El descubrimiento de 174 kilos de cocaína en el fuselaje de un avión de la Fuerza Aérea Peruana (FAP) que debía viajar a Rusia podría desembocar en revelaciones espectaculares sobre tráfico de drogas realizado por jefes de las Fuerzas Armadas.
La rivalidad entre los servicios de inteligencia de las distintas ramas militares y el efecto de una reciente ley que permite reducir la pena de los acusados de narcotráfico que proporcionen información permite esperar una serie de infidencias recíprocas y trascendidos inesperados.
Un avión DC-8 que hasta hace unos meses estaba al servicio de la presidencia, entre cuyos tripulantes figura un edecán del presidente Alberto Fujimori, fue intervenido el viernes 10 antes de volar a Moscú en un viaje programado para traer repuestos para los aparatos Zukhoi de la FAP.
El domingo pasado, Fujimori reaccionó con irritación en una entrevista concedida a la televisión local y afirmó que habia ordenado investigar a fondo "aunque caigan generales".
Según el analista Javier Zavaleta, el Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), rama controlada por inteligencia del Ejército, actuó con extrema celeridad y presionó al alto mando de la Fuerza Aérea para que revelara los nombres de los oficiales previstos para volar en el DC-8 intervenido.
Los ocho tripulantes, entre ellos tres coroneles, un comandante y un capitán, e inclusive los soldados y mecánicos que custodiaron o aprestaron el avión, fueron puestos este jueves a disposición de la justicia para que se investigue su responsabilidad en el caso.
"Hasta ahora, los casos de narcotráfico de militares de alto rango correspondían al ejercito, y la FAP aparecía limpia, aunque se sospechaba que algunos de sus oficiales cobraban por saber y callar sobre los vuelos clandestinos de las avionetas de las bandas internacionales", comenta Zavaleta.
"Es probable que el gobierno de Estados Unidos aproveche la coyuntura para reclamar que se condene a otros altos jefes militares y policiales comprometidos en acciones de protección e inclusive de transporte del narcotráfico", añadió.
"Hasta ahora, sólo han sido condenados los oficiales de menor graduación, suboficiales, agentes de policía y soldados, pero los generales denunciados por los propios narcotraficantes o por algunos de sus subalternos sólo fueron citados en calidad de testigos o sus juicios se dilatan sin razón", concluyó.
Hasta diciembre de 1995, 240 oficiales de policía y 40 del Ejército habían sido procesados por delitos relacionados con el narcotráfico. Otros tres generales del Ejército han sido considerados sólo testigos a pesar de que fueron mencionados por los narcotraficantes Demetrio Chávez y Abelardo Cachique.
Según una fuente del Servicio Nacional de Inteligencia que pidió reserva de su identidad, en el embarque de 174 kilos de cocaina descubierto el día 11 podría estar comprometido un general de la FAP.
La fiscal María Castillo, con la colaboración de la Dinandro, cuerpo policial especializado en la lucha contra el narcotráfico, están tratando de establecer el origen de la droga, su destino y la composición de la banda internacional que debía comercializarla.
La Dinandro estimó que la droga incautada pertenecía a Rutzbel Panduro, un narcotraficante descrito como de "bajo perfil", probablemente un nuevo acopiador de la selva peruana que trata de aprovechar el vacío provocado por la captura de otros narcotraficantes para convertirse en nuevo "capo".
Según expertos, la crisis de los cárteles colombianos de Medellín y Cali y de sus colaboradores proveedores en Perú y Bolivia está abriendo campo al surgimiento de nuevas redes, que buscan rutas alternativas. Ese podría ser el caso del DC-8.
Iván de Rementería, experto de la Comisión Andina de Juristas, señaló que los 174 kilos de cocaína valen cerca de 50.000 dólares en la selva peruana y de 250.000 puestos en manos de las bandas que la comercializan en Estados Unidos.
"La captura de esa banda incrustrada en la FAP tiene importancia política, porque afecta a una institución militar, pero no es significativa por su volumen, pues las bandas colombianas reciben cargas de unas dos toneladas de cocaína en cada vuelo clandestino de sus avionetas", indicó Rementería.
El avión de la FAP tenía escalas previstas en las islas Canarias y en la ciudad francesa de Burdeos. Rementería estima que la droga iba a ser entergada en la islas españolas, porque ese país "es la puerta favorita a Europa del narcotráfico sudmaericano"
"Probablemente hubo una delación de algún otro narcotraficante, ya que hasta ahora todos los casos importantes de captura se han producido de esa manera, un procedimiento utilizado para eliminar a los competidores", expresó finalmente Rementeria. (FIN/IPS/al/dg/ip/96)
