NUEVA YORK -Las democracias consolidadas están mostrando tensiones en materia de gobernanza que antes se asociaban principalmente a los Estados frágiles y afectados por conflictos. La polarización está debilitando la confianza institucional, fragmentando las normas cívicas y reduciendo la capacidad de las sociedades para resolver problemas de forma colectiva. Esta es la nueva fragilidad.
Al mismo tiempo, los gobiernos y las organizaciones de la sociedad civil están adoptando herramientas digitales para apoyar la participación pública. Estas tecnologías deliberativas son muy prometedoras, pero en entornos polarizados también conllevan riesgos. Su éxito depende de los mismos principios que han guiado los esfuerzos de consolidación de la paz durante décadas.
En todas las regiones, el panorama político ha cambiado de una manera que refleja la dinámica habitual en los entornos posconflicto.
La profundización de las divisiones identitarias, la desconfianza en las instituciones y las narrativas fácticas contrapuestas están remodelando la vida pública en países que durante mucho tiempo se han considerado estables.
La polarización ya no es una preocupación periférica, sino que se ha convertido en una condición estructural de la gobernanza. Cuando las instituciones pierden legitimidad y el miedo se convierte en una fuerza organizadora central, la capacidad formal por sí sola es insuficiente para mantener la estabilidad.
En este entorno, se están introduciendo tecnologías deliberativas con la expectativa de que puedan ampliar la participación y fortalecer la toma de decisiones.
Estos sistemas están diseñados para escuchar de forma estructurada y resolver problemas de forma colaborativa.
Sin embargo, muchos se implementan en contextos marcados por la desconfianza, el resentimiento y la controversia política.
La participación digital no puede tener éxito si se superpone a instituciones que ya se consideran partidistas o poco receptivas. Sin las disciplinas operativas de la consolidación de la paz, estas herramientas corren el riesgo de amplificar las divisiones que pretenden mitigar.
La dinámica de la polarización configura esta nueva fragilidad de tres maneras interrelacionadas.
En primer lugar, la lealtad política está cada vez más ligada a la percepción de una amenaza a la identidad. La polarización afectiva se ha convertido en una característica definitoria de la vida pública, lo que reduce el espacio para el compromiso.
En segundo lugar, los ecosistemas de información fragmentados premian la indignación y aceleran la difusión de información errónea, lo que deja a los ciudadanos con interpretaciones incompatibles de los hechos básicos.
En tercer lugar, las instituciones responsables de moderar los conflictos —tribunales, organismos electorales, administradores públicos y medios de comunicación independientes— están siendo reestructuradas como actores partidistas. Cuando estos organismos pierden legitimidad, las sociedades caen en patrones habituados al conflicto en los que la escalada se vuelve predecible y los intentos de compromiso parecen sospechosos.
Los acontecimientos de este año en Estados Unidos ilustran cómo se desarrollan estas presiones en una democracia consolidada.
Las medidas ejecutivas que centralizaron el poder administrativo, debilitaron las estructuras profesionales de la función pública y transformaron las cuestiones técnicas de gobernanza en campos de batalla culturales crearon condiciones más propias de Estados frágiles que de democracias consolidadas.
Los despidos a gran escala en la función pública redujeron la memoria institucional y la capacidad política. Los mecanismos de supervisión se politizaron. Las normas que rigen la tecnología del sector público, incluida la inteligencia artificial, se convirtieron en instrumentos de conflicto ideológico en lugar de gestión pública.
En otros lugares están surgiendo patrones similares, que revelan lo frágiles que pueden llegar a ser los cimientos de la gobernanza democrática cuando se socavan sistemáticamente las instituciones.
Para hacer frente a esta nueva fragilidad, la tecnología deliberativa debe considerarse un reto de gobernanza, no una solución técnica. Un marco basado en la consolidación de la paz ofrece una orientación práctica basada en tres pilares esenciales.
