Radios y televisoras comunitarias de América Latina actuarán en conjunto para democratizar el espacio radioeléctrico en la región, condicionado por restricciones que convierten el sector en monopolios u oligopolios nacionales.
Representantes de redes de emisoras de 11 países latinoamericanos y organizaciones regionales vinculadas a la comunicación suscribieron en Venezuela un plan de acción para la liberalización de las ondas hercianas en favor de la población.
El plan integra las conclusiones de un seminario durante esta semana, en que se analizó los problemas que padecen las emisoras no comerciales en la región, por las barreras proteccionistas impulsadas por grupos que controlan la radio comercial.
En la cita participaron directivos de las diez organizaciones que conforman el llamado Grupo Infinito de Redes de Comunicación de América Latina y El Caribe, en el que están entidades como la Asociación Mundial de Redes Comunitarias y la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica.
Estuvieron también presentes delegados de medios comunitarios de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela, así como juristas y comunicadores del área.
Los medios comunitarios de esos países mantienen recursos de inconstitucionalidad, amparos juridicos y otras medidas, ante las trabas que limitan su expansión cuando no su existencia, al amparo del derecho a informar y estar informado.
Las legislaciones nacionales latinoamericanas mantienen un control por los gobiernos del espacio radioeléctrico que discrimina activamente a los medios comunitarios, frente a las emisoras estatales y comerciales, según datos contrastados.
Los participantes en la cita venezolana concluyeron que el surgimiento de emisoras de radio y televisión en manos de nuevos actores sociales está siendo enfrentado "por una campaña que busca eliminarlos del espacio radioeléctrico".
En los diez últimos años se ha producido una explosión de emisoras impulsadas desde los barrios, grupos de campesinos, sindicatos, mujeres, indigenas, jovenes, universitarios o religiosos, que comienzan a ser vistas como "un peligro" por quienes han controlado la audiencia hasta ahora.
El plan de acción tiene como su medida básica el utilizar todos los canales jurídicos, políticos e institucionales para asegurar lo que definen como "legalidad democrática", tanto a nivel nacional como internacional.
Antes de volver a sus respectivos países, los delegados en la reunión entregaron sus resoluciones a representantes de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), la Organización de Estados Americanos (OEA) y el Parlamento Latinoamericano.
El seminario concluyó que la radiodifusión forma parte del ejercicio de un derecho humano básico de expresión y comunicación a través de un soporte tecnológico y que el espectro radioeléctrico es un recurso natural limitado y un patrimonio común de la humanidad.
También se instó a regulaciones que aseguren el acceso y la participación transparente y sin discriminaciones para todos los sectores que conviven en la radio y televisión, y donde no se afecte a quienes no buscan el lucro o el proselitismo, sino contribuir al desarrollo y la calidad de vida de la población.
Para lograr esos fines, alertaron los participantes, están dispuestos a promover denuncias conjuntas ante órganos internacionalse como la Comisión de Derechos Humanos de la OEA y de las Naciones Unidas. (FIN/IPS/eg/ag/cr-ct/96
