WASHINGTON – En el primer aniversario del regreso al cargo del presidente Donald Trump, este martes 20, Amnistía Internacional (AI) hizo sonar las alarmas sobre “el número creciente de prácticas autoritarias y la devastadora erosión de los derechos humanos” en Estados Unidos.
Paul O’Brien, director ejecutivo de AI en Estados Unidos, afirmó que “el mundo entero es testigo de la peligrosa deriva del presidente Trump, que ya ha desembocado en una emergencia de derechos humanos”.
En un nuevo informe, “Ringing the Alarm Bells: Rising Authoritarian Practices and Erosion of Human Rights in the United States (Sonando las alarmas: el aumento de las prácticas autoritarias y la erosión de los derechos humanos en Estados Unidos)”, AI documenta la escalada de prácticas autoritarias de la Administración Trump.
Esa escalada incluye el cierre del espacio de la sociedad civil y el menoscabo del Estado de derecho, y erosiona los derechos humanos dentro y fuera de Estados Unidos, según AI.
Para O’Brien “no hay duda de que estas prácticas autoritarias de la Administración Trump están erosionando los derechos humanos y aumentando el riesgo para periodistas y para quienes alzan la voz o disienten como manifestantes, profesionales de la abogacía, estudiantes y quienes defienden los derechos humanos”.
Además, “triturando normas y concentrando el poder, la administración intenta que sea imposible que se les pidan responsabilidades”.
El informe incluye doce áreas interconectadas en las que la Administración Trump está agrietando los pilares de una sociedad libre, comenzando por ataques contra la libertad de prensa y el acceso a la información, la libertad de expresión y de reunión pacífica, y contra organizaciones de la sociedad civil y universidades.
Les siguen la oposición política y la disidencia, la judicatura, la abogacía y el sistema jurídico, y las garantías procesales.
También documenta ataques contra los derechos de las personas refugiadas y migrantes, el uso como chivo expiatorio de ciertas comunidades y el retroceso de las protecciones frente a la discriminación, y el uso del ejército para fines internos.
Asimismo, el desmantelamiento de la rendición de cuentas de las empresas y de las medidas anticorrupción, la ampliación de la vigilancia sin una supervisión significativa, y los esfuerzos para debilitar sistemas internacionales concebidos para proteger los derechos humanos.
Según detalla el informe, “esas tácticas autoritarias se refuerzan mutuamente”.
De ese modo, se arresta y detiene a estudiantes por protestar en campus universitarios, agentes enmascarados del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) invaden y aterrorizan a comunidades enteras, y se está empezando a normalizar la militarización de ciudades de todo Estados Unidos.
Al mismo tiempo, la intimidación de la prensa hace que las violaciones de derechos humanos y los abusos sean más difíciles de denunciar; la gente teme hablar debido a las represalias contra las protestas, y la ampliación de la vigilancia y de la militarización aumenta el coste de la disidencia.
Los ataques contra los tribunales de justicia, la abogacía y los órganos de supervisión hacen más difícil la aplicación de la rendición de cuentas.
Esas tácticas erosionan claramente derechos humanos como la libertad de expresión, la reunión pacífica, la libertad de prensa, el acceso a la información, la igualdad y la no discriminación, las garantías procesales, y la libertad de cátedra.
Además, los derechos a no sufrir detención arbitraria, a pedir asilo, a un juicio conforme a las normas internacionales, e incluso el derecho a la vida.
AI expone que lleva tiempo documentando patrones similares en países de todo el mundo. Aunque los contextos difieren, los gobiernos consolidan el poder, controlan la información, desacreditan las críticas, castigan la disidencia, reducen el espacio de la sociedad civil y debilitan mecanismos que garanticen la rendición de cuentas.
Para O’Brien “es importante destacar que nuestra experiencia muestra que cuando las prácticas autoritarias están totalmente consolidadas, las instituciones concebidas para limitar los abusos de poder ya están gravemente comprometidas”.
En el informe, AI expone un conjunto completo de recomendaciones: al Ejecutivo, al Congreso, a los gobiernos y organismos locales y estadales encargados de hacer cumplir la ley, a actores internacionales y otros gobiernos, a empresas como las compañías tecnológicas, y a la ciudadanía.
Su objetivo es revertir esta aceptación de las prácticas autoritarias y prevenir la normalización del aumento de la represión y de las violaciones de derechos humanos.
AI pide medidas urgentes para proteger el espacio de la sociedad civil, restablecer las salvaguardias del Estado de derecho, reforzar la rendición de cuentas y garantizar que las violaciones de derechos humanos no sean ignoradas ni aceptadas como inevitables.
O’Brien dijo que “las prácticas autoritarias sólo enraízan cuando se permite que se normalicen”, por lo que “no podemos dejar que eso ocurra en Estados Unidos”.
“Si nos unimos, tenemos una oportunidad, y la responsabilidad, de estar a la altura de estos tiempos difíciles de nuestra historia y proteger los derechos humanos. Podemos y debemos forjar un camino diferente”, concluyó O’Brien.
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