WASHINGTON – Un informe del Banco Mundial publicado este martes 24 revela que las leyes diseñadas para garantizar la igualdad de oportunidades económicas para la mujer se implementan solo a medias en todo el mundo, y apenas cuatro de cada 100 mujeres viven en economías con una igualdad jurídica casi plena.
Indermit Gill, economista en jefe del banco, dijo que “en el papel, la mayoría de los países muestran un panorama razonablemente positivo: el país promedio obtiene una puntuación de 67 sobre 100 en cuanto a la idoneidad de las leyes que posibilitan la igualdad económica entre mujeres y hombres”.
“Pero en lo que respecta al cumplimiento de las leyes, el puntaje promedio cae a 53. Y cuando se evalúan los sistemas necesarios para ejercer esos derechos, la calificación es de solo 47”, agregó el también vicepresidente sénior de Economía del Desarrollo en el Grupo Banco Mundial.
Para Gill “estas cifras reflejan enormes brechas de oportunidad”, y expuso que “las observaciones incluidas en este documento proporcionan a los responsables de la formulación de políticas información útil para revertir la disminución del potencial de crecimiento de las economías en desarrollo”.
El informe “La mujer, la empresa y el derecho” indica que, incluso si las leyes vigentes se aplicaran plenamente, las mujeres solo tendrían aproximadamente dos tercios de los derechos legales otorgados a los hombres.
Solo cuatro por ciento de las mujeres, a nivel mundial, vive en economías que ofrecen una igualdad jurídica “casi plena”, subraya el documento.
Entre los datos que ofrece está el de que menos de la mitad de las 190 economías analizadas tienen legislación que ofrece apoyo financiero o fiscal a las familias para el cuidado infantil.
Según Norman Loayza, director del Grupo de Indicadores de Políticas del Banco Mundial, sólo un tercio de las leyes necesarias para garantizar una protección adecuada están en vigor a nivel mundial; e incluso en esos casos, la aplicación falla en 80 % de las situaciones evaluadas.
“La verdadera igualdad comienza con la seguridad. Ya sea en el hogar, en el trabajo o en el espacio público, las mujeres merecen protección para prosperar”, dijo Loayza.
El documento identifica la seguridad frente a la violencia como una de las principales carencias. La falta de seguridad limita la capacidad de las mujeres de mantener un empleo regular y de participar plenamente en la actividad económica.
El emprendimiento es otro campo con baja puntuación. Si bien en casi todas las economías las mujeres pueden emprender negocios en las mismas condiciones legales que los hombres, solo la mitad de los países promueven la igualdad de acceso al crédito, lo que restringe la financiación para las emprendedoras.
Se señala el acceso a los servicios de cuidado infantil como un factor determinante para la participación laboral, especialmente entre las madres.
Menos de la mitad de las 190 economías analizadas tienen legislación que ofrezca apoyo financiero o fiscal a las familias para el cuidado infantil.
Entre los países que cuentan con dichas leyes, sólo se implementa 30 % de las políticas necesarias para garantizar servicios accesibles y de calidad.
En las economías de bajos ingresos, están establecidos sólo uno por ciento de los mecanismos de apoyo al cuidado infantil.
A pesar de las limitaciones identificadas, el informe destaca avances recientes. En los últimos dos años, 68 economías han adoptado 113 reformas legales positivas relacionadas con la vida económica de las mujeres, con los mayores avances en las áreas de emprendimiento y protección contra la violencia.
Siete países han ampliado la licencia de paternidad para promover una redistribución de las responsabilidades de cuidado.
África subsahariana lideró el número de reformas, con 33 medidas implementadas durante el período. Madagascar y Somalia eliminaron prohibiciones que impedían a las mujeres trabajar en sectores como construcción, manufactura y agricultura.
Egipto, Jordania y Omán también registraron avances. Egipto fue identificado como el país con mayor avance en el período analizado, aumentando su índice de igualdad jurídica en casi 10 puntos.
Se consideraron reformas que ampliaron la licencia parental remunerada para las madres, introdujeron licencia remunerada para los padres, establecieron la igualdad salarial, y permitieron solicitudes de acuerdos de trabajo flexibles.
La economista Tea Trumbic, autora principal del informe, observó que “en los próximos 10 años, 1200 millones de jóvenes (la mitad de ellos, mujeres) estarán listos para formar parte de la población activa”.
“Muchos alcanzarán la mayoría de edad en regiones donde las mujeres enfrentan los obstáculos más importantes y donde es más necesario el impulso al producto interno bruto que resultaría de su participación”, dijo Trumbic.
Por ello “garantizar la igualdad de oportunidades para las mujeres aquí y en todas partes beneficia a las sociedades en su conjunto, no solo a las mujeres. Es, en síntesis, un elemento económico imprescindible, no solo deseable”, añadió.
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