GINEBRA – El mundo ha sido testigo de un aumento marcado en el número de ejecuciones en 2025, aunque la tendencia global continúa hacia la abolición de la pena de muerte, expresó este lunes 19 el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk.
Türk dijo que su oficina (Acnudh) en esta ciudad suiza “monitoreó un aumento alarmante en el uso de la pena capital en 2025, especialmente por delitos que no cumplen con el umbral de ‘delitos más graves’ requerido por el derecho internacional”.
El aumento global se debe, en particular, al creciente número de ejecuciones por delitos relacionados con drogas que no implican homicidio intencional. “Esto no solo es incompatible con el derecho internacional, sino también ineficaz para disuadir la delincuencia”, declaró Türk.
Crece el castigo también por “la continua ejecución de personas condenadas por delitos cometidos cuando eran niños, así como el persistente secretismo en torno a las ejecuciones”, indicó el alto comisionado.
En Irán se informó de la ejecución de al menos 1500 personas en 2025, de las cuales más de 47 % estaban relacionadas con delitos de drogas.
Al respecto, Türk comentó que “la escala y el ritmo de las ejecuciones sugieren un uso sistemático de la pena capital como instrumento de intimidación estatal, con un impacto desproporcionado en las minorías étnicas y los migrantes”.
En Arabia Saudí se informó que al menos 356 personas fueron ejecutadas en 2025, superando el récord anterior (345) establecido en 2024.
De ellas, 78 % fueron por delitos relacionados con las drogas, tras la reanudación de dichas ejecuciones a finales de 2022.
“Al menos dos de los ejecutados en Arabia Saudita fueron condenados por delitos cometidos en la infancia, lo que plantea serias dudas con respecto a los derechos de los niños en particular», subrayó Türk.
En Estados Unidos se llevaron a cabo 47 ejecuciones en 2025, la cifra más alta en 16 años. El uso de la ejecución por asfixia con gas, introducido por primera vez en ese país en 2024, se expandió, lo que generó serias preocupaciones sobre tortura o castigos crueles.
Las ejecuciones públicas continuaron en Afganistán, en violación del derecho internacional.
El 11 de abril de 2025, cuatro personas condenadas por asesinato fueron ejecutadas por familiares de las víctimas en estadios deportivos de las provincias de Badghis, Nimroz y Farah. Desde agosto de 2021, las autoridades de facto han llevado a cabo varias ejecuciones públicas.
Al menos 24 personas fueron ejecutadas en Somalia y 17 en Singapur. En China y Corea del Norte el uso de la pena de muerte sigue rodeado de secretismo, lo que dificulta obtener cifras precisas.
En Bielorrusia, el alcance de los delitos capitales se ha ampliado recientemente en virtud de la legislación sobre seguridad nacional y terrorismo.
En Israel, existen actualmente varias propuestas legislativas que buscan ampliar el uso de la pena de muerte mediante la introducción de disposiciones de pena capital obligatoria que se aplicarían exclusivamente a los palestinos.
Esto plantea serias preocupaciones sobre la violación de su derecho al debido proceso, así como otras infracciones del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario.
Las ejecuciones llevadas a cabo por Hamás en Gaza también constituyen flagrantes violaciones de los derechos humanos.
La otra cara de la moneda es que varios Estados adoptaron medidas alentadoras en 2025: Vietnam redujo el número de delitos punibles con la muerte, y Pakistán también eliminó dos delitos capitales no letales, manteniendo 29.
Zimbabue abolió la pena de muerte para delitos comunes el 31 de diciembre de 2024, mientras que Kenia inició una revisión legislativa de la pena capital.
El proceso de resentencia de Malasia redujo en más de 1000 el número de personas en riesgo de ejecución, y en Kirguistán el Tribunal Constitucional reafirmó la prohibición de la pena de muerte al declarar inconstitucional un proyecto de ley para reintroducirla.
“La pena de muerte no es una herramienta eficaz para controlar la delincuencia y puede llevar a la ejecución de personas inocentes”, afirmó Türk. “En la práctica, la pena de muerte también suele aplicarse de forma arbitraria y discriminatoria, violando los principios fundamentales de igualdad ante la ley”, agregó.
El alto comisionado reiteró su llamamiento a todos los Estados que mantienen la pena de muerte para que establezcan una moratoria inmediata de las ejecuciones, conmuten todas las penas de muerte existentes y avancen hacia su abolición total.
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