnología imprescindible para la sustentabilidad y competitividad del agronegocio brasileño, de cuyo uso resultarían beneficios sociales y económicos, y mantener la actual situación es provocar el rezago de Brasil en relación con países competidores, alegaron.
Ya firmaron el documento más de mil científicos, aseguró a IPS Leila Oda, presidente de la Asociación Nacional de Bioseguridad (ANBIO) y destacada defensora de la liberación de los transgénicos en Brasil.
Numerosos proyectos de postgrado, especialmente en universidades estatales, fueron cancelados debido a exigencias absurdas para experimentos, señaló Oda, experta en microbiología y evaluación de riesgos.
Para desarrollar plantas resistentes a hongos y bacterias se exige, por ejemplo, obtener el mismo registro requerido para venenos agrícolas, explicó.
Eso depende de autorizaciones de los ministerios de Agricultura, Medio Ambiente y Salud, que se justificarían en la producción comercial, pero que no se aplican a la investigación en ningún lugar del mundo, criticó la investigadora.
Además, el Instituto Brasileño de Medio Ambiente impuso hace poco nuevas normas, que exigen autorización de ese organismo para experimentos con OGM y sus derivados.
Entre los derivados de OGM están la insulina, enzimas usadas en el jabón en polvo y otros productos consumidos desde hace mucho tiempo, y la exigencia revela que esa reglamentación fue definida por personas sin información técnica, observó Oda.
En su opinión, el debate es irracional porque quienes se oponen a los transgénicos muestran desinformación y se valen del miedo a la innovación científica.
También emplean como argumento el principio de la precaución, adoptado en convenciones ambientales, que no se debe convertir en principio de la inercia, arguyó la microbióloga.
Los datos mundiales indican que los productos transgénicos son seguros dentro de lo que puede asegurar la ciencia en este momento, y la Organización Mundial de Salud (OMS) así lo declaró el 15 de octubre, en un documento que responde a 20 preguntas sobre alimentos genéticamente modificados, añadió.
Pero la abogada Andrea Salazar, del Instituto Brasileño de Defensa de los Consumidores (IDEC), sostuvo que la afirmación de la OMS no fue tan tajante, porque esa agencia reconoce el riesgo real del desplazamiento de genes de transgénicos a otros vegetales, como ocurrió con maíz en Estados Unidos.
No nos oponemos, sino que queremos más investigaciones sobre OGM, y no sólo sobre aspectos agronómicos, ya que también faltan estudios que permitan evaluar su impacto sobre la salud humana y el ambiente.
La sociedad no puede ser cobaya, sostuvo la activista.
El diálogo de sordos entre defensores y críticos de los transgénicos incluye acusaciones de que por detrás de los adversarios están intereses económicos poderosos. IDEC, una de las organizaciones más activas en ese debate, nunca sufrió tantas presiones, aseguró Salazar.
La comunidad científica también está dividida, admitió Oda, y eso impidió hasta ahora una definición de la Sociedad Brasileña para el Progreso de la Ciencia.
La polémica fue además atropellada por los hechos. Tres cuartos de la siembra actual de soja en el meridional estado de Río Grande del Sur se hizo con semillas transgénicas contrabandeadas de Argentina, donde se calcula que 98 por ciento de la soja sembrada es genéticamente modificada.
Para no quemar más de seis millones de toneladas de la cosecha esperada, el gobierno brasileño autorizó con carácter excepcional la venta de esa producción, pero mantuvo la prohibición para las siembras siguientes. Según el IDEC, esa medida fue inconstitucional.
La Asamblea Legislativa del nororiental estado de Pernambuco aprobó el 7 de mayo una ley local que permite cultivar y vender productos transgénicos.
La mayor víctima de esas contradicciones es la producción nacional de semillas, ya que las ventas cayeron y la incertidumbre inhibe inversiones en el desarrollo de nuevas variedades, aun convencionales, dijo a IPS el presidente de la Asociación Brasileña de Productores de Semillas, Joao Lenine Bonifacio.
En Río Grande del Sur, la fuerte caída de ventas amenaza con la quiebra a muchas empresas, ejemplificó.
Los agricultores de ese estado anunciaron que seguirán desobedeciendo la prohibición de los transgénicos, con el argumento de que así logran mayor productividad y reducción del uso de agrotóxicos.
Si el gobierno no logra hacer volver la legalidad, el futuro incierto de esa región y de otras puede llevar al país a depender de semillas importadas dentro de algunos años, advirtió Lenine.
