JOHANNESBURGO – Cerrar el capítulo del matrimonio infantil sigue siendo una meta lejana en la región de la Comunidad de Desarrollo de África Austral (Sadc, en inglés), y a pesar de los grandes avances en la elaboración y aprobación de leyes para erradicarlo, los factores existentes y emergentes que lo impulsan siguen vigentes, lo que mantiene a la niñez vulnerables a esta práctica.
Estos fueron los mensajes clave de la organización Igualdad Ya (Equality Now) durante la sesión del Comité Permanente del Foro Parlamentario de la Sadc (Sadc-PF), celebrada en la ciudad sudafricana de Kempton Park del 24 de octubre al 1 de noviembre, con el tema “Reforzar el papel de los parlamentarios en la promoción de la firma, ratificación, adhesión, incorporación e implementación de los protocolos de la Sadc”.
Igualdad Ya, en colaboración con el Sadc-PF, presentó dos documentos de política en ese encuentro.
Uno es de medidas de protección para los niños ya casados en África oriental y meridional, y abordar los nuevos factores que impulsan los matrimonios infantiles en esas regiones, para que los parlamentarios los analizaran durante una sesión destinada a sensibilizarlos y aumentar su conocimiento sobre la legislación y las tendencias del matrimonio infantil.
Los países de la Sadc adoptaron en 2016 la Ley Modelo para Erradicar el Matrimonio Infantil y Proteger a los Niños en el Matrimonio; sin embargo, su incorporación a las legislaciones nacionales es desigual.
Los niños ya casados necesitan protección y los factores emergentes que impulsan el matrimonio infantil deben incluirse en los marcos legales y las políticas públicas.
Divya Srinivasan, de Igualdad Ya, explicó el contexto de la incorporación de la ley modelo de la SADC sobre el matrimonio infantil, señalando que siete de los 16 países, alrededor de 45 %, establecen la edad mínima de matrimonio en 18 años sin excepciones.
Cinco de los 16 países de la Sadc fijan la edad en 18 años con algunas excepciones; por ejemplo, Botsuana excluye específicamente los matrimonios consuetudinarios y religiosos de esta protección.
“Cuatro países, o alrededor de 25%, entre ellos Esuatini, Lesoto, Sudáfrica y Tanzania, establecen una edad mínima de entre 15 y 18 años. En estos países, la edad mínima de matrimonio difiere entre varones y mujeres, siendo siempre más alta para los varones. Además de estas diferencias, los cuatro países permiten el consentimiento tradicional o parental para reducir la edad mínima de matrimonio”, explicó Srinivasan.
Bevis Kapaso, de Plan International, afirmó que desde 2016 el matrimonio infantil ha disminuido cinco puntos porcentuales, pasando de 40% de todos los matrimonios a 35 % en 2025.
Eso convierte en poco probable que la región alcance la meta 5.3 del 5 de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que busca “eliminar todas las prácticas nocivas, como el matrimonio infantil, el matrimonio temprano y forzado, y la mutilación genital femenina” para 2030.
Lo más preocupante es que la disminución se dio principalmente en zonas urbanas, mientras que en las áreas rurales la práctica sigue profundamente arraigada.
Esto significa que los niños ya casados deben recibir protección, y los parlamentarios deben reconocer los factores que frenan los avances hacia la erradicación de esta práctica.
Los legisladores deben esforzarse por garantizar que los niños casados tengan el derecho de anular sus matrimonios, conservar sus derechos, acceder a los bienes adquiridos durante el matrimonio y no perder su ciudadanía, señaló Nkatha Murungi, consultora de Igualdad Ya.
“Los niños en estas circunstancias suelen quedar apátridas”, dijo.
Si bien el matrimonio infantil es “un síntoma y un factor que impulsa la desigualdad arraigada, la pobreza y la violación de derechos”, acotó, los parlamentarios tienen un papel clave en garantizar medidas inmediatas y específicas para proteger y empoderar a los niños ya casados, lo que incluye el derecho a la custodia de sus hijos y el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva.
Murungi sugirió que los legisladores también deben prestar atención a factores emergentes, como el cambio climático. Explicó que después de las inundaciones de 2019 en Malaui, que afectaron a más de 868 900 personas y desplazaron a 86 980, los matrimonios infantiles registraron un aumento.
Según Igualdad Ya, los parlamentarios deberían integrar la prevención del matrimonio infantil en las estrategias nacionales de adaptación al cambio climático y gestión del riesgo de desastres.
También propuso un enfoque de empoderamiento económico con perspectiva de género mediante “el apoyo a oportunidades y programas económicos resilientes al clima para mujeres y niñas en las comunidades afectadas”.
Otros factores emergentes y persistentes preocupantes incluyen los conflictos y la inseguridad, así como el aumento de la migración y el desplazamiento, que a menudo dejan a los niños sin supervisión protectora, mientras que la pobreza y la desigualdad persistentes los empujan al matrimonio.
El documento de política también alertó sobre el rápido crecimiento de la tecnología, que, “si bien permite la defensa y la sensibilización, también facilita la desinformación que normaliza prácticas perjudiciales, incluido el matrimonio infantil”.
Sylvia Elizabeth Lucas, parlamentaria sudafricana y vicepresidenta del Foro Parlamentario de la Sadc, declaró al margen de la reunión que proteger a los niños no es negociable; destacó que una legislación práctica y su aplicación, guiadas por el “espíritu de ubuntu” (compasión y humanidad), pueden proteger eficazmente a las niñas.
Por su parte, Murungi explicó que era importante analizar por qué los enfoques tradicionales no habían logrado poner fin al matrimonio infantil.
La pobreza siempre se ha considerado un factor determinante, pero los esfuerzos convencionales no han beneficiado a quienes viven en la pobreza. La educación es clave para el empoderamiento, no solo para mantener a los niños en la escuela y fuera del matrimonio, sino también para ofrecerles opciones para su futuro.
El foro recordó que era imperativo actualizar la Ley Modelo de la Sadc en sus países para incorporar estos nuevos factores emergentes.
“También es necesario que el Parlamento y el Poder Ejecutivo a nivel nacional trabajen juntos para promover políticas y leyes contra el matrimonio infantil y garantizar que las respuestas políticas específicas cubran todas las brechas existentes”, concluyó el documento de política sobre factores emergentes.