En primer lugar, la gobernanza debe tener prioridad sobre los dispositivos. Las plataformas deliberativas nunca son neutrales; su diseño, supervisión y gestión de datos estructuran el poder y la influencia. Los sistemas democráticos requieren normas de decisión transparentes y una supervisión independiente. Mecanismos como los órganos de supervisión de múltiples partes interesadas o los fideicomisos de datos comunitarios pueden institucionalizar la rendición de cuentas y garantizar que la deliberación siga siendo una función cívica y no comercial.
En segundo lugar, la medición del impacto debe sustituir a las métricas de participación. Las cifras de participación no reflejan el valor democrático. Lo que importa es si la aportación pública configura las decisiones institucionales de forma clara y trazable. Demostrar este vínculo es esencial para reconstruir la confianza. Sin ella, la participación digital se convierte en algo simbólico y puede profundizar el cinismo.
En tercer lugar, la perspectiva de la consolidación de la paz debe servir como salvaguardia esencial. La consolidación de la paz ofrece disciplinas prácticas vitales en entornos polarizados. La sensibilidad al conflicto exige una evaluación cuidadosa de las dinámicas de poder antes del despliegue de la plataforma. La conciencia del trauma ayuda a garantizar la seguridad emocional.
La inclusión requiere medidas activas, no pasivas, para incorporar las voces marginadas en la toma de decisiones. La secuenciación reconoce que puede ser necesario facilitar el diálogo antes de la deliberación en contextos altamente polarizados.
La puesta en práctica de estos principios requiere varias prioridades concretas. Los organismos públicos deben adoptar normas de contratación que exijan plataformas de código abierto, algoritmos transparentes y una supervisión independiente de los datos de deliberación.
Los financiadores deben evaluar las iniciativas deliberativas basándose en su impacto democrático, en lugar de en métricas de aceptación o participación, utilizando tarjetas de puntuación de rendición de cuentas para hacer un seguimiento de la relación entre la aportación pública y la acción institucional.
La profesionalización del papel de los facilitadores digitales, mediante la formación en sensibilidad ante los conflictos, análisis del poder y participación consciente del trauma, reforzaría la calidad y la seguridad de la deliberación en línea.
La frontera entre las democracias «frágiles» y «estables» ya no está clara. La polarización actúa como una forma de fragilidad sistémica que erosiona las instituciones desde dentro. Si este es el reto de gobernanza que define el momento actual, entonces la consolidación de la paz debe convertirse en una competencia democrática fundamental.
La cuestión no es si se deben adoptar las herramientas de participación digital, sino cómo integrarlas en prácticas de gobernanza que permitan a las sociedades gestionar los conflictos de forma constructiva.
De cara al futuro, ya están surgiendo casos de prueba. Desde asambleas ciudadanas que abordan la política climática hasta plataformas impulsadas por la inteligencia artificial que prometen revolucionar la consulta pública, cada nueva implementación ofrece una oportunidad para aplicar estas lecciones.
El próximo taller del Instituto Toda para la Paz en la ciudad española de Barcelona sobre tecnología deliberativa y gobernanza democrática ejemplifica cómo los profesionales están empezando a integrar estos enfoques.
Al centrarse en la gobernanza en lugar de en los dispositivos, en el impacto en lugar de en la participación, y en los principios de consolidación de la paz como salvaguardias esenciales, la participación digital puede contribuir a un futuro democrático más resiliente.
La alternativa —continuar con el tecnosolucionismo sin la sabiduría de la gestión de conflictos— corre el riesgo de acelerar la fragmentación que estas herramientas prometen sanar.
Jordan Ryan es miembro del Consejo Asesor Internacional del Instituto Toda para la Paz, consultor sénior de la Academia Folke Bernadotte y exsubsecretario general de las Naciones Unidas con amplia experiencia en consolidación de la paz internacional, derechos humanos y políticas de desarrollo. Su trabajo se centra en el fortalecimiento de las instituciones democráticas y la cooperación internacional para la paz y la seguridad. Ryan ha liderado numerosas iniciativas para apoyar a las organizaciones de la sociedad civil y promover el desarrollo sostenible en África, Asia y Oriente Medio. Asesora regularmente a organizaciones internacionales y gobiernos sobre prevención de crisis y gobernanza democrática.
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