GINEBRA – La COP30 de las Naciones Unidas sobre el clima, que se celebra en Belém, Brasil, debe exigir responsabilidad a las empresas con respecto al cambio climático y limitar a sus grupos de presión, dijeron en una declaración más de 30 expertos de la ONU en derechos humanos.
“Las entidades comerciales tienen obligaciones y responsabilidades con respecto al cambio climático y sus repercusiones en los derechos humanos”, asentó la declaración de los expertos que actúan por mandatos del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en esta ciudad suiza de Ginebra.
Los Estados “deben regular, supervisar y controlar eficazmente a los actores públicos y privados en los sectores con altas emisiones y garantizar una cooperación internacional significativa”, señala el documento.
“Las violaciones pasadas y presentes de estas obligaciones implican la responsabilidad del Estado de reparar los daños”, agrega el texto.
Ese deber de los Estados incluye revocar todas las medidas que constituyen un hecho internacionalmente ilícito, prevenir y responder a las pérdidas y los daños, restaurar los ecosistemas y compensar los daños climáticos, se precisó.
Belém alberga la 30 Conferencia de las Partes (COP30) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, en que participan delegados de 196 Estados más la Unión Europea, además de miles de representantes de la sociedad civil, incluidos de las empresas.
Temas centrales de su agenda son incrementar el financiamiento de la acción climática en los países en desarrollo, la adopción de nuevos compromisos para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero que calientan el planeta y para impulsar el abandono gradual del uso de los combustibles fósiles.
Los expertos advirtieron de que en la COP30 los Estados “deben negociar de buena fe, de conformidad con la Opinión Consultiva de la Corte Internacional de Justicia (del pasado julio) sobre las obligaciones de los Estados en materia de cambio climático, y para prevenir mayores daños al medio ambiente”.
En lo que respecta a las obligaciones y responsabilidades de los actores públicos y privados, ellas “deben implementarse de manera inclusiva y con perspectiva de género, basadas en la igualdad y la no discriminación, reconociendo a los grupos que históricamente se han visto forzados a situaciones de vulnerabilidad”, dice el texto.
Asienta que “la credibilidad de la COP30 sobre el clima depende de que se logren resultados significativos en materia de mitigación y cooperación financiera y tecnológica internacional, con especial referencia a los combustibles fósiles”.
Espera que el Programa de Trabajo para una Transición Justa, que debería adoptarse en Belém, garantice que la acción climática sea justa e inclusiva para los trabajadores y las comunidades, y se desarrolle conjuntamente con ellos.
Finalmente, los expertos reiteran “la necesidad de limitar la presencia de los grupos de presión de la industria de los combustibles fósiles en la COP sobre el clima, y garantizar la transparencia, la participación pública, un diálogo significativo con la sociedad civil y la protección efectiva de las personas defensoras de los derechos”.
“Todas estas son condiciones necesarias para una acción climática más eficaz y justa”, concluyeron.
Entre los más de 30 expertos que firman la declaración figuran los relatores especiales de la ONU para la promoción y protección de los derechos humanos en el contexto del cambio climático; del derecho a un medio ambiente limpio, sano y sostenible, y sobre los derechos de los pueblos indígenas.
También los integrantes de grupos de trabajo sobre campesinos y otras personas que trabajan en medios rurales; sobre personas de ascendencia africana; sobre discriminación contra las mujeres y las niñas, y sobre derechos humanos y empresas trasnacionales y otras empresas comerciales.
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