Participantes en un taller del feminista Movimiento Manuela Ramos, que se ha querellado contra el alcalde de Lima, Rafael López. Una nueva legislación peruana limita la actividad de organizaciones civiles que trabajen el tema de género y de alguna manera litiguen contra entes del Estado, entre otras disposiciones que significan un retroceso en materia de igualdad y no discriminación. Imagen: Mano Alzada
