NACIONES UNIDAS, 27 de octubre (IPS) – El continente africano ha estado monopolizado durante mucho tiempo por los gobernantes coloniales europeos, siendo Francia el país con mayor número de colonias, con más de 35 territorios, seguido de Gran Bretaña, con 32.
La era pasada del dominio colonial en el continente, «que en su día fue dividido y gobernado por potencias europeas ávidas de gloria imperial», ha llegado prácticamente a su fin, o casi.
En la actualidad, todos ellos son miembros de la Unión Africana (UA), integrada por 55 naciones.
Descrito como un territorio no autónomo del noroeste de África que lucha por la descolonización, el Sáhara Occidental es el último territorio colonial africano que aún no ha conseguido la independencia y es conocido como «la última colonia de África».
Con una población estimada de alrededor de 600 000 habitantes, es el territorio menos poblado de África y el segundo menos poblado del mundo, compuesto principalmente por llanuras desérticas.
Antigua colonia española, fue anexionada por Marruecos en 1975. Desde entonces, ha sido objeto de una larga disputa territorial entre Marruecos y su pueblo originario saharaui, liderado por el Frente Polisario.
El 30 de octubre, el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) tiene previsto votar un proyecto de resolución sobre el futuro de la Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum en el Sáhara Occidental (Minurso).
Según un informe publicado, Estados Unidos ha distribuido un proyecto de resolución que apoya el plan de autonomía de Marruecos de 2007 para el Sáhara Occidental como base para una solución mutuamente aceptable.
El borrador, que apoya la ampliación del mandato de la misión de la ONU, pide que se inicien las negociaciones sin condiciones previas basadas en la propuesta de Marruecos, enmarcándola como la «solución más factible» para una «autonomía genuina dentro del Estado marroquí» y una resolución duradera.
Stephen Zunes, profesor de Política y Estudios Internacionales de la Universidad de San Francisco y coautor de «Sáhara Occidental: Guerra, nacionalismo y conflicto irresuelto», declaró a IPS que la propuesta de autonomía se basa en la suposición de que el Sáhara Occidental forma parte de Marruecos, una afirmación que ha sido rechazada desde hace tiempo por las Naciones Unidas, la Corte Internacional de Justicia, la Unión Africana y un amplio consenso de la opinión jurídica internacional.
El Sáhara Occidental, señaló, es un Estado miembro de pleno derecho de la Unión Africana, y las Naciones Unidas lo reconocen como territorio no autónomo.
«Aceptar el plan de autonomía de Marruecos significaría que, por primera vez desde la fundación de las Naciones Unidas y la ratificación de la Carta de las Naciones Unidas hace ochenta años, la comunidad internacional respaldaría la expansión del territorio de un país por la fuerza militar, sentando así un precedente muy peligroso y desestabilizador, con graves implicaciones para las zonas de Ucrania ocupadas por Rusia, así como para los territorios ocupados por Israel», detalló Zunes.
Si el pueblo del Sáhara Occidental aceptara un acuerdo de autonomía en lugar de la independencia, como resultado de un referéndum libre y justo, argumentó, ello constituiría un acto legítimo de autodeterminación.
Sin embargo, Marruecos ha declarado explícitamente que su propuesta de autonomía «descarta, por definición, la posibilidad de que se presente la opción de la independencia» al pueblo del Sáhara Occidental, cuya gran mayoría —según observadores internacionales bien informados— está a favor de la independencia total.
El 24 de octubre, el representante del Frente Polisario ante las Naciones Unidas y coordinador con la Minurso, Sidi Mohamed Omar, envió una carta al embajador Vassily Nebenzia de Rusia, actual presidente del Consejo de Seguridad, en la que subrayaba la posición del Frente Polisario sobre el proyecto de resolución de los Estados Unidos.
«El Frente Polisario subraya que el proyecto de resolución, que refleja la posición nacional del redactor, supone una desviación muy peligrosa y sin precedentes no solo de los principios del derecho internacional que sustentan el Sáhara Occidental como cuestión de descolonización, sino también de la base sobre la que el Consejo de Seguridad ha abordado el Sáhara Occidental», dice la misiva.
Añade que «también contiene elementos que atacan los fundamentos del proceso de paz de las Naciones Unidas en el Sáhara Occidental y constituyen una grave violación del estatuto internacional del territorio».
Actuando en virtud de los capítulos pertinentes de la Carta de las Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad ha establecido de manera firme y consensuada la base de la solución y el proceso que conduce a ella, a saber, negociaciones bajo los auspicios del secretario general, sin condiciones previas y de buena fe, con miras a lograr una solución política justa, duradera y mutuamente aceptable.
