GARISSA, Kenia – En 2006, Amina Saida tenía solo dos años cuando sus padres se mudaron al campamento de refugiados de Dadaab, en el noreste de Kenia, cerca de la frontera con Somalia.
El complejo de refugiados de Dadaab, considerado el mayor del mundo, se estableció en 1991, cuando los refugiados que huían de la guerra civil en Somalia comenzaron a cruzar la frontera hacia Kenia.
Con el paso de los años, miles de somalíes kenianos ingresaron al campamento con el único objetivo de acceder a la ayuda alimentaria, la atención médica y la educación gratuita que se brindaba a los refugiados, mientras que otros vieron una vía más fácil para obtener asilo y viajar a Estados Unidos y otros países europeos.
Al igual que Amina, miles de somalíes kenianos fueron llevados al campamento de refugiados siendo niños sin su consentimiento, y hoy se encuentran atrapados en una dolorosa paradoja: están registrados oficialmente como refugiados en las bases de datos del gobierno keniano, pero se les niega el reconocimiento como ciudadanos de Kenia.
“Me dijeron que mis huellas dactilares figuraban en la base de datos de refugiados cuando solicité mi documento nacional de identidad en 2022. El registrador de personas me informó que no podían otorgarme un documento de identidad porque era de Somalia”, dijo Amina.
Amina le contó a IPS que, a pesar de haber presentado los documentos de identidad kenianos de sus padres al registrador de personas, aún no ha recibido el documento esencial.
“Sigo esperando y manteniendo la esperanza”, dijo.
Sin un documento nacional de identidad o pasaporte, no se puede acceder a servicios básicos como abrir cuentas bancarias, obtener un local comercial, recibir atención médica, cursar estudios superiores o conseguir un empleo formal.
Según Haki na Sheria, una organización de derechos humanos con sede en Garissa, la capital del condado homónimo, en el noreste de Kenia, más de 40000 kenianos podrían haber sido registrados como refugiados en Dadaab, situado en las cercanías de la ciudad.
La crisis del doble registro para los somalíes de Kenia se hizo más evidente cuando, en marzo de 2025, Kenia implementó el Plan Shirika, un ambicioso progrma destinado a integrar a los refugiados en las comunidades de acogida.
Los problemas con el doble registro comenzaron en 2007, cuando la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) implementó el sistema biométrico.
Acnur introdujo el registro biométrico para gestionar mejor a los cientos de miles de refugiados que vivían en los campamentos y para abordar los casos de fraude que surgían durante la distribución de alimentos. Se registraron las huellas dactilares de todos los refugiados, tanto los ya existentes como los nuevos.
En 2007, cuando Kenia puso en vigor la Ley de Refugiados de 2006, el Departamento de Asuntos de Refugiados (DRA) asumió la gestión de los refugiados, que antes estaba a cargo de Acnur, y tomó el control de la base de datos de refugiados en 2016.
Atrapado en un limbo legal
Hamdi Mohamed fue uno de los que se trasladaron al campo de refugiados para proteger a sus siete hijos del hambre.
“En 2005, perdí todo mi ganado debido a una sequía prolongada. Había mucha hambre, así que trasladé a mi familia a Dadaab y los registré como refugiados”, dijo Mohamed.
“Durante 20 años viví en el campamento de refugiados de Dadaab con mis hijos. Ahora que son mayores de edad, su futuro parece sombrío. Anhelan una vida fuera del campamento, pero solo pueden seguir soñando con ella”, se condolió.
Mohamed afirmó que sus hijos no son considerados ni ciudadanos ni refugiados.
“No tenemos familiares en Somalia, de donde el gobierno de Kenia alega que procedemos”, dijo.
Sin documentos de identidad, los siete hijos de Mohamed se ven obligados a vivir una vida llena de restricciones. No pueden desplazarse libremente, registrar una tarjeta SIM (modulo de identificador del suscriptor en los móviles), abrir una cuenta bancaria, entrar en muchas oficinas gubernamentales y corporativas, ni conseguir un empleo formal.
“Temo que un día el gobierno despierte y nos declare inmigrantes indocumentados y nos deporte a Somalia, un país que jamás hemos pisado”, dijo Mohamed a IPS.
Para Adan Gure, registrarse como refugiado era su única esperanza de reunirse con su esposa en el extranjero.
