SRINAGAR, India y BELÉM, Brasil, 8 de noviembre (IPS) – Un informe de la Alianza Global de Comunidades Territoriales (AGCT) y Earth Insight pinta un panorama desolador de cómo las industrias extractivas, la deforestación y el cambio climático están convergiendo para poner en peligro los últimos bosques tropicales intactos del mundo y a los pueblos indígenas que los protegen.
El informe, titulado «Territorios indígenas y comunidades locales en primera línea», combina análisis geoespaciales y datos comunitarios para mostrar que casi mil millones de hectáreas de bosques están bajo la administración de los indígenas, pero se enfrentan a crecientes amenazas industriales que podrían trastocar los objetivos mundiales en materia de clima y biodiversidad.
A pesar de representar menos de 5 % de la población mundial, los pueblos indígenas y las comunidades locales (PICL) protegen más de la mitad de todos los bosques intactos que quedan y 43 % de los puntos críticos de biodiversidad a nivel mundial.
Estos territorios almacenan grandes cantidades de carbono, regulan los ecosistemas y preservan culturas y lenguas que han sostenido la relación de la humanidad con la naturaleza durante milenios. Sin embargo, el informe advierte que los gobiernos y las empresas están socavando esta gestión mediante la extracción desenfrenada de recursos en nombre del crecimiento económico o incluso de la «transición verde».
Una de las principales autoras del informe, Florencia Librizzi, que también es subdirectora de Earth Insight, dijo a IPS que las perspectivas y las historias de cada región se basan en las realidades vividas por los pueblos indígenas y las comunidades locales y proceden directamente de las organizaciones de cada una de las regiones en las que se centra el informe: Mesoamérica, Amazonia, la cuenca del Congo e Indonesia.
En cuatro regiones críticas —la Amazonia, la cuenca del Congo, Indonesia y Mesoamérica— las industrias extractivas se superponen a millones de hectáreas de tierras ancestrales. En la Amazonia, los bloques de petróleo y gas cubren 31 millones de hectáreas de territorios indígenas, mientras que las concesiones mineras se extienden por otros 9,8 millones.
En la cuenca del Congo, 38 % de los bosques comunitarios están amenazados por el petróleo y el gas, lo que pone en peligro las turberas que almacenan inmensas cantidades de carbono.
Los territorios indígenas de Indonesia se enfrentan a un solapamiento de 18 % con concesiones madereras, mientras que en Mesoamérica, 19 millones de hectáreas —17 % de las tierras indígenas— están reclamadas para la minería, junto con el narcotráfico y la colonización desenfrenados.
Estas intrusiones han convertido los territorios indígenas en zonas de sacrificio. Desde la extracción de níquel en Indonesia hasta la perforación petrolera en Ecuador y la tala ilegal en la República Democrática del Congo, las incursiones de las empresas amenazan vidas, medios de subsistencia y ecosistemas.
Entre 2012 y 2024, 1692 defensores del ambiente fueron asesinados o desaparecieron en los países del AGCT, con 208 muertes relacionadas con las industrias extractivas y 131 con la tala. El informe denomina a esta violencia «la paradoja de la protección»: el acto de defender la naturaleza pone ahora a esos defensores en peligro de muerte.
El informe también documenta una resiliencia extraordinaria. En la Reserva de la Biosfera Maya de Guatemala, las comunidades indígenas forestales han logrado una deforestación casi nula: solo 1,5 % de pérdida forestal entre 2014 y 2024, en comparación con 11 % en las zonas adyacentes. En Colombia, las Entidades Territoriales Indígenas mantienen intacto más de 99 % de sus bosques.
Los o’Hongana manyawa de Indonesia siguen defendiendo sus tierras contra la minería del níquel, mientras que el pueblo guna de Panamá gestiona sistemas de gobernanza autónoma que integran la cultura, el turismo y la ecología.
En el Congo, la «Ley Pigmea», de 2022, ha comenzado a reconocer los derechos de las comunidades a la gobernanza forestal, un paso histórico hacia la justicia.
Las conclusiones del informe se publicaron antes de la inauguración, este lunes 10, de la 30 Conferencia de las Partes (COP30) sobre el clima, que acoge la Amazonia, la mayor selva de la tierra, en la ciudad brasileña de Belém do Pará.
