GINEBRA – El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, instó el martes 31 a Israel a derogar la ley aprobada la víspera por su parlamento, la cual restablece la pena de muerte en términos aplicables casi exclusivamente a los palestinos.
La nueva ley “es manifiestamente incompatible con las obligaciones de Israel en virtud del derecho internacional, incluso en lo que respecta al derecho a la vida. Suscita serias preocupaciones sobre violaciones del debido proceso, es profundamente discriminatoria y debe ser derogada de inmediato”, dijo Türk.
La Knesset, el parlamento israelí, aprobó un proyecto de ley que impone la pena de muerte a los palestinos condenados por actos terroristas mortales “con la intención de negar la existencia del Estado de Israel”.
Al hacerlo, se establece una distinción que designa la nueva ley casi exclusivamente para el terrorismo palestino, mientras que la carga de la prueba ideológica que impone hará prácticamente imposible su aplicación al terrorismo nacionalista judío.
La ley ahora es aplicable en cualquier territorio que Israel controle de facto, como ocurre con Cisjordania, donde viven cerca de tres millones de palestinos, y la Franja de Gaza, de dos millones de personas y de cuyo territorio 53 % está ocupado por fuerzas israelíes.
Por el proyecto, respaldado por el primer ministro Benjamín Netanyahu, sufragaron 62 legisladores, 48 lo hicieron en contra y uno se abstuvo. Medios audiovisuales mostraron al ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, brindar con champán junto a varios diputados por la aprobación de la ley la noche del lunes 30.
Entre otras disposiciones problemáticas, la ley establece la ejecución por ahorcamiento como pena por defecto para los palestinos condenados en la Cisjordania ocupada por ataques letales contra israelíes.
Asimismo, dispone que las sentencias de muerte, una vez impuestas, deben ejecutarse en un plazo de 90 días, lo cual constituye una violación del derecho internacional humanitario. La ley tampoco contempla la posibilidad de indulto, tal como lo exige el derecho internacional de los derechos humanos.
En su declaración en esta ciudad suiza, Türk dijo que “resulta profundamente decepcionante que este proyecto de ley haya sido aprobado por la Knesset”, pues “la pena de muerte es profundamente incompatible con la dignidad humana y conlleva el riesgo inaceptable de ejecutar a personas inocentes”.
“Su aplicación discriminatoria constituiría una violación adicional, particularmente grave, del derecho internacional. Y su aplicación a los residentes del territorio palestino ocupado constituiría un crimen de guerra”, añadió el alto comisionado.
Türk también expresó su alarma ante la propuesta de otro proyecto de ley que se debate actualmente en la Knesset para establecer un tribunal especial (militar) dedicado a juzgar los crímenes cometidos durante y después de los atroces ataques del 7 de octubre de 2023, perpetrados por grupos armados palestinos.
Dicho tribunal especial no tendría jurisdicción sobre los crímenes cometidos por las fuerzas israelíes en el territorio palestino ocupado.
En octubre de 2023 la milicia islamista Hamas, atacó el sur israelí, murieron más de 1100 personas, y 250 fueron tomadas como rehenes. Durante dos años Israel atacó duramente a Gaza, con saldo de unas 72 000 muertes, más de 171 000 heridos y la destrucción de la mayor parte de lo construido en la Franja.
“Insto a la Knesset a que rechace este proyecto de ley. Al centrarse exclusivamente en los crímenes cometidos por palestinos, institucionalizaría una justicia discriminatoria y parcial”, declaró Türk.
Consideró que “los juicios por los crímenes relacionados con el 7 de octubre son de suma importancia, pero no deben basarse en la discriminación. Todas las víctimas tienen derecho a la misma protección de la ley, y todos los perpetradores deben rendir cuentas sin discriminación”.
En su criterio, estas medidas legislativas afianzarán aún más la violación por parte de Israel de la prohibición de la segregación racial y el apartheid (la segregación), al atacar de manera discriminatoria a los palestinos, quienes a menudo son condenados tras juicios injustos.
Conforme al derecho internacional de los derechos humanos, los juicios contra civiles ante tribunales militares están prohibidos, salvo en circunstancias estrictamente excepcionales en las que el Estado pueda demostrar que dichos tribunales son necesarios y están justificados por razones graves e imperiosas.
En Europa hubo otras reacciones inmediatas de crítica a la nueva legislación israelí, y el portavoz para política exterior de la Comisión Europea, Anouar el Anouani, la consideró “un claro paso atrás, tanto por la introducción de la pena de muerte como por la naturaleza discriminatoria de la ley”.
Al Anouani recordó que Israel fue ejemplo durante décadas en relación con la pena de muerte, la cual aplicó en un solo caso de espionaje en 1948, y en 1962 contra el nazi Adolf Eichmann, tras su secuestro por la policía secreta en Buenos Aires.
El gobierno alemán expresó su “gran preocupación”, no solo porque rechaza la pena de muerte sino “porque se aplique exclusivamente a los palestinos en los territorios palestinos”, según dijo el portavoz Stefan Kornelius.
Y el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, escribió en sus redes sociales que Madrid “condena la pena de muerte contra palestinos que acaba de aprobar el parlamento de Israel”, pues “se trata de una medida asimétrica que no se aplicaría a los israelíes que cometieran los mismos delitos”.
“Mismo crimen, distinta pena. Eso no es justicia. Es un paso más hacia el apartheid”, afirmó Sánchez.
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