“Llevad la carga del Hombre Blanco, / No oséis rebajaros, / Ni clamar ruidosamente por la Libertad, / Para encubrir vuestro cansancio. / Por todo lo que gritáis o susurráis, / Por todo lo que hagáis o dejéis de hacer, / Los silenciosos y descontentos pueblos / Os juzgarán a vuestro Dios y a vosotros”. (Parte del poema ‘La carga del hombre blanco’ (1989), del poeta indio Rudyard Kipling).
NUEVA YORK – Vivimos en una época en la que el mundo proclama a los cuatro vientos la muerte del imperio, pero reproduce sus estructuras. No se trata de nostalgia por las postales coloniales, sino de una reinvención de la política exterior, la gobernanza internacional y el poder económico mundial que se asemeja mucho más a la lógica colonial que a una cooperación significativa.
El término «nuevo colonialismo» parece extremo hasta que se deja de mirar la poesía y se observa el poder en acción, desde las invasiones militares y los genocidios hasta la retirada diplomática, pasando por las instituciones que siguen perpetuando la desigualdad y los abusos de los derechos humanos bajo el pretexto de la neutralidad.
I – ¿Dónde nos encontramos hoy?
«El imperialismo es, al fin y al cabo, un acto de violencia geográfica mediante el cual prácticamente todos los espacios del mundo son explorados, cartografiados y, finalmente, sometidos a control». Edward Said, Cultura e imperialismo (1993)
En enero de 2026, Estados Unidos llevó a cabo lo que supone la intervención extranjera más dramática en América Latina en décadas: una incursión militar en Venezuela que resultó en el secuestro del presidente Nicolás Maduro.
El presidente Donald Trump declaró abiertamente que Estados Unidos «gobernaría el país hasta que pudiéramos llevar a cabo una transición segura, adecuada y juiciosa». No se trata de un lenguaje codificado, sino de un control manifiesto.
Tanto los críticos como los aliados consideran que esta medida no es una operación limitada de lucha contra el narcotráfico o de aplicación de la ley (como la presenta la administración estadounidense), sino un retorno al antiguo manual de dominio hemisférico.
Salvo algunas excepciones, los gobiernos latinoamericanos, desde México hasta Brasil, la condenaron como una violación de la soberanía, un reflejo moderno de las intervenciones para cambiar regímenes del siglo XX.
Los analistas de Foreign Policy han destacado precisamente cómo esta intervención encaja en un patrón más amplio de ambición de la política exterior estadounidense.
Rishi Iyengar y John Haltiwanger señalan que, bajo la bandera de la lucha contra el «narcoterrorismo», Estados Unidos ha ampliado el papel de su ejército a acciones que difuminan la distinción entre seguridad y control político, «añadiendo el bombardeo de presuntos narcotraficantes a su lista cada vez mayor de funciones».
Estas acciones reflejan una política exterior cada vez más militarizada y profundamente unilateral en su ejecución.
Esta intervención no fue un hecho aislado. Encaja en una dinámica más amplia que sugiere que las medidas de Washington en Venezuela tienen menos que ver con la lucha contra el narcotráfico y más con el posicionamiento estratégico y el control de los recursos, especialmente las vastas reservas de petróleo de Venezuela.
En el contexto de un orden mundial «World-Minus-One (el mundo menos uno)», en el que el poder de Estados Unidos es disputado por China y Rusia, los impulsos intervencionistas han resurgido no como proyectos humanitarios, sino como maniobras geopolíticas.
Visto a través del prisma de la crítica colonial, el lenguaje de «rescatar» a los venezolanos de un dictador acusado se hace eco de la exhortación del poeta Rudyard Kipling, en su poema «La carga del hombre blanco» (1899), a asumir la supuesta carga moral.
Pero esas justificaciones centenarias enmascaraban la violencia y la explotación laboral; la retórica actual enmascara los intereses geopolíticos propios.
Estados Unidos afirma estar liberando a los venezolanos del autoritarismo, pero ejerce control sobre la gobernanza y la infraestructura económica, una versión del siglo XXI de decirle a otra nación que no puede gobernarse a sí misma sin la dirección de Washington. El resultado no es la liberación, sino la dependencia, un sello distintivo de las relaciones coloniales.
II. La retirada de Estados Unidos de las instituciones multilaterales
«La carga del hombre blanco, que culpa a los nuevos súbditos sin reconocer la verdadera carga —la explotación sistemática, estructural y a menudo violenta— es el mito más antiguo del imperio»: Kumari Jayawardena, The White Woman’s Other Burden: Western Women and South Asia During British Colonial Rule (La otra carga de la mujer blanca: las mujeres occidentales y el sur de Asia durante el dominio colonial británico), (1995)
Si la toma de control de Venezuela se lee como la construcción de un imperio a la antigua usanza, la retirada de las instituciones multilaterales es una desvinculación de los foros destinados precisamente a prevenir ese tipo de unilateralismo.
A principios de 2026, Estados Unidos firmó un memorándum presidencial con el que pretendía retirar su apoyo y participación de 66 organizaciones internacionales, entre ellas numerosas agencias de las Naciones Unidas y marcos de tratados considerados «contrarios a los intereses de Estados Unidos». Esta lista incluye tanto organismos de la ONU como otros mecanismos de tratados, lo que amplía la tendencia de Estados Unidos a desvincularse de las estructuras de gobernanza global.