En ellas se hizo hincapié en la urgencia de armonizar los marcos internacionales sobre el clima y la biodiversidad con los derechos indígenas.
La Declaración de Brazzaville de 2025, adoptada en el Primer Congreso Mundial de Pueblos Indígenas y Comunidades Locales de las Cuencas Forestales, proporciona una hoja de ruta para sa armonización.
Firmada por líderes de 24 países que representan a 35 millones de personas, exige cinco compromisos clave: garantizar los derechos sobre la tierra, el consentimiento libre e informado, la financiación directa a las comunidades, la protección de la vida y el reconocimiento de los conocimientos tradicionales.
Estas «cinco exigencias» son la piedra angular de lo que la AGCT denomina un cambio «de la extracción a la regeneración».
Exigen el fin de la violencia y la criminalización de los líderes indígenas e insisten en que la financiación climática mundial llegue a manos locales.
El informe señala que, a pesar del compromiso de la COP26 de 2021, celebrada en la ciudad escocesa de Glasgow, de destinar 1700 millones de dólares a la protección de los bosques, solo 7,6 % de ese dinero llegó directamente a las comunidades indígenas.
«Sin una financiación que refuerce la gobernanza territorial, todos los compromisos mundiales seguirán siendo simbólicos», aseguró la AGCT en una declaración conjunta.
Juan Carlos Jintiach, secretario ejecutivo de la AGCT, se mostró optimista sobre el Fondo Bosques Tropicales para Siempre (TFFF, en inglés), una iniciativa del presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, presentada como un «mecanismo de financiación nuevo e innovador» que permitiría a los países forestales recibir pagos anuales perpetuos por mantener los bosques en pie.
«Incluso si el TFFF no alcanza todos sus objetivos de recaudación de fondos, el mensaje que transmite ya es poderoso: la financiación climática y forestal no puede llevarse a cabo sin nosotros, los pueblos indígenas y los líderes locales, en su núcleo», dijo.
A su juicio, la conferencia de Belém «ofrece una oportunidad crucial para amplificar ese mensaje, especialmente porque se celebra en el corazón de la Amazonia».
«Esperamos que la atención se mantenga centrada en las comunidades que viven allí, en aquellos de nosotros que hemos protegido los bosques durante generaciones», añadió.
Jintiach remarcó que «lo que más necesitamos de esta COP es voluntad política para garantizar nuestros derechos, para ser reconocidos como socios en lugar de beneficiarios, para garantizar la transparencia y la justicia en la financiación climática, y para canalizar los recursos directamente a quienes defienden la tierra, a pesar de los crecientes riesgos y la violencia».
Jintiach, que también es autor del informe de la AGCT, dijo a IPS que esta alianza ha propuesto establecer mecanismos claros para garantizar que la financiación climática llegue directamente a las iniciativas de los pueblos indígenas y las comunidades locales, sin pasar por intermediarios externos.
«Por eso hemos creado nuestra Plataforma Shandia, un mecanismo global dirigido por indígenas y diseñado para canalizar una financiación climática directa, predecible y eficaz a nuestros territorios», explicó.
A través de la Red de Fondos Shandia, detalló, «nos aseguramos de que la financiación se gestione de acuerdo con nuestras prioridades, nuestros sistemas de gobernanza y nuestros conocimientos tradicionales».
«La plataforma también incluye un sistema transparente para rastrear y supervisar los flujos de financiación, con un indicador específico para la financiación directa a los pueblos indígenas y las comunidades locales», afirmó.
El informe también advierte de que los objetivos de conservación mundiales, como la meta de biodiversidad «30×30» —proteger 30 % de la superficie terrestre y marina del planeta para 2030— no pueden alcanzarse sin la participación de los pueblos indígenas.
Las políticas del Marco Mundial de Kunming-Montreal para la Diversidad Biológica -que etablece esa meta- y el Acuerdo de París sobre el cambio climático deben, según el informe, incorporar la gobernanza y los conocimientos indígenas en su núcleo.
De lo contrario, advierte, las estrategias climáticas corren el riesgo de reforzar las injusticias históricas al excluir a quienes han sostenido estos ecosistemas durante siglos.
Jintiach afirmó que, basándose en su experiencia en el AGCT, los modelos de conservación liderados por los pueblos indígenas y las comunidades locales no solo son vitales, sino también profundamente eficaces.
