LONDRES – Una vez más, los precios mundiales del petróleo se están disparando, impulsados por la
guerra de Israel y Estados Unidos contra Irán. Con Teherán tomando la represalia de atacar infraestructuras y nudos del transporte y bloquear el estrecho de Ormuz.
Por ese estrrecho pasa una quinta parte del petróleo mundial, con lo que el suministro de petróleo de la región se está viendo estrangulado, lo que empuja al alza los precios.
El coste del barril de crudo brent —el referente internacional para los precios del petróleo— se situaba en 73 dólares antes del conflicto el 28 de febrero, pero desde entonces ha superado los 100 dólares y podría seguir subiendo a medida que la guerra continúe.
Las repercusiones ya se están dejando sentir cuando los conductores repostan sus vehículos de gasolina y diésel. Pero su alcance es mucho mayor. Probablemente se traduzca en facturas de energía más elevadas para los hogares, mientras que las empresas repercutirán sus mayores costes en forma de precios más altos.
La invasión a gran escala de Rusia de Ucrania en febrero de 2022 disparó los precios del petróleo y desencadenó una crisis mundial del coste de la vida, y ahora, cuando muchas economías parecían estar recuperándose, la guerra en el Golfo ha supuesto otra sacudida.
Las repercusiones podrían ser tanto políticas como financieras: en numerosos países, la crisis del coste de la vida contribuyó a empujar a los votantes hacia políticos populistas de derecha y nacionalistas. En los últimos años han estallado protestas encabezadas por la generación Z en países de todo el mundo, alimentadas en parte por la ira de los jóvenes ante el deterioro de las economías.
En un mundo cada vez más caracterizado por el conflicto y en el que los Estados poderosos hacen caso omiso de las normas internacionales en pos de sus intereses materiales, parecen inevitables más crisis petroleras y grandes repercusiones económicas y políticas.
Los gobiernos suelen reaccionar con políticas económicas que no protegen a los más desfavorecidos y respondiendo al malestar político con represión.
Deberían plantearse otra vía.
El mundo seguirá siendo vulnerable a las crisis de los precios del petróleo solo mientras siga dependiendo de este. La crisis climática exige un rápido alejamiento de la dependencia de los combustibles fósiles para mitigar los peores efectos del calentamiento global. Cada vez más, esto también debería considerarse una cuestión de seguridad económica y política.
Se han dado algunos pasos en la dirección correcta. Las energías renovables proporcionan ahora más del 30 % de la electricidad mundial. Las inversiones en energías renovables superan en más del doble a las realizadas en combustibles fósiles. Pero las empresas de combustibles fósiles tienen un poder inmenso y están decididas a no renunciar a él.
Esto quedó reflejado en el hecho de que 1.600 lobistas de los combustibles fósiles asistieran a la última cumbre mundial sobre el clima, la 30 Conferencia de las Partes (COP30), celebrada en Brasil en octubre, y lograran impedir cualquier nuevo compromiso para poner fin a la extracción de combustibles fósiles.
Su poder quedó también patente en la demanda que una empresa petrolera interpuso contra Greenpeace, lo que dio lugar a un juicio muy criticado en el estado estadounidense de Dakota del Norte, en el que la organización ambientalista se enfrentaba a una condena de 345 millones de dólares por daños y perjuicios.
Su influencia se había reafirmado ya la victoria electoral de Donald Trump en noviembre de 2024, tras una campaña en la que las empresas de combustibles fósiles aportaron 450 millones de dólares en donaciones a Trump y a sus aliados, y fueron recompensadas con la intervención estadounidense en Venezuela, el 3 de enero.
Las empresas de combustibles fósiles están decididas a frenar la ola de las energías renovables durante el mayor tiempo posible, porque cada día de retraso es otro día de beneficios, aunque cada fracción de grado de aumento de la temperatura suponga un sufrimiento evitable para millones de personas. El retraso es la nueva negación del cambio climático.
