La acusación constitucional en Chile contra el ex dictador y actual senador vitalicio Augusto Pinochet, que será puesta a votación este jueves en la Cámara de Diputados, reedita episodios críticos de la transición democrática y profundiza grietas en el oficialismo.
Las mayores rencillas se suscitaron entre el presidente Eduardo Frei, empeñado en detener la acusación, y los diputados de su partido, el Demócrata Cristiano (PDC), que impulsan el juicio político al ex comandante en jefe del Ejército.
La iniciativa debería ser votada favorablemente en la Cámara de Diputados, donde la alianza gobernante tiene mayoría, pero existe la posibilidad de que algunos parlamentarios del PDC cedan a presiones del gobierno y la rechacen.
El ministro de Defensa, Raúl Troncoso, y parlamentarios de la oposición derechista buscan imponer la votación secreta de la acusación, lo cual podría posibilitar una mayoría que absuelva al general retirado de 82 años de edad.
El gobierno respaldó este lunes a Troncoso, luego de que el diputado del PDC Tomás Jocelyn-Holt denunciara el domingo que el ministro, también democristiano, presionaba con "influencias indebidas" a diputados de ese partido.
La sede del Congreso en Valparaíso, 120 kilómetros al oeste de Santiago, está convertida así en el escenario de una prueba de fuerza en el oficialismo que refleja dos lecturas diferentes del proceso de transición iniciado en marzo de 1990.
Es un hecho que la acusación está condenada al fracaso desde el punto de vista de sus resultados, aún cuando fuera aprobada por los diputados, ya que la derecha tiene una cómoda mayoría en el Senado para rechazarla.
Sin embargo, su aprobación por los diputados significaría una cierta sanción política para Pinochet, quien quedaría temporalmente suspendido de su cargo en el Senado a la espera del pronunciamiento definitivo de la cámara alta.
Pinochet, quien encabezó la prolongada dictadura en Chile desde septiembre de 1973 hasta marzo de 1990, mantuvo el mando del Ejército hasta el 10 de marzo último, cuando entregó el cargo al general Ricardo Uzurieta.
Al día siguiente, en una tempestuosa sesión, el ex dictador juró como miembro vitalicio de la cámara alta, junto a 20 senadores elegidos en los comicios de diciembre de 1997 y otros nueve designados.
La acusación fue presentada el 16 de marzo por 11 diputados del PDC y de los partidos Socialista y Por la Democracia que, junto al Radical Socialdemócrata, conforman la gobernante Concertación por la Democracia.
Los cargos contra el ex dictador se fundamentan en actuaciones posteriores al 11 de marzo de 1990 -fecha en que entregó el gobierno a Aylwin- que según los acusados dañaron la imagen internacional del país y amenazaron el estado de derecho.
Las inculpaciones más fuertes aluden a dos episodios de insubordinación del Ejército frente al poder civil: el llamado "ejercicio de enlace", del 20 de diciembre de 1990, y el "boinazo" del 28 de mayo de 1993.
En ambos casos, los militares reaccionaron ante acusaciones de pagos indebidos del Ejército por unos tres millones de dólares a un hijo del ex dictador, Augusto Pinochet Hiriart, vinculados a la liquidación de una empresa de armamentos.
El "boinazo" fue también una velada protesta institucional por la citación pública de oficiales, por parte de jueces civiles que en la época investigaban crímenes contra los derechos humanos cometidos por el régimen militar.
Bajo la dictadura hubo unas 3.000 violaciones graves de derechos humanos entre asesinatos y desapariciones forzadas, y del mismo modo se sostiene que oficiales y altos funcionarios se enriquecieron con la privatización de empresas y otros negocios.
Pero los compromisos que regularon políticamente el proceso de transición tras el plebiscito presidencial de 1988 impiden que el Poder Legislativo fiscalice actos gubernamentales anteriores al 11 de marzo de 1990.
Es por ello que la acusación se fundamenta en hechos posteriores a la dictadura, por lo cual Frei advierte que es "un juicio político a la transición democrática" más que a Pinochet.
La derecha sostiene que si Pinochet es culpable de los cargos que se le atribuyen, correspondería acusar también constitucionalmente a Aylwin y Frei por permitir actos ilícitos por parte del entonces comandante del Ejército.
La defensa de Pinochet, encabezada por la ex senador designada Olga Feliú, argumentó también que los mandos militares no son enjuiciables por el Parlamento, ya que responden de sus actos ante el Consejo de Seguridad Nacional.
Pero Feliú debió retirar ese argumento este martes, luego de que parlamentarios de la propia derecha declararan que era inadmisible y reivindicaran la potestad del Poder Legislativo de acusar a altos funcionarios civiles o militares.
Los diputados oficialistas niegan que la acusación sea extemporánea o que deban enjuiciar también a Aylwin y Frei, apuntando que el Parlamento puede reclamar responsabilidades en la defensa del Estado de derecho, aún cuando no lo haga el Poder Ejecutivo.
En el trasfondo de todas estas argumentaciones hay una razón política fundamental: no es lo mismo acusar constitucionalmente a un comandante en jefe del Ejército en ejercicio que a uno ya retirado, como lo es Pinochet desde el 10 de marzo.
"Pinochet senador vitalicio no tiene el mismo poder que Pinochet comandante del Ejército". La frase no es de un político chileno. La dijo este lunes el trovador cubano Pablo Milanés, quien volvió a Chile tras una ausencia de más de 25 años.
Milanés, quien mantuvo su promesa de no visitar este país mientras el ex dictador detentara posiciones de poder, dará su primer recital en Chile en la noche del jueves, en el Estadio Nacional de Santiago.
A esa misma hora, probablemente, se votará en la Cámara de Diputados la acusación contra el ex dictador, a quien el cantautor cubano calificó de "traidor" en su famosa canción "Yo pisaré las calles nuevamente". (FIN/IPS/ggr/ff/ip-hd/98
