NACIONES UNIDAS – El 27 de enero, Estados Unidos se retiró oficialmente del Acuerdo de París, un tratado internacional adoptado en 2015 con el objetivo de reducir el calentamiento global y fortalecer la resiliencia de los países ante los impactos climáticos.
Tras un año de retrocesos normativos y esfuerzos sostenidos por parte de la administración de Donald Trump para desmantelar la política climática federal, se espera que esta medida provoque un amplio efecto dominó que socavará los esfuerzos internacionales para frenar el cambio climático, acelererá la degradación medioambiental y la pérdida de biodiversidad, y aumentará los riesgos para la salud humana, la seguridad y el desarrollo a largo plazo.
Desde su adopción, el Acuerdo de París ha sido fundamental para las iniciativas de acción climática a nivel mundial, movilizando a los países para que reduzcan las emisiones de gases de efecto invernadero, amplíen las energías renovables, refuercen la adaptación al clima y protejan a las comunidades vulnerables.
El acuerdo exige a los Estados miembros que actualicen periódicamente sus objetivos de reducción de emisiones y presenten planes para alcanzarlos, lo que constituye un marco fundamental para mantener el progreso colectivo y la comunicación transparente entre las naciones.
Amnistía Internacional advierte de que estas medidas del gobierno de Trump corren el riesgo de retirar la financiación a «instituciones y programas multilaterales y bilaterales clave en materia de clima», un cambio que tendría repercusiones significativas no solo para Estados Unidos, sino para la comunidad internacional en general.
La organización advierte de que se espera que la financiación estadounidense a las agencias de las Naciones Unidas cese de forma inminente, lo que detendría el apoyo vital para las comunidades sensibles al clima y perturbaría los esfuerzos críticos de seguimiento y mitigación del clima.
En concreto, se prevé que la retirada de Estados Unidos socave los esfuerzos mundiales para hacer frente a los desplazamientos provocados por el clima, la recuperación tras los desastres y la reconstrucción de infraestructuras. Se prevé que las comunidades de los países en desarrollo sean las que soporten la mayor carga, ya que la reducción de la ayuda las dejará más vulnerables a las crecientes pérdidas provocadas por el clima.
Antes de la retirada, la ONU ya se enfrentaba a una grave crisis de financiación, agravada por la negativa de Estados Unidos a pagar sus contribuciones al presupuesto ordinario y sus fuertes recortes en la ayuda exterior.
Estados Unidos también se ha retirado de la junta del Fondo de las Naciones Unidas para Responder a las Pérdidas y Daños, un mecanismo crucial que apoya a las comunidades vulnerables que se enfrentan a desastres provocados por el clima.
Los 17,5 millones de dólares que había prometido anteriormente siguen siendo inciertos, lo que suscita nuevas preocupaciones sobre la capacidad del fondo para funcionar eficazmente.
Con esta medida, Estados Unidos se convierte en la única nación que ha abandonado el acuerdo en la historia, uniéndose a Irán, Libia y Yemen como los pocos Estados que no son parte en él. D
ado que Estados Unidos es un actor global neurálgico en las negociaciones sobre el cambio climático, la retirada corre el riesgo de reducir la presión diplomática sobre otras naciones ricas para que aumenten sus contribuciones.
«La retirada de Estados Unidos del Acuerdo de París sienta un precedente inquietante que busca instigar una carrera hacia el abismo y, junto con su retirada de otros importantes pactos mundiales sobre el clima, tiene como objetivo desmantelar el sistema mundial de cooperación en materia de acción climática», afirmó Marta Schaaf, directora del Programa de Clima, Justicia Social y Responsabilidad Corporativa de Amnistía Internacional.
Y añadió: «Estados Unidos es uno de los varios actores poderosos que se oponen a la lucha contra el cambio climático, pero, como superpotencia influyente, esta decisión, junto con los actos de coacción e intimidación a otros países y actores poderosos para que redoblen su apuesta por los combustibles fósiles, causa un daño especial y amenaza con revertir más de una década de avances mundiales en materia climática en el marco del acuerdo».
Stéphane Dujarric, el portavoz del secretario general de la ONU, puntualizó que «para nosotros, la lucha contra el cambio climático continúa».
«La lucha por una transición justa continúa. La lucha por obtener más recursos para la mitigación y la adaptación al cambio climático, especialmente para los países más vulnerables, continúa y nuestros esfuerzos no flaquearán en ese aspecto», añadió.
El 22 de enero, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (Pnuma) publicó su informe anual Estado de las Finanzas para la Naturaleza, que supervisa los flujos financieros mundiales hacia soluciones basadas en la naturaleza.
El informe revela que las inversiones en actividades que dañan el clima son aproximadamente 30 veces superiores a las inversiones destinadas a la conservación y restauración de los ecosistemas.
Según las cifras del Pnuma, el sector privado representa aproximadamente 70 % de la financiación mundial que daña el medioambiente, y solo devuelve 10 % de los fondos que se destinan a su protección.
En 2023, se invirtieron aproximadamente 7,3 billones (millones de millones) de dólares en actividades globales que perjudicaban al medio ambiente, de los cuales 4,9 billones procedían del sector privado y 2,4 billones del sector público, cuyo objetivo es maximizar el apoyo al uso de combustibles fósiles, la agricultura, el agua, el transporte y la construcción.
Esto, junto con la renovada política de Trump de «perforar, perforar y perforar» petróleo, se anticipa que desestabilice aún más los esfuerzos climáticos mundiales al acelerar la dependencia de los combustibles fósiles, socavar los objetivos de reducción de emisiones y ampliar la brecha financiera para la urgente adaptación climática y la restauración de los ecosistemas.
Jeremy Wallace, profesor de estudios sobre China en la estadounidense Universidad John Hopkins, dijo a un grupo de periodistas que la creciente dependencia de los Estados Unidos de los combustibles fósiles envía una señal a la comunidad internacional de que es aceptable reducir las ambiciones climáticas.
Esto, dijo, corre el riesgo de alentar a otros grandes emisores a perseguir transiciones energéticas más débiles y objetivos de emisiones menos ambiciosos.
China, por ejemplo, se ha comprometido recientemente a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero solo entre 7 % y 10 % durante la próxima década, un objetivo que ha sido ampliamente criticado por los expertos en clima por ser poco ambicioso e insuficiente para cumplir los objetivos globales de emisiones.
«Si el mercado interno de Estados Unidos sigue estando dominado por los combustibles fósiles por imposición de un gobierno autoritario, eso seguirá teniendo un impacto en el resto del mundo», afirmó Basav Sen, director del proyecto de justicia climática del Instituto de Estudios Políticos, un grupo de pensamiento progresista de Estados Unidos.
«Será mucho más difícil para los países de bajos ingresos, que dependen en gran medida de la producción y exportación de combustibles fósiles, llevar a cabo sus transiciones si Estados Unidos dice que no financiará nada de eso», sentenció.