Esa solución debe permitir la libre determinación del pueblo del Sáhara Occidental en el contexto de arreglos compatibles con los principios y propósitos de la Carta de las Naciones Unidas, según se indica en la carta.
Tal y como ha confirmado la Corte Internacional de Justicia, la soberanía sobre el Sáhara Occidental pertenece exclusivamente al pueblo saharaui, que tiene un derecho inalienable, no negociable e imprescriptible a la libre determinación, que debe ejercerse libre y democráticamente bajo los auspicios de las Naciones Unidas.
Por lo tanto, cualquier enfoque que establezca un marco prefijado para las negociaciones o predetermine su resultado, limite el libre ejercicio por parte del pueblo saharaui de su derecho a la autodeterminación o imponga una solución contra su voluntad es totalmente inaceptable para el Frente Polisario, según la carta de su representante.
De acuerdo a un informe del Consejo de Seguridad de octubre de 2025, una cuestión inmediata para el Consejo es renovar el mandato de la Monurso y considerar qué cambios, si los hay, son necesarios en el mandato de la misión.
La cuestión subyacente sigue siendo cómo facilitar una solución viable y duradera al prolongado estancamiento sobre el estatuto del Sáhara Occidental.
Dos posiciones fundamentalmente divergentes han dificultado la resolución del conflicto.
Por un lado, la reivindicación del Frente Polisario del derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación, que ha sido reconocida por la Corte Internacional de Justicia en su opinión consultiva de 16 de octubre de 1975 y respaldada por varios Estados miembros.
Numerosas resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, como la resolución A/RES/34/37, han afirmado el «derecho inalienable del pueblo del Sáhara Occidental» a la autodeterminación y la independencia.
El Consejo también ha pedido una «solución política justa, duradera y mutuamente aceptable que permita la autodeterminación del pueblo del Sáhara Occidental».
Por otra parte, Marruecos reclama la soberanía sobre el territorio, y su Plan de Autonomía ha recibido el apoyo de un número cada vez mayor de Estados miembros en los últimos años. En 2007, el Consejo aprobó la resolución 1754, que, en sus párrafos preambulares, tomó nota de la propuesta de Marruecos y acogió con satisfacción los esfuerzos de Marruecos, que consideró serios y creíbles, para hacer avanzar el proceso hacia una solución.
El proceso de paz sigue enfrentándose a importantes obstáculos. Las hostilidades han persistido con una intensidad baja a media, sin llegar a una confrontación a gran escala. Además, Marruecos controla más de tres cuartas partes del territorio del Sáhara Occidental y ha realizado importantes inversiones en la región, incluido un proyecto portuario de 1200 millones de dólares en Dajla.
Además, actualmente los colonos de origen marroquí representan casi dos tercios de los aproximadamente medio millón de residentes del Sáhara Occidental, en una estrategía del gobierno de Rabat para limitar el dominio de los saharauis del territorio.
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Ampliando la información, Zunes afirmó: «Incluso si se adopta una actitud desdeñosa hacia el derecho internacional, también existen una serie de preocupaciones prácticas con respecto a la propuesta marroquí»
Añadió que «una de ellas es que el historial de respeto a la autonomía regional por parte de los Estados autoritarios centralizados es bastante pobre, como en el caso de Eritrea y Kosovo, que solo obtuvieron la independencia tras una larga y sangrienta lucha, y más recientemente en Hong Kong».
Basándose en la costumbre de Marruecos de incumplir sus promesas a la comunidad internacional en relación con el referéndum sobre el Sáhara Occidental exigido por la ONU y las obligaciones derivadas del acuerdo de alto el fuego de 1991, afirmó que hay pocos motivos para confiar en que Marruecos cumpla sus promesas de conceder una autonomía genuina al Sáhara Occidental.
«Una lectura detenida de la propuesta plantea dudas sobre el grado de autonomía que se ofrece realmente. Cuestiones importantes como el control de los recursos naturales del Sáhara Occidental y la aplicación de la ley (más allá de las jurisdicciones locales) siguen siendo ambiguas», consideró Zunes.
Además, señaló, la propuesta parece indicar que todas las competencias no atribuidas específicamente a la región autónoma seguirían en manos de Marruecos.
De hecho, el autocrático rey de Marruecos está investido en última instancia de autoridad absoluta en virtud del artículo 19 de la Constitución marroquí.
Por ello, la insistencia de la propuesta de autonomía en que el Estado marroquí «mantendrá sus poderes en los ámbitos reales, especialmente en lo que respecta a la defensa, las relaciones exteriores y las prerrogativas constitucionales y religiosas de Su Majestad el Rey», parece otorgar al monarca autocrático un considerable margen de interpretación.
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