GINEBRA – Las víctimas de las minas antipersona aumentaron el año pasado, cuando murieron o resultaron heridas 6274 personas, la cifra más alta en lo que va de década, reveló el informe anual sobre esos explosivos publicado por la Campaña Internacional para la Prohibición de las Minas Antipersona.
Los datos desagregados indican que los muertos por minas o restos de explosivos de guerra sumaron 1945 y los lesionados 4325. De todas las víctimas 90 % fueron civiles, y casi la mitad, niños.
El estudio recuerda que el Tratado de Prohibición de Minas, que desde hace 25 años prohíbe esos artefactos explosivos, mantiene su vigencia como herramienta clave contra esas armas y cuenta con 166 Estados parte.
Sin embargo, advierte con alarma que en 2025 cinco países europeos -Estonia, Finlandia, Letonia, Lituania y Polonia, todos limítrofes con Rusia- solicitaron retirarse de ese instrumento arguyendo razones de seguridad.
Por su parte, Ucrania intenta suspender temporalmente la aplicación del Tratado, algo expresamente prohibido.
Falta de financiamiento
Además del alejamiento del tratado por parte de algunos Estados, los recortes a la ayuda humanitaria han golpeado las tareas internacionales de desminado y de apoyo a las víctimas.
Mark Hiznay, editor del informe presentado en esta ciudad suiza de Ginebra, afirmó que los resultados de 2024 “evidencian la magnitud de los nuevos desafíos y la necesidad de mantener la unidad”.
La Campaña fue creada por un grupo de organizaciones de derechos humanos y sostiene un monitor que registra avances y retrocesos en relación con el Tratado.
Durante el período del informe (de mediados de 2024 a octubre de 2025), Myanmar y Rusia, que no son parte del Tratado, así como Irán y Corea del Norte, utilizaron ampliamente minas terrestres antipersona en conflictos, señala el reporte.
Rusia ha utilizado abundantes minas antipersona en Ucrania desde que invadió el país vecino en febrero de 2022.
En Myanmar, el uso de minas antipersona por parte de las fuerzas gubernamentales ha aumentado en los últimos dos años. En ese país, también conocido por su antiguo nombre de Birmania, luchan varias insurgencias armadas contra el ejército, que protagonizó un golpe de Estado en 2021.
Los informes indican el uso de minas antipersona por parte de Irán a lo largo de sus fronteras con Afganistán y Pakistán, y por parte de Corea del Norte a lo largo de sus fronteras con Corea del Sur y China.
En julio de 2025, Tailandia acusó a la vecina Camboya -ambos son Estados parte del Tratado- de utilizar minas antipersona a lo largo de su frontera en disputa en varios casos. Camboya negó las acusaciones.
Ha habido cada vez más indicios de uso de minas antipersona por parte de Ucrania entre 2024 y 2025, aunque la magnitud de este uso no está clara.
En Siria, el retorno de miles de personas a zonas contaminadas tras la caída del régimen del expresidente Bashar al Asad ha multiplicado los riesgos y las víctimas.
Los grupos armados no estatales también emplearon minas antipersona en el territorio de 10 Estados parte: Benín, Burkina Faso, Camerún, Colombia, Malí, Níger, Nigeria, República Centroafricana, República Democrática del Congo y Togo. Y en India, Myanmar y Pakistán, Estados que no son parte del Tratado.
Un total de 12 Estados no parte del Tratado permanecen en la lista del Monitor de países que desarrollan, producen o adquieren minas antipersona: Armenia, China, Corea del Norte, Corea del Sur, Cuba, India, Irán, Myanmar, Pakistán, Rusia, Singapur, y Vietnam.
Por otra parte, en 2024 Estados Unidos transfirió minas antipersona a Ucrania, rompiendo una moratoria de 32 años y debilitando el estigma global que estas armas habían acumulado desde 1999.
Pese a este retroceso, el documento reporta avances importantes. Por ejemplo, más de la mitad de los Estados parte afectados redujeron su contaminación en 2024, y 31 países han completado completamente el desminado desde la entrada en vigor del Tratado. Omán se sumó a esa lista en 2025.
El informe señala que la superficie total desminada disminuyó en 2024 como consecuencia de la merma en el financiamiento internacional, y los niveles crecientes de inseguridad. Incluso países con poca contaminación pendiente enfrentan dificultades para avanzar.
Con respecto a la asistencia a las víctimas, el estudio asevera que es una situación preocupante, pues obtiene apenas cinco por ciento del financiamiento total para la acción contra las minas y, aun así, sufrió una caída de casi una cuarta parte en 2024.
Miles de supervivientes continúan sin acceso a atención médica esencial, rehabilitación o apoyo psicosocial, una situación que debe revertirse con urgencia, apuntó el reporte.
La situación se agravó a comienzos de 2025, cuando Estados Unidos congeló la asistencia exterior, obligando a cerrar varios programas humanitarios, e introdujo incertidumbre sobre el futuro de otros.
El informe insiste en que el Tratado es eficaz y llama a defenderlo. “Retroceder no es una opción; el costo humano es demasiado alto”, apunta el documento.
Subraya que, sin financiamiento estable, compromiso político y presión internacional, los avances de los últimos 25 años corren el riesgo de desvanecerse, y con ellos, la promesa de un mundo libre de minas antipersona.
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