El juicio que puede desalojar a Michel Temer de la presidencia de Brasil, por delitos electorales, contrapone aliados y une enemigos en un proceso donde la justicia puede resultar la única condenada.
Decenas, o probablemente centenares, de legisladores y figuras en altos cargos del poder ejecutivo de Brasil saben que ya empezó a caer la guillotina sobre sus carreras políticas, pero siguen ejerciendo el poder como misión y posibilidad de salvación.
La misma justicia que existe para asegurar derechos se puede convertir en instrumento para violarlos y obstruir la libertad de expresión, comprueban recientes oleadas de acciones judiciales contra periodistas y medios en Brasil.
Con una multitudinaria marcha, bajo la consigna “Ni Una Menos”, la sociedad peruana se pronunció contra la violencia hacia las mujeres, en lo que representa una toma de conciencia colectiva en el tercer país en agresiones sexuales del mundo.
El máximo tribunal de Brasil asumió el riesgo de descalificarse como árbitro al emitir fallos controvertidos, justamente cuando las tensiones políticas tienden a extremarse, exigiendo un “poder moderador” con legitimidad.
Brasil sufre sobresaltos casi diarios, hace varios meses, que mantienen al país en tensión permanente, impotente ante el agravamiento de la crisis económica y los descaminos de la política nacional.
La corrupción política e institucional, lo indican las encuestas, se ha convertido en la principal preocupación de los españoles, después del desempleo y los dramáticos efectos sociales de la crisis económica.
El biólogo Juan Sánchez conduce su vehículo todo terreno por un camino de tierra en el sudeste de Costa Rica, delante de otro similar. Funcionarios y técnicos van a inspeccionar una finca donde el propietario arrasó un manglar.
La extradición a Estados Unidos del primer presunto traficante de drogas desde Honduras, abre en este país una nueva etapa en la lucha contra la narcoactividad y el crimen organizado, coinciden analistas consultados por IPS.
El parlamento de Taiwán dio un pequeño pero importante paso para frenar la rampante vigilancia del gobierno sobre políticos y ciudadanos, mediante las reformas de la Ley de Seguridad y Vigilancia de las Comunicaciones y del Código Penal.
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