NACIONES UNIDAS – Expertos en derechos humanos de las Naciones Unidas alertaron sobre el papel cada vez más peligroso y desestabilizador que desempeñan los mercenarios y las empresas militares y de seguridad privadas (Emsp) en los conflictos modernos, en un informe presentado este viernes 7.
El documento, presentado por el Grupo de Trabajo sobre la utilización de mercenarios, y que actúa por mandado del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, destaca que ese papel privatizador de la guerra y la seguridad amenaza la soberanía de los Estados y los derechos humanos a nivel global.
Jovana Jezdimirovic Ranito, presidenta del Grupo, dijo que “nos preocupa profundamente que estos actores sean reclutados cada vez más no solo en conflictos armados, sino también en tiempos de paz, incluso en operaciones antiterroristas, contra el crimen organizado y en operaciones humanitarias”.
“Los agentes, facilitadores y promotores suelen eludir los marcos jurídicos internacionales, evadir la rendición de cuentas y causar graves daños a la población civil. No son meros espectadores del conflicto; son iniciadores y perpetradores clave de los conflictos”, agregó la académica serbia.
El documento, presentado a la Asamblea General de la ONU; subraya que estos actores han evolucionado más allá de la figura tradicional del soldado de fortuna, y ahora operan a menudo bajo estructuras corporativas complejas que les permiten evadir responsabilidades y aprovechar vacíos legales.
Entre las compañías más conocidas de mercenarios y firmas de seguridad privadas figuran las estadounidenses DynCorp y Academi (antes Blackwater), la canadiense GardaWorld, la rusa Wagner y la británica G4S. El informe presentado este viernes no incluyó una lista de contratistas de seguridad.
En el análisis de las amenazas que representan esos actores, el Grupo menciona en primer lugar el desafío a la soberanía estatal, pues la contratación de estas fuerzas privadas por parte de gobiernos o actores no estatales puede socavar el monopolio legítimo de la fuerza por parte del Estado.
En algunos casos, se utilizan para evitar el escrutinio público sobre las bajas en conflictos, debilitando la rendición de cuentas democrática.
En paralelo ubica las graves violaciones de derechos humanos, pues mercenarios y empresas que los contratan “cometen documentados y recurrentes abusos como ejecuciones extrajudiciales, torturas, desapariciones forzadas y trata de personas”.
“Su naturaleza transnacional y la opacidad de sus operaciones dificultan enormemente llevar a los perpetradores ante la justicia”, puntualiza el texto.
A ello sigue la impunidad generalizada, ya que la arquitectura legal internacional es insuficiente para regular y controlar eficazmente sus actividades. Jurisdicciones ambiguas, contratos secretos y complejas cadenas de subcontratación crean un “vacío de responsabilidad” que la mayoría de los actores explotan.
El uso de plataformas digitales para el reclutamiento de estos mercenarios, y para perpetuar campañas de desinformación y ciberataques, agrava la dificultad de llevar a los perpetradores ante la justicia, según el informe.
También se trata de “nuevos modelos de negocio preocupantes”, pues aparecen modelos híbridos, donde las empresas ofrecen no solo seguridad, sino también inteligencia, ciberguerra e incluso influencia política, a veces aliándose con élites corruptas o corporaciones para influir en los resultados de los conflictos.
El informe fue presentado como una severa advertencia de que “el mundo se enfrenta a una privatización encubierta de la guerra”, que erosiona los pilares del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos.
Frente a ese panorama, el Grupo de Trabajo de la ONU hace un llamado urgente a los Estados miembros para fortalecer el marco legal internacional, incluyendo la consideración de un nuevo instrumento jurídicamente vinculante para regular las actividades de las Emsp.
Además, pide garantizar la jurisdicción universal para investigar y enjuiciar los delitos cometidos por mercenarios, y realizar un análisis estricto antes de autorizar o contratar los servicios de estas compañías.
Y, finalmente, pide a las jurisdicciones correspondientes investigar todas las denuncias de violaciones y asegurar que las víctimas tengan acceso a la justicia y a una reparación.
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