La explotación sexual de niños y niñas es una realidad extendida en toda América Latina y afecta no sólo a los menores de sectores sociales más pobres sino también de las clases medias.
Esa fue una de las conclusiones del seminario "Violencia y explotación sexual contra niños y niñas en América Latina y el Caribe", realizado en marzo en Montevideo, y de informes sobre distintos países de la región.
En el coloquio, ausipiciado por el Instituto Interamericano del Niño (IIN), se estudiaron los resultados de investigaciones realizadas en Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, El Salvador, Jamaica, Nicaragua, República Dominicana y Uruguay.
Esas investigaciones tienen el valor agregado de que por primera vez se efectuaron en América Latina estudios con parámetros similares, que permiten la comparación de las distintas situaciones.
Guillermo Dávalos, consultor boliviano del IIN, relató que en su país, donde casi 50 por ciento de la población es menor de 18 años, 25 mil niños mueren anualmente antes de los cinco años de enfermedades prevenibles.
La mitad de ellos carece de certificado de nacimiento, seis de cada diez son expulsados del sistema escolar antes de los 12 años y más de 100.000 son incorporados prematuramente al mercado laboral, destacó.
Una encuesta efectuada en Bolivia entre niños y niñas de entre 10 y 12 años y adolescentes de entre 16 y 18 mostró que tres de cada diez consultados declaró ser objeto o haber padecido acoso sexual, y uno de cada 100 confesó haber sido violado en el ámbito familiar, escolar o laboral.
Sobre la prostitución infanto-juvenil, Dávalos afirmó que tiene una estructura piramidal, según los niveles económicos de los clientes.
Los ricos pagan servicios a domicilio de niños y niñas de hasta 10 años a una red de explotadores protegidos por el poder local; los de clase media acuden a locales "especiales" y los más pobres se vinculan con los menores en la calle, precisó.
En Brasil, donde la población menor de 19 años representa 40 por ciento del total, la explotación sexual de menores "ocurre en redes de prostitución y tráfico, pornografía y turismo sexual", relató la asistente social María Pinto Leal.
Ello sucede en un marco de violencia, "producto de relaciones sociales desiguales, materializadas contra la persona que se encuentra en desventaja física, emocional o social", subrayó.
El fenómeno tiene características distintas según las regiones del país.
En el Norte, por ejemplo, donde existen actividades extractivas (garimpos), predominan los prostíbulos cerrados, verdaderas cárceles, donde niños, niñas y adolescentes son explotados para una clientela casi bárbara.
El remate de vírgenes, las mutilaciones y desapariciones de menores son moneda corriente en esa área, dijo Pinto Leal.
En los grandes centros urbanos de Brasil, son muchos los y las adolescentes que buscan refugio en la calle de situaciones de violencia familiar o extrema miseria, usando el cuerpo como única mercadería disponible mediante la cual sobrevivir.
En el litoral del océano Atlántico y capitales del nordeste, el turismo sexual y la pornografía son las principales modalidades de explotación sexual de menores, sobre todo de adolescentes mujeres, pobres, negras o mulatas.
Las redes involucran a agencias de turismo locales y extranjeras, hoteles y otros, observó Pinto Leal.
En ciudades portuarias, fronteras y en el norte, comienzan a desarrollarse redes de explotación de menores para atender al turismo interno y al extranjero incipiente. En los puertos los niños y las niñas son destinados principalmente a la "atención" de las tripulaciones de naves cargueras.
La consultora colombiana Sonia Sánchez informó que en su país la Policía Internacional (Interpol) detectó por lo menos 54 redes de tráfico de menores y estimó que unos 35.000 niños, niñas y adolescentes están vinculados a la prostitución.
En ese país se verifica la misma realidad que en los demás con respecto a la procedencia social de los menores prostituidos.
Si bien la mayor parte provienen de las clases más pobres, el fenómeno implica a todos los niveles socioeconómicos.
Osvaldo Torres, por su parte, relató que en Chile no existen estadísticas que permitan cuantificar el fenómeno, pero se estima que unos 10.000 menores de ambos sexos ejercen la prostitución habitual u ocasionalmente.
Torres señaló que la violencia física intrafamiliar -precursora de la violencia sexual contra menores- está presente en 63 por ciento de los hogares chilenos.
De las 1.690 denuncias de violencia sexual contra menores registradas en 1997 en ese país, sólo una décima parte de los victimarios fue condenado.
Una de las demandas sexuales más definidas involucra a clientes de nivel medio bajo y bajo que consumen servicios de sexo oral de niños y niñas en lugares "de paso" como rotondas viales, cercanías de cuarteles militares y puertos.
En 1997, más de 37.000 niños y niñas fueron atendidos en distintas instituciones públicas o privadas de Chile por causales vinculadas a la prostitución.
Respecto a El Salvador, la investigadora Liza Domínguez informó que "los factores que facilitan la explotación sexual de niños y niñas tienen que ver con el abuso sexual infantil, aunado a prácticas culturales patriarcales".
Un informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados efectuado en El Salvador en 1998 denunció que unos 30.000 adultos recurren diariamente a los servicios sexuales de menores pues, según argumentan, "tienen menos experiencia y están menos maltratados".
En Nicaragua, observó Danilo Medrano, mientras los efectos de la posguerra aún se hacen sentir, la prostitución infantil es un fenómeno creciente que no se reduce a las clases más pobres sino que, cada vez más, se extiende entre las de niveles superiores.
El consultor del IIN Emanuel Silvestre señaló, por su lado, que en República Dominicana "policías y funcionarios mal pagados forman parte muchas veces de las organizaciones que se dedican a la explotación sexual infantil".
"Frecuentemente explotan ellos mismos a niños y niñas a cambio de garantizarles la libertad o su territorio de trabajo", puntualizó.
Una de las modalidades más extendidas de la prostitución infantil en ese país es la favorecida por el turismo sexual, generalmente procedente de Estados Unidos.
En el caso de Uruguay, la informante Mariana González destacó la ausencia de datos.
La única encuesta disponible sobre el tema, realizada en 1998, destacó que 83 por ciento de los uruguayos cree que existe prostitución infantil en el país, mientras 11 por ciento afirmó conocer casos concretos.
Sin embargo, una investigación efectuada entre 6.311 niños y niñas institucionalizados reveló que sólo seis fueron identificados con conductas vinculadas a la prostitución.
La Policía de Montevideo, indicó González, informó que las detenciones de menores por prostitución ha disminuido de 110 casos en 1996 a 33 en 1998.
A nivel judicial, de los 251 detenidos en esos años por delitos sexuales contra menores sólo fue procesado el 27 por ciento. (FIN/IPS/dg/dm/pr-hd/99
