LONDRES – Gobiernos, fábricas y marcas mundiales de moda se están beneficiando de la represión continuada de la mano de obra de la confección y de los abusos contra sus derechos laborales en países del sur y sureste de Asia, denunció este jueves 27 en un par de informes la organización Amnistía Internacional (AI).
Agnès Callamard, secretaria general de AI, dijo que “una infame alianza formada por marcas de moda, propietarios de fábricas y los gobiernos de Bangladesh, India, Pakistán y Sri Lanka sirve de sostén a un sector conocido por sus abusos endémicos contra los derechos humanos”.
“Esta industria, que no garantiza el respeto del derecho a la negociación colectiva y a la sindicación de la mano de obra, ha prosperado durante decenios a costa de la explotación de una mano de obra muy mal pagada, sobrecargada de trabajo y mayoritariamente femenina”, afirmó Callamard.
Los dos informes de AI, “La trampa de la moda: Negación de la libertad sindical al personal de la confección en Bangladesh, India, Pakistán y Sri Lanka” y “Abandonados por la moda: La necesidad urgente de que las marcas de moda defiendan los derechos laborales”, documentan abusos generalizados en el sector.
Ambos documentos se basan en investigaciones de AI efectuadas entre septiembre de 2023 y agosto de 2024, que incluyen 88 entrevistas realizadas en 20 fábricas de los cuatro países mencionados.
De entre la totalidad de quienes respondieron a las entrevistas -más de dos tercios, mujeres-, 64 personas lo hicieron en calidad de trabajadoras y trabajadores, mientras que 12 lo hicieron como dirigentes sindicales y activistas de los derechos laborales.
Además, en noviembre de 2023 AI envió una encuesta a 21 grandes marcas y minoristas con sede en 10 países -Alemania, Bélgica, China, Dinamarca, España, Estados Unidos, Japón, Países Bajos, Reino Unido y Suecia.
En ella solicitaba información sobre sus políticas, labores de seguimiento y medidas concretas relacionadas con la libertad sindical, la igualdad de género y las prácticas de compra.
Adidas, Asos, Fast Retailing, Inditex, Otto Grupo y Primark respondieron a toda la encuesta. Muchas otras empresas respondieron con información parcial, como M&S y Walmart, mientras que algunas no facilitaron ninguna información, como Bohío, H&M, Desigual, Next y Gap.
En los cuatro países asiáticos señalados, las personas que trabajan en la industria de la confección afirman que la amenaza de represalias por parte de las entidades empleadoras les ha impedido afiliarse a sindicatos.
Todas las personas entrevistadas por AI que se dedicaban a la organización sindical hablaron de un ambiente de temor en el que, con frecuencia, los supervisores y la dirección de las fábricas acosaban, amenazaban y despedían a trabajadoras y trabajadores por afiliarse a sindicatos.
Las empresas de la moda contribuyen a la vulnerabilidad de la mano de obra, al incumplir sus responsabilidades en materia de derechos humanos, y reducir la correspondiente diligencia debida a códigos de conducta y a un mero trámite de cumplimentación de impresos, sostiene AI.
Sus informes dan cuenta de que esas firmas han permitido el desarrollo de cadenas de suministro opacas, y no han mostrado reparos a la hora de abastecerse de mano de obra de empresas públicas y privadas que no supervisan ni corrigen prácticas laborales deficientes o que reprimen activamente la libertad sindical.
En muchos países, la ausencia de legislación relativa a la diligencia debida ha impedido exigir responsabilidades a las marcas por sus cadenas de suministro y ha alimentado una industria extractiva y explotadora.
En los lugares en los que sí existen estas leyes, aún no se aplican plenamente y su alcance sigue sin estar completamente definido.
Con el fin de disuadir a la mano de obra de organizarse, o para negarle sus derechos laborales, las autoridades de los cuatro países recurren a la represión sindical, a obstáculos al derecho de huelga —por ejemplo, en las zonas económicas especiales- y a la sustitución de sindicatos independientes por otros favorables a la patronal.
AI insta a los Estados a garantizar que todas las trabajadoras y trabajadores puedan ejercer su derecho a la libertad sindical, lo que incluye poder constituir sindicatos y afiliarse a ellos en las fábricas, así como participar en la negociación colectiva.
Además, sostiene que los Estados deben investigar todas las posibles violaciones de la legislación laboral y de otras leyes pertinentes.
Si concluyen que se han cometido delitos, deben sancionar adecuadamente a la entidad empleadora -recurriendo incluso a procesos judiciales- y garantizar una reparación adecuada y oportuna a las trabajadoras y trabajadores afectados.
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