SRINAGAR, India – El sistema mundial de refugiados está entrando en un período de profunda tensión. La prestación de protección y asistencia está experimentando una transformación debido a los recortes de financiación, las reformas institucionales y los cambios en las prioridades de los donantes.
En este contexto, un nuevo Informe de síntesis mundial, titulado «Desde la base», destaca los numerosos problemas a los que se enfrentan los refugiados en Medio Oriente y África.
Los datos regionales sobre el avance del Pacto Mundial sobre los Refugiados ponen de relieve una evaluación poco habitual, centrada en los refugiados, de lo que funciona, lo que falla y lo que debe cambiar.
El informe se basa en mesas redondas regionales celebradas en África oriental y Medio Oriente y Norte de África, seguidas de una consulta mundial en Ginebra, para contribuir a la revisión de los progresos del Foro Mundial sobre los Refugiados de 2025.
Según el informe, las organizaciones dirigidas por refugiados y basadas en la comunidad están asumiendo cada vez más responsabilidades, pero no reciben poder, financiación ni reconocimiento legal.
A medida que los organismos internacionales reducen su presencia en el marco de lo que se denomina el «reinicio humanitario» y las reformas de la Iniciativa ONU80, se espera que los refugiados cubran las crecientes carencias sin la autoridad ni los recursos necesarios para hacerlo de forma segura y sostenible.
Las mesas redondas de África Oriental, celebradas en Kampala con la participación de organizaciones de refugiados de Uganda, Kenia y Etiopía, ponen de relieve una región a menudo elogiada por sus políticas progresistas en materia de refugiados.
Los países de esta región acogen a millones de personas desplazadas por los conflictos, el hambre y el estrés climático de Sudán del Sur, Sudán, Somalia y la República Democrática del Congo.
Las leyes y los marcos regionales prometen libertad de movimiento, inclusión en los sistemas nacionales y participación significativa. Sin embargo, la realidad vivida sigue siendo desigual.
La educación se ha convertido en una preocupación central. Los niños refugiados se matriculan en las escuelas en mayor proporción, especialmente cuando se han integrado en los sistemas subvencionados por el gobierno.
Sin embargo, el acceso sigue siendo desigual. Los estudiantes refugiados tienen dificultades para que se les reconozcan sus titulaciones previas.
Muchos son tratados como estudiantes internacionales en las universidades y se les cobran tasas más elevadas.
Los profesores refugiados, a menudo cualificados y con experiencia, reciben salarios más bajos que los nacionales o se les excluye del reconocimiento oficial. Las barreras lingüísticas y la falta de apoyo psicosocial socavan aún más los resultados del aprendizaje.
Los grupos liderados por refugiados ya están interviniendo con tutorías, asesoramiento y becas, pero lo hacen con una financiación frágil y un alcance limitado.
La documentación y la libertad de movimiento constituyen otra línea divisoria crítica.
Uganda es ampliamente citada por su rápida expedición de documentos de identidad para refugiados y su enfoque basado en el asentamiento.
Kenia y Etiopía han avanzado gracias a nuevas leyes sobre refugiados y reformas políticas.
Sin embargo, persisten las diferencias entre la política y la práctica. Los refugiados en las zonas urbanas siguen sin estar documentados en gran número. Los documentos de identidad suelen tener una validez corta, lo que obliga a renovarlos repetidamente.
Los documentos de viaje son difíciles de obtener, especialmente en Etiopía, lo que limita los desplazamientos transfronterizos, los medios de subsistencia y la participación en foros políticos regionales o mundiales.
Sin documentación, los refugiados se enfrentan a detenciones, acoso y exclusión de los servicios. Para las organizaciones de refugiados, la falta de registro legal significa operar en una incertidumbre constante.
El acceso a la justicia, descrito en el informe como una de las cuestiones menos debatidas pero más fundamentales, es transversal a todas las demás. Los refugiados no pueden reclamar sus derechos ni solicitar reparación sin vías de justicia que funcionen.
Las barreras lingüísticas en los tribunales, los perfiles xenófobos y la falta de asistencia jurídica siguen siendo habituales.
Las organizaciones dirigidas por refugiados ya ofrecen mediación, apoyo paralegal y acompañamiento judicial, y a menudo actúan como primer punto de contacto entre las comunidades y las autoridades. Sin embargo, su trabajo rara vez se formaliza o se financia a gran escala.
Estas conclusiones cobraron vida durante un seminario web celebrado con motivo de la presentación del informe, en el que líderes refugiados de diferentes regiones hablaron directamente sobre sus experiencias.
Un participante de África Oriental reflexionó sobre su repetida participación en foros internacionales. La mesa regional era el tercer encuentro de este tipo en el que participaba, tras las reuniones celebradas en Uganda y Gambia.