Se mudó al campo de refugiados en 2005, cinco años después de que su esposa y sus dos hijos se registraran como refugiados. En 2007, su esposa e hijos obtuvieron asilo en Canadá.
“Nunca imaginé que terminaría así. Lo único que deseaba era reunirme con mi familia en Canadá”, declaró Gure a IPS.
Y añadió: “Mis padres son kenianos, pero ahora vivo como apátrida en mi país porque Kenia no me reconoce como ciudadano y no puedo ir a Somalia, donde no conozco a nadie”.
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), adoptados por la comunidad internacional en las Naciones Unidas, prevén un mundo donde todas las personas tengan acceso a educación de calidad, atención médica y oportunidades económicas.
“Lograr estas ambiciones globales requiere un esfuerzo colectivo que incluya la plena integración de los refugiados, una de las poblaciones más vulnerables y a la vez más resilientes”, según la Comisión Católica Internacional de Migración.
Son estos derechos los que defienden quienes se encuentran atrapados en este callejón sin salida del doble registro.
La lucha por el derecho a la ciudadanía
En 2021, tres kenianos, Hamdi Muhumed, Sahal Amin y Deka Gure, todos ellos registrados como refugiados, demandaron al gobierno, acusándolo de incumplir su deber de garantizar a los ciudadanos el acceso a los derechos socioeconómicos y su disfrute.
Los demandantes también argumentaron que la inclusión de los nombres de sus hijos en la base de datos de refugiados, sin verificar si eran extranjeros o no, era errónea.
Solicitaron al tribunal que ordenara al gobierno keniano eliminar sus nombres de la base de datos de refugiados y expedirles documentos de identidad kenianos.
En enero de 2025, el Tribunal Superior de Kenia en el condado de Garissa ordenó al gobierno keniano que eliminara a los ciudadanos kenianos previamente investigados de la base de datos de refugiados y les expidiera documentos de identidad nacionales en un plazo de 60 días.
El tribunal dictaminó que no dar de baja a estas personas violaba sus derechos constitucionales a la ciudadanía y la identidad.
En su sentencia, el juez del Tribunal Superior de Kenia, John Onyiego, afirmó que la ciudadanía es un derecho inalienable que no puede ser revocado por errores administrativos.
La solución del gobierno
La Comisionada de Asuntos de Refugiados de Kenia, Mercy Mwasaru, declaró a IPS que el gobierno detectó el problema del doble registro en 2016, cuando asumió la gestión de los asuntos de refugiados, que antes estaba a cargo de Acnur.
“Desde 2019, el gobierno de Kenia, a través de los departamentos de servicios para refugiados, la oficina nacional de registro y el servicio nacional de inteligencia, y en colaboración con Acnur, ha estado llevando a cabo un proceso de verificación de los kenianos cuyos datos figuran en la base de datos de refugiados”, afirmó Mwasaru.
Sin embargo, desde que comenzó el proceso de verificación, personas como Adan, que superaron el riguroso procedimiento, siguen esperando a que se les exima de su condición de refugiado y se les expida un documento nacional de identidad.
Según Mwasaru, el proceso lleva mucho tiempo porque se requiere la participación del personal de seguridad e inteligencia del gobierno keniano para prevenir el fraude.
Desde 2019, Mwasaru afirma que han eliminado al menos a 14 000 kenianos de la base de datos de refugiados, y el departamento está trabajando actualmente para eliminar a los 26 000 ciudadanos restantes, un proceso que, según ella, podría llevar tiempo.
“El proceso lleva tiempo debido al trabajo que implica y a la participación de diferentes agencias. Pero nos aseguraremos de que cualquier ciudadano keniano que se haya registrado como refugiado sea eliminado del registro de refugiados”, declaró Mwasaru a IPS.
Gure afirma que fue uno de los 14 000 kenianos que se sometieron al proceso de verificación de antecedentes y cuyos nombres fueron eliminados de la base de datos de refugiados, pero desde entonces no han recibido sus documentos nacionales de identidad.
“Nos sometieron a la verificación en 2020 y nos dijeron que los documentos estarían listos en tres meses, pero eso nunca sucedió”, declaró Gure.
Espera que, con el fallo judicial, el gobierno acelere el proceso.
“No nos rendimos. Nuestra ciudadanía es un derecho que no nos pueden arrebatar”, afirmó Gure.
