GINEBRA – Unos 260 000 civiles, atrapados en la sitiada ciudad de El Fasher, en el oeste de Sudán, enfrentan el riesgo inminente de atrocidades a gran escala a medida que se intensifican los combates a su alrededor, advirtió este jeves 2 el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk.
Sitiada durante 500 días en medio de la guerra que ejércitos rivales libran en Sudán desde abril de 2023, El Fasher “está al borde de una catástrofe aún mayor si no se toman medidas urgentes para aliviar el control armado sobre la ciudad y proteger a los civiles”, dijo Türk.
Advirtió el riesgo de abusos por motivos étnicos similares a los denunciados durante la ofensiva de las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) en el campamento de Zamzam (suroeste) en abril, cuando se cometieron actos de violencia sexual contra mujeres y niñas de la etnia zaghawa.
En Sudán, de 1,8 millones de kilómetros cuadrados y 50 millones de habitantes -cuatro millones huyeron a países vecinos debido a la guerra-, con mayoría de población árabe, se libra una lucha por el poder entre las rebeldes FAR y el ejército nacional o Fuerzas Armadas de Sudán (FAS).
Los jefes de los ejércitos que contienden son dos generales, Abdel Fattah al Burhan (FAS), actual presidente, y Mohamed Hamdan Dagalo (FAR), quienes fueron aliados para derrocar a un gobierno civil de transición en octubre de 2021, pero luego rompieron y sumieron al país en un costoso enfrentamiento armado.
Los desplazados internos por esa guerra pasan de ocho millones, creando una enorme crisis humanitaria, y centenares de miles se encuentran en campamentos -como los ubicados en El Fasher y Zamzam- que son blanco no solo de incursiones violentas sino de un cerco que les priva de bienes y servicios esenciales.
En El Fasher al menos 114 civiles murieron en bombardeos de artillería, ataques con drones e incursiones terrestres entre el 19 y el 30 de septiembre.
Los ataques se han dirigido contra infraestructuras civiles. El 19 de septiembre un ataque con drones contra una mezquita mató a 67 personas. Otras 23 perecieron el 30 de septiembre cuando se bombardeó un comedor comunitario en el barrio Abu Shouk que alberga un campamento de refugiados.
Türk expresó que “la crueldad de la situación se ve agravada por las constantes restricciones arbitrarias de las FAR al ingreso de alimentos y suministros esenciales a la ciudad, y por informes fidedignos de civiles torturados y asesinados por combatientes de las FAR”.
Türk subrayó la prohibición, conforme al derecho internacional humanitario, de utilizar la inanición de la población civil como método de guerra, y la obligación de proteger al personal humanitario, incluido el personal de respuesta local.
Türk dijo que las personas civiles en El Fasher deben ser protegidas, incluidos los ancianos, las personas con discapacidad y los pacientes de enfermedades crónicas.
También pidió un acceso inmediato y sin trabas a la ayuda humanitaria, ya que los residentes se enfrentan a la escasez de alimentos -en algunos campamentos se está al borde de la hambruna-, agua y atención médica.
“Se debe garantizar el paso seguro y voluntario de civiles fuera de El Fasher y durante todo su movimiento a lo largo de las rutas de salida clave y en los puestos de control controlados por diferentes actores armados”, agregó tras citar informes de ejecuciones, torturas, secuestros y saqueos durante los desplazamientos.
Desde mayo, las FAR han construido más de 30 kilómetros de muros de tierra alrededor de El Fasher, sofocando a la ciudad e impidiendo que quienes permanecen dentro puedan huir.
Los informes sobre el despliegue de drones de largo alcance por parte de las RSF en el sur de Darfur han aumentado los temores de una escalada en los próximos días.
A pesar de todo ello, “las atrocidades no son inevitables; pueden evitarse si todos los actores adoptan medidas concretas para respetar el derecho internacional, exigir respeto por la vida y la propiedad de los civiles y prevenir que se sigan cometiendo crímenes atroces”, dijo Türk.
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