Señaló que la participación ya no era simbólica. Los gobiernos y las instituciones estaban empezando a escuchar con más atención.
Añadió que existen diferencias concretas entre países.
En Kenia, los refugiados no necesitan visados de salida. En Etiopía, sí. Compartir estas comparaciones, argumentó, ayuda a los gobiernos a replantearse las prácticas restrictivas y a adaptar las lecciones aprendidas de sus vecinos.
Desde la región de Medio Oriente y el Norte de África, el debate pasó a centrarse en la documentación y el acceso a la justicia.
Un abogado con sede en Jordania explicó que la documentación civil no es un mero trámite burocrático. Es la base de los derechos y la rendición de cuentas. Sin el registro de nacimiento, los niños no pueden acceder a la educación.
Además, sin matrimonios legalmente reconocidos, las mujeres y los niños permanecen desprotegidos.
Muchos refugiados sirios llegaron a Jordania sin documentos, ya que los habían perdido durante la huida o carecían de conocimientos jurídicos.
Con el tiempo, Jordania introdujo medidas como la exención de tasas, la asistencia jurídica e incluso tribunales de la sharia dentro de campamentos como el de Zaatari para facilitar el registro de nacimientos y matrimonios.
Los grupos de la sociedad civil han proporcionado miles de consultas y representaciones legales, salvando las diferencias entre los refugiados y los sistemas estatales.
El encuentro digital también destacó el idioma como una barrera estructural. En Jordania, el árabe sirve como idioma común para los sirios, lo que facilita la comunicación.
En África Oriental, la diversidad lingüística complica el acceso a la justicia y los servicios. Uganda acoge a refugiados de Sudán del Sur, Sudán y el Congo, cada uno con idiomas distintos, mientras que los procesos oficiales se llevan a cabo en inglés y kiswahili.
Los gobiernos se han esforzado por proporcionar servicios de interpretación, pero siguen existiendo lagunas, especialmente en los tribunales y en las interacciones con la policía.
En Etiopía, donde el amárico domina las instituciones oficiales, las organizaciones de refugiados suelen depender de fundadores o líderes que hablan el idioma con fluidez, lo que limita una participación más amplia.
A medida que la conversación se centró en el futuro del sistema humanitario, el tono se volvió más urgente. Los participantes reconocieron que los recortes de financiación ya han detenido programas y puesto de manifiesto vulnerabilidades. Uno de los ponentes destacó que la asistencia jurídica y la documentación no pueden considerarse sectores opcionales.
Sin un apoyo sostenido, todo el sistema de protección corre el riesgo de colapsar. El empoderamiento, argumentó, va más allá de proporcionar abogados. Significa fomentar la confianza y la capacidad de los refugiados para desenvolverse por sí mismos en los sistemas jurídicos.
Otro participante se dirigió directamente a los donantes y a las agencias de la ONU. La localización, dijo, fracasará si las organizaciones de refugiados son tratadas únicamente como ejecutoras de proyectos prediseñados. El poder debe cambiar junto con la responsabilidad.
Las organizaciones de refugiados deben ayudar a diseñar programas, recaudar recursos y tomar decisiones basadas en las prioridades de la comunidad. De lo contrario, la localización se convierte en otra capa de externalización en lugar de una verdadera transferencia de agencia.
La intervención final del ponente puso de relieve de forma contundente lo que está en juego.
Con la reducción de la financiación y el aumento de la incertidumbre, es posible que los refugiados pronto no tengan más remedio que depender de sí mismos.
Invertir en organizaciones dirigidas por refugiados, afirmó el ponente, no es un lujo. Representa la última línea de esperanza para los refugiados sobre el terreno.
Las mesas redondas de Medio Oriente y el Norte de África se hacen eco de muchas de estas preocupaciones, pero en un contexto político más restrictivo. El espacio cívico es más reducido. El reconocimiento legal de las organizaciones de refugiados es a menudo imposible o arriesgado.
En Jordania, los refugiados no pueden registrar legalmente organizaciones. En Egipto, las leyes de la sociedad civil limitan la defensa de los derechos.
En Turquía, el registro es técnicamente posible, pero burocráticamente desalentador. A pesar de ello, las iniciativas lideradas por refugiados se han multiplicado, llenando los vacíos en materia de educación, protección y medios de subsistencia a medida que los actores internacionales se retiran.
El informe advierte de una peligrosa paradoja. La localización avanza por necesidad, no por diseño.
Las agencias internacionales se retiran, mientras los actores locales intervienen.
Sin embargo, la financiación, la toma de decisiones y la protección siguen estando centralizadas.
Las organizaciones de refugiados absorben el riesgo sin garantías. La participación es a menudo simbólica. Los refugiados están presentes en las reuniones, pero ausentes de la influencia real.
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