El aumento del tráfico de cocaína de Colombia, debido a la creciente demanda de Europa y a los problemas de la producción de coca en Perú, intensificó el conflicto entre el gobierno, rebeldes de izquierda y paramilitares de derecha, según analistas políticos.
Funcionarios que intentaron poner fin a los 40 años de guerra civil creen que la lucha podría empeorar en los próximos meses ya que las ganancias procedentes de la droga permiten a todas las partes comprar armas, y algunos grupos procuran descarrilar el frágil proceso de paz.
Rafael Pardo, ex ministro de Defensa y presidente de la Fundación Milenia, un grupo de investigación de Bogotá, sostuvo que uno de los factores que permitió el aumento de los ingresos del narcotráfico fue la aparición de un hongo que ataca a un tipo de planta de coca en Perú.
La consecuencia fue que los carteles de la droga trasladaron más producción a las plantaciones de Colombia, donde se calcula que hay 100.000 hectáreas de coca.
Quienes más se benefician con esa producción son las rebeldes Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que controlan y gravan la mayor parte de la producción cocalera del sudoeste del país, y los paramilitares de derecha, que dominan el norte, explicó Pardo.
"Las FARC crecieron mucho en los últimos cuatro años", señaló Pardo, que fue ministro de Defensa durante la presidencia de César Gaviria, entre 1991 y 1994, y también trató de negociar la paz con los grupos rebeldes.
El gobierno colombiano y funcionarios de Estados Unidos, que quieren que Washington entregue a Bogotá ayuda militar por 2.000 millones de dólares en los próximos tres años para combatir el narcotráfico, sostienen que las FARC adquirieron misiles tierra- aire y transporte aéreo, entre otras cosas.
Por su parte, "los paramilitares crecieron mucho" y controlan las principales zonas de producción de cocaína en el norte, señaló Francisco Santos, editor del diario El Tiempo, y miembro fundador de País Libre, un grupo de activistas contra los secuestros.
Los carteles de la droga ayudaron a todas las partes del conflicto a comprar armas, pero ahora el principal interés de los contrincantes es asegurarse de que ninguno logre controlar el país, sostuvo Santos.
"Los narcotraficantes financian a todos los protagonistas de esta guerra, de izquierda y de derecha, (creando así) una suerte de caos", observó. Eso hace que todos estén interesados en "ayudar a cada parte a generar el caos, y posiblemente a sabotear las negociaciones de paz", advirtió.
Las conversaciones de paz, alentadas por el presidente Andrés Pastrana, que lleva un año en el gobierno, comenzaron a avanzar recién hace unas pocas semanas, comentó Santos.
El gobierno y las FARC reanudaron las negociaciones el 24 del mes pasado, y establecieron una lista de 12 puntos para resolver la guerra.
El gobierno organizó también varias rondas de negociaciones, gracias en parte a la mediación de Cuba, con el izquierdista Ejército de Liberación Nacional para comenzar a negociar formalmente antes de fin de año, agregó Pardo.
Sin embargo, el factor de la droga puede complicar el proceso de paz, porque el tráfico colombiano, que representa alrededor de 80 por ciento de la producción mundial de cocaína, llamó la atención de Estados Unidos, señalan los analistas.
"Estados Unidos no tiene una política clara respecto de América Latina, ni de Colombia", y su preocupación principal es el narcotráfico, explicó Pardo.
Además, dado que se acerca el año electoral en Estados Unidos, "no creo que Washington adopte una posición muy definida", agregó.
El presidente de Estados Unidos, Bill Clinton, se esforzó por adoptar una postura dura contra las drogas, y por eso Pastrana le pidió a Washington 7.000 millones de dólares para luchar contra la producción de Colombia durante los próximos años.
Unos 1.500 millones de ese total se invertirán en el sector militar, para sustituir a la policía por militares en la lucha contra la producción doméstica y el tráfico de drogas, explicó Pardo.
El pedido de ayuda de Pastrana fue escuchado en Washington.
"No habrá paz en Colombia mientras las (organizaciones de) narcotráfico y el mercado negro de armas sigan financiando a los grupos ilegales de mi país", advirtió Pastrana en septiembre, durante su visita a Estados Unidos para participar en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
"Debemos luchar sobre todo contra el contrabando de productos industriales a Colombia, que es el modo de lavar el dinero de la droga y de asfixiar a las industrias del país. Y también debemos detener el flujo de los productos químicos indispensables para la fabricación de narcóticos", aseguró Pastrana ante la ONU.
Las gestiones de Pastrana recibieron el apoyo de la Casa Blanca, que se comprometió a darle 290 millones de dólares de ayuda durante este año fiscal, y prometió 2.000 millones más para los próximos años, a partir de la visita del presidente colombiano.
Estados Unidos ya envió a unos 200 asesores militares que se supone enseñarán a mejorar la estrategia de las fuerzas armadas en la lucha contra las drogas.
Ese hecho inquietó a los grupos defensores de los derechos humanos, que acusan al ejército colombiano y a los paramilitares de derecha de cometer graves abusos.
La principal organización de derechos humanos estadounidense, Human Rights Watch, sostiene en su Informe Mundial de 1999 que los militares colombianos siguen siendo sospechosos de cometer atrocidades contra la población civil.
Sin embargo, Colombia "muestra poco interés en investigar o castigar a los culpables", agrega.
José Miguel Vivanco, director de Human Rights Watch para América, le escribió a Pastrana el miércoles para denunciar que dos oficiales de la Novena Brigada del Ejército, que estuvieron implicados en el asesinato del senador Manuel Cepeda, en 1994, siguen ocupando su cargos.
"¿Cómo es posible que esos individuos no sólo sigan en actividad, sino que además estén trabajando en (el servicio de) Inteligencia militar?", pregunta Vivanco en su carta. (FIN/IPS/tra-en/fah/mk/ceb/aq/ip/99