«En nuestros territorios, son nuestros pueblos y comunidades los que conservan tanto la naturaleza como la cultura, protegiendo los bosques, las aguas y la biodiversidad que nos sustentan a todos», afirmó.
Y añadió: «Múltiples estudios confirman lo que ya sabemos por experiencia: las tierras indígenas y de las comunidades locales tienen menores tasas de deforestación y mayor biodiversidad que las gestionadas bajo modelos estatales o privados».
«Nuestro éxito se basa en el conocimiento ancestral, la gobernanza colectiva y una profunda conexión espiritual con la tierra, principios que garantizan una conservación verdadera y duradera», dijo.
Según Jintiach, las cinco demandas de la AGCT y la Declaración de Brazzaville son puntos de referencia mundiales fundamentales, y alienta el nivel de interés y compromiso mostrado por los líderes políticos en la ruta hacia la COP30.
«Tenemos la esperanza de que estos principios se promuevan y defiendan en la COP30, el Foro Permanente de las Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas, la COP17 del Covenio de Diversidad Biológica y en el largo camino que nos queda por recorrer», afirmó.
Cuando se le preguntó sobre el aumento de la violencia contra los defensores del ambiente, Jintiach respondió que la Declaración de Brazzaville pide una convención mundial para proteger a los defensores de los derechos humanos medioambientales, incluidos los pueblos indígenas y los líderes de las comunidades locales.
A su juicio, los gobiernos deben abordar urgentemente la corrupción y la impunidad que alimentan las amenazas y la violencia, al tiempo que apoyan la protección colectiva y evitan el retroceso de los derechos.
El director ejecutivo de Earth Insight, Tyson Miller, describió la colaboración como un llamamiento a la acción más que como otro documento político.
«Sin el reconocimiento urgente de los derechos territoriales, el respeto al consentimiento y la protección de los ecosistemas, no se pueden alcanzar los objetivos globales en materia de clima y biodiversidad», afirmó. «Este informe es tanto una advertencia como una invitación a actuar con valentía y solidaridad», añadió.
Los estudios de caso destacan cómo los modelos de gobernanza indígenas ya ofrecen soluciones probadas a la crisis climática.
En la Amazonia brasileña, las organizaciones indígenas han propuesto una contribución determinada a nivel nacional (NDC) autodeterminada para reducir las emisiones mediante la protección territorial.
Su lema, «La demarcación es mitigación», subraya cómo la garantía de los derechos territoriales indígenas apoya directamente los objetivos del Acuerdo de París.
Del mismo modo, en África Central, las comunidades han sido pioneras en enfoques de conservación descolonizados que integran el liderazgo indígena en la gestión de los parques nacionales, revirtiendo los modelos excluyentes impuestos desde la época colonial.
En Mesoamérica, la región miskitia, conocida como la «pequeña Amazonia», ilustra tanto la crisis como la esperanza. Se enfrenta a la deforestación provocada por el tráfico de drogas y la tala ilegal, pero la reforestación y la vigilancia forestal comunitarias están restaurando los ecosistemas y los medios de vida.
Las mujeres y los jóvenes desempeñan un papel protagonista en la gobernanza, lo que demuestra cómo el liderazgo inclusivo refuerza la resiliencia.
La conclusión del informe es inequívoca: donde se reconocen los derechos indígenas, los ecosistemas prosperan; donde se ignoran, se produce la destrucción. Sostiene que la lucha por la tierra es inseparable de la lucha contra el cambio climático. Los territorios indígenas no son solo fuentes de materias primas, sino «sistemas vivos de gobernanza, cultura y biodiversidad» esenciales para la supervivencia de la humanidad.
La Declaración de Brazzaville insta a los gobiernos a ratificar las convenciones internacionales de derechos humanos, poner fin a la deforestación para 2030 e integrar los territorios indígenas en los planes nacionales de biodiversidad y clima.
También pide una convención mundial para proteger a los defensores de los derechos humanos medioambientales, cuya seguridad es fundamental para la estabilidad del planeta.
Para los líderes de la AGCT, el mensaje es profundamente personal. «Nuestros conocimientos tradicionales son el lenguaje de la Madre Tierra», afirmó Joseph Itongwa, copresidente de la alianza en la cuenca del Congo.
«No podemos proteger el planeta si nuestros territorios, nuestra identidad y nuestros medios de vida siguen estando amenazados», insistió.
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