Como señala el último Informe sobre el Estado de la Sociedad Civil, sus organizaciones están trabajando para marcar la diferencia, instando a los gobiernos a acelerar la transición y pidiendo a los Estados del Norte global que pongan a disposición de los Estados del Sur global fondos para descarbonizarse y adaptarse a los impactos climáticos.
La sociedad civil está sacando a la luz la devastación medioambiental causada por la extracción y la
complicidad de las empresas de combustibles fósiles en los abusos contra los derechos humanos. Sus estrategias incluyen la defensa de causas, campañas públicas, protestas, acciones directas y, cada vez más, litigios.
En 2025, los juicios climáticos lograron grandes éxitos.
La Corte Internacional de Justicia (CIJ) emitió un dictamen consultivo sin precedentes en el que dictaminó que los Estados tienen la obligación legal de prevenir el daño ambiental, lo que les exige mitigar las emisiones y adaptarse al cambio climático.
Esta victoria tuvo su origen en la sociedad civil: en 2019, grupos de estudiantes de ocho
países formaron la red Pacific Islands Students Fighting Climate Change para persuadir a sus gobiernos de que solicitaran un dictamen de la CIJ.
Tras una amplia participación de la sociedad civil, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió un fallo similar. Mientras, la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos tiene previsto emitir su opinión consultiva a raíz de una petición presentada por la Plataforma Africana por el Clima, una coalición de la sociedad civil.
Estas sentencias pueden parecer simbólicas, pero refuerzan los esfuerzos a nivel nacional para exigir responsabilidades a los Estados y las empresas.
Estos también han dado sus frutos recientemente. En 2025, dos grupos sudafricanos detuvieron un proyecto petrolero en alta mar después de que un tribunal determinara que sus evaluaciones ambientales eran profundamente deficientes.
Se avecinan más litigios, incluso en Nueva Zelanda, donde la sociedad civil ha presentado una demanda después de que el gobierno debilitara su plan de reducción de emisiones.
Pero la sociedad civil se enfrenta a una reacción violenta.
En todo el mundo, los activistas climáticos y medioambientales y sus aliados, los indígenas y los
defensores de los derechos sobre la tierra, sufren una severa represión por parte del Estado y las empresas.
El año pasado en Uganda, las autoridades detuvieron a 11 activistas por protestar contra la construcción del oleoducto de crudo de África oriental.
En Perú, la policía utilizó gases lacrimógenos y armas no letales contra personas que bloqueaban una
carretera para protestar contra una mina. Mientras, en Camboya, cinco jóvenes activistas del grupo ecologista Mother Nature llevan en prisión desde julio de 2024.
El Gobierno francés ha vilipendiado repetidamente a los defensores del medioambiente y ha desplegado violencia policial contra las protestas, mientras que el año pasado el gobierno alemán inició una investigación sobre la financiación pública de los grupos ecologistas y el parlamento neerlandés aprobó una moción condenando a la organización Extinction Rebellion e instando a que se le retirara su exención fiscal.
A medida que las últimas sacudidas del precio del petróleo repercuten en la economía mundial, los gobiernos deberían aprender la lección.
Mientras las economías se vayan deteriorando por la nueva crisis, la tentación será decir que la transición energética es un lujo, algo que puede posponerse aún más.
Se trata de una lección errónea: investigaciones recientes en el Reino Unido sugieren que el coste de alcanzar el cero neto será aproximadamente el mismo que el coste de otra crisis del precio del petróleo.
La seguridad económica y política reside en acabar con la dependencia de los combustibles fósiles lo antes posible. Para aprender las lecciones correctas, los gobiernos deberían dejar de reprimir el activismo climático y, en su lugar, escuchar y colaborar con la sociedad civil.
Andrew Firmin es redactor jefe de Civicus, codirector y redactor de Civicus Lens y coautor del Informe sobre el Estado de la Sociedad Civil de la organización.
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