Entre las organizaciones afectadas se encuentran la agencia de población de la ONU y el tratado marco para las negociaciones internacionales sobre el clima. La participación de Estados Unidos en acuerdos climáticos históricos como el Acuerdo de París ya se ha reducido, y se ha abandonado oficialmente la Organización Mundial de la Salud, lo que supone un retorno a un enfoque transaccional y bilateral en lugar de una cooperación multilateral profunda.
El secretario general de la ONU, António Guterres, respondió al anuncio con pesar y un recordatorio de las obligaciones legales: las contribuciones asignadas a los presupuestos ordinarios y de mantenimiento de la paz son vinculantes en virtud de la Carta de las Naciones Unidas para todos los Estados miembros, incluidos los Estados Unidos. También subrayó que, a pesar de la retirada de Estados Unidos, los organismos continuarán su labor en favor de las comunidades que dependen de ellos.
Esta medida se produce en un contexto en el que la ONU y otras instituciones ya se enfrentan a graves retos internos, problemas que, según los críticos, socavan su legitimidad y apuntan a fallos de gobernanza más profundos. Por ejemplo, han surgido repetidamente denuncias de explotación y abusos sexuales por parte del personal y los cascos azules de la ONU, con cientos de casos documentados y preocupaciones sobre la fiabilidad de las respuestas de los dirigentes.
Solo en 2024, las misiones de mantenimiento de la paz y políticas denunciaron más de 100 acusaciones, y las encuestas internas revelaron actitudes preocupantes entre el personal hacia las conductas indebidas.
Estos abusos no son casos aislados; académicos y defensores han documentado culturas organizativas persistentes en las que los desequilibrios de poder permiten la explotación y el acoso, y en las que la transparencia y la rendición de cuentas suelen ser deficientes.
Estas cuestiones estructurales no deslegitiman la idea de la cooperación multilateral, pero sin duda cuestionan las afirmaciones de que estas instituciones funcionan como mecanismos de gobernanza global equitativos y eficaces.
Las organizaciones no gubernamentales internacionales también están siendo objeto de escrutinio. Los críticos señalan casos en los que los trabajadores humanitarios han cometido abusos y explotación sexuales o en los que las prioridades de las organizaciones se han alineado en ocasiones más con los intereses de los donantes que con las necesidades locales.
Un estudio de 2024 sobre la explotación y el acoso sexuales en el trabajo humanitario destaca cómo los desequilibrios de poder y los débiles mecanismos de aplicación de la ley dentro del sector contribuyen a que se sigan produciendo abusos que no se denuncian lo suficiente y no se abordan de manera adecuada.
Estas cuestiones, dentro de la ONU y del sector humanitario, alimentan la frustración de que el multilateralismo proteja con demasiada frecuencia la reputación institucional a expensas de las víctimas y las comunidades locales. Esa frustración ayuda a explicar por qué algunos responsables políticos estadounidenses consideran que estas organizaciones están obsoletas o son corruptas.
Pero la respuesta de alejarse en lugar de reforzar los mecanismos de rendición de cuentas favorece directamente a quienes quieren vaciar por completo la gobernanza mundial.
III. Se necesitan dos para bailar el tango
Entonces, ¿es Estados Unidos el villano en esta historia de cooperación fracturada e impulsos coloniales revividos? Sí, pero solo en parte.
No se puede negar que la reciente política exterior estadounidense ha tomado medidas unilaterales que perjudican las normas globales: la intervención militar en Estados soberanos, la retirada de tratados y organizaciones clave y el rechazo politizado de la cooperación multinacional reflejan un retroceso en el liderazgo compartido. Sin embargo, la creencia de que las instituciones multilaterales son intrínsecamente eficaces, justas e irreprochables es igualmente errónea.
Las debilidades estructurales de la gobernanza internacional —desde mecanismos de rendición de cuentas lentos y opacos hasta la representación insuficiente de las voces del Sur Global— han sido reconocidas desde hace tiempo por académicos y profesionales. Estas deficiencias hacen que las organizaciones globales sean vulnerables a la captura política, a la ineficacia en la respuesta a las crisis y a la perpetuación de las desigualdades que se supone que deben desmantelar.
Los fracasos dentro de la ONU y el sector de la ayuda no son culpa exclusiva de Estados Unidos, sino de un sistema global que institucionalizó desde el principio las jerarquías de poder sostenidas por los donantes occidentales.
La era del nuevo colonialismo no se manifiesta como la conquista del siglo XIX, sino que se entreteje en el lenguaje del «interés», la «seguridad» y la «reforma institucional».
Ya se trate de un Estado poderoso que ejerce su poderío militar con pretextos humanitarios o de «autodefensa», o de Estados poderosos que se alejan de los acuerdos que protegen los intereses de las naciones más pequeñas, el patrón es el mismo: el poder se impone donde puede y las normas multilaterales se tratan como opcionales.
Si este momento nos enseña algo, es que salvar el multilateralismo requiere tanto responsabilidad como renovación, no abandono. Los países que defienden la cooperación mundial deben abordar el legado colonial en la gobernanza, garantizar que las instituciones sean transparentes y responsables, y democratizar la toma de decisiones.
Del mismo modo, los Estados poderosos deben reconocer que retirarse de los sistemas compartidos o utilizarlos para promover sus propios intereses limitados no restablece los desequilibrios de poder, sino que los afianza.
Al final, una cooperación global significativa no puede ser el proyecto de una sola nación o de una red de élites poderosas. Debe basarse en la responsabilidad compartida y la equidad genuina, una coalición de esfuerzos por el bien común, dispuesta no solo a comprometerse, sino también a sacrificarse.
T: MF / ED: EG
