WASHINGTON – La crisis climática está empeorando y requiere cambios fundamentales en las sociedades, las economías y nuestra arquitectura financiera global como respuesta.
Mientras que la desigualdad económica extrema va en aumento —los multimillonarios del mundo poseen ahora más riqueza que todos los países excepto Estados Unidos y China—, los efectos del cambio climático también se sienten de forma desigual, y los pobres del Sur y del Norte global son los que corren mayor riesgo.
Este mes se celebran dos importantes encuentros de la ONU centrados en abordar la crisis climática y la arquitectura financiera global.
Uno de ellos, la 30 Conferencia de las Partes (COP30) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que desde el lunes 10 inunda la ciudad de Belém, en la Amazonia brasileña, y atrae la atención de los medios de todo el mundo.
En otro continente, en Nairobi, una reunión de la ONU que comenzó el mismo día recibe mucha menos atención, pero está diseñado para impulsar una cuestión que debe ser fundamental en la respuesta a la crisis climática: la justicia fiscal global.
Desde el lunes 10, los negociadores de los Estados miembros, junto con las organizaciones de la sociedad civil que han tratado de influir en el proceso, celebrarán una sesión de negociación formal para la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cooperación Fiscal Internacional.
Resulta extrañamente irónico que dos importantes reuniones de la ONU sobre el clima y los impuestos se celebren al mismo tiempo, aunque a miles de kilómetros de distancia.
De camino a Belém, se escribieron muchas informaciones sobre cómo los países del Norte global están incumpliendo sus compromisos de proporcionar miles de millones de dólares en «financiación climática» para ayudar a los países del Sur global a invertir en proyectos —como la defensa contra las inundaciones— para adaptarse a las realidades del cambio climático.
Sin embargo, rara vez se menciona la necesidad de mirar más allá de la ayuda y fijarse en el sistema de normas fiscales globales que priva a los países del Sur global de los recursos que necesitan.
Un informe publicado en la primera semana de noviembre por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (Pnuma) reveló que los países desarrollados solo proporcionaron 26 000 millones de dólares en «financiación internacional para la adaptación» a los países en desarrollo, muy por debajo de los 40 000 millones de dólares anuales comprometidos en la COP26, celebrada en la ciudad escocesa de Glasgow en 2021.
Mientras tanto, el mismo informe cifra los costes de adaptación entre 310 000 y 365 000 millones de dólares anuales para mediados de la década de 2030.
Curiosamente, el informe del Pnuma, que tiene su sede central e Mairobi, no dice nada sobre la necesidad de reformar las normas fiscales mundiales para aumentar el espacio fiscal y hacer posible el cumplimiento de los compromisos de financiación climática.
Es necesario promover la justicia fiscal mundial para colmar la «enorme brecha» que destaca el Pnuma entre lo que se ha comprometido y lo que se necesita para hacer frente a la crisis climática.
La OCDE (Organización de la Cooperación y Desarrollo Económicos) ha afirmado que los países sufren pérdidas de ingresos de entre 100 000 y 240 000 millones de dólares al año debido al traslado de beneficios por parte de las empresas transnacionales.
Una parte significativa de esa pérdida recae en los países del Sur global. Si esos fondos «perdidos» se recuperaran mediante cambios en las normas fiscales mundiales, los recursos podrían eclipsar las insignificantes sumas que aporta el Norte global.
Dado que los principales donantes del Norte global están recortando sus presupuestos de ayuda o cerrando por completo sus programas de ayuda (así se constata con el cierre de la Agencia de Estados Unidos para al Desarrollo Internacional, la Usaid), ahora debemos abordar el debate sobre la financiación climática con una perspectiva «posterior a la ayuda».
El ritual anual de destacar el incumplimiento de los compromisos de financiación climática por parte de los países del Norte global debe complementarse con crecientes demandas de justicia fiscal global, garantizando que los sistemas fiscales globales permitan a los países gravar la actividad económica allí donde se produce.
Una fiscalidad justa y progresiva debe formar parte del panorama post-ayuda, en particular para apoyar la capacidad de los países del Sur global de responder a la crisis climática con sus propios recursos financieros.
Mientras miles de activistas se concentran en Belém, un grupo de varias docenas de organizaciones de la sociedad civil, promovido por la Alianza Global para la Justicia Fiscal, participará en el proceso de negociación fiscal de la ONU en Nairobi.
Se necesitan urgentemente normas nuevas y eficaces que garanticen que las empresas multinacionales paguen lo que les corresponde, incluidas aquellas que impulsan más directamente la crisis climática.
Más allá de cerrar las lagunas fiscales, los países deben eliminar las subvenciones fiscales que incentivan la producción de combustibles fósiles.
En Estados Unidos, una investigación reciente de la Coalición para la Responsabilidad Financiera y la Transparencia Corporativa (Fact) ha revelado que los contribuyentes estadounidenses están subvencionando de facto la extracción de petróleo en el extranjero.
Otras investigaciones han revelado que las subvenciones fiscales y de otro tipo pueden hacer que algunos proyectos futuros de petróleo y gas parezcan económicamente viables cuando, sin estas exenciones, no lo son.
Afortunadamente, algunas conversaciones están empezando a tender puentes entre el clima y la fiscalidad, y los activistas de ambos bandos comprenden cada vez más que el movimiento climático global necesita la justicia fiscal para ganar.
En octubre, académicos y activistas se reunieron en Brasil para celebrar una conferencia sobre investigación política, en la que los organizadores afirmaron que «la convergencia de la justicia climática y la reforma fiscal es un imperativo ético, político y económico».
La ayuda exterior no vendrá al rescate, y el sector privado no invertirá en la adaptación climática a gran escala debido a la falta de incentivos adecuados.
Una vez que se calme la situación en Belém y Nairobi, los gobiernos, las organizaciones internacionales y los activistas deben encontrar nuevas formas de unir los debates sobre el clima y los impuestos para abordar la desigualdad global y la crisis climática.
Será una victoria para las personas y el planeta.
Ian Gary es director ejecutivo de la Coalición para la Responsabilidad Financiera y la Transparencia Corporativa (Fact).
