BRATISLAVA – A poco menos de un año del frágil alto el fuego, 150 000 personas en el sur del Líbano siguen lidiando con las consecuencias potencialmente letales de los bombardeos israelíes, lo que pone de relieve los devastadores efectos a largo plazo del conflicto en Medio Oriente.
Un informe publicado a finales de agosto por Acción contra el Hambre, Insecurity Insight y Oxfam afirma que al menos 150 000 personas siguen sin agua corriente en todo el sur del Líbano después de que los ataques israelíes dañaran y destruyeran gran parte de las instalaciones de saneamiento e higiene (Wash, en inglés) desde el comienzo del conflicto en el Líbano.
El informe, titulado «Cuando las bombas cierran los grifos: el impacto del conflicto en las infraestructuras hídricas del Líbano», pone de manifiesto los efectos inmediatos y a largo plazo de los repetidos ataques contra las infraestructuras hídricas libanesas entre octubre de 2023 y abril de 2025.
Según el informe, más de 30 pueblos se quedaron sin conexión al agua corriente, lo que provocó una interrupción a largo plazo del suministro de agua potable, lo que aumentó la dependencia del transporte de agua en camiones, que muchas personas no pueden permitirse, y, según el Banco Mundial, pérdidas estimadas en 171 millones de dólares en los sectores del agua, las aguas residuales y el riego.
La grave escasez de lluvias en los últimos meses ha agravado el problema, aumentando el riesgo de brotes de enfermedades transmitidas por el agua, ya que las comunidades vulnerables se ven obligadas a recurrir a fuentes de agua inseguras o contaminadas para sus necesidades diarias.
Sin embargo, los grupos responsables del informe advierten de que, si no se toman medidas para mitigar la situación, esta podría empeorar aún más.
«Podemos ver que estos ataques pueden tener graves repercusiones a largo plazo. En este momento hay 150 000 personas sin agua corriente, pero esa cifra podría aumentar en el futuro», dijo a IPS Suzanne Takkenberg, directora nacional de Acción contra el Hambre.
Una de las mayores preocupaciones de los grupos es el efecto de la destrucción en la agricultura local.
En las aldeas cercanas a la frontera sur del Líbano, las redes de riego de los agricultores han sido destruidas, lo que ha cortado el suministro de agua vital para las granjas. El agua transportada en camiones no ha sido suficiente para reemplazarla y permitirles regar la tierra o dar agua potable a su ganado, según afirman los agricultores.
Mientras tanto, los agricultores tampoco han podido acceder a sus tierras por motivos de seguridad —el alto el fuego de noviembre de 2024 entre Israel y la milicia armada libanesa Hezbolá solo se ha mantenido en parte, con violaciones que se denuncian regularmente—, lo que agrava los problemas con la producción de alimentos.
«Una de nuestras principales preocupaciones son los efectos a medio y largo plazo de las dificultades que tienen los agricultores para regar sus tierras», explicó Takkenberg.
Detalló después que «llevan desde octubre de 2023 luchando por regar sus tierras, debido a los problemas de seguridad que les impiden acceder a ellas, así como a los problemas de agua. Como consecuencia de estos ataques, hemos visto cómo han aumentado los precios de los alimentos y ha disminuido la productividad alimentaria».
Otra preocupación es la creciente dependencia de las comunidades del agua transportada en camiones.
«Es preocupante que la gente se esté volviendo dependiente del agua transportada en camiones. A veces es diez veces más cara que el agua de la red pública, y los controles a los que se somete no son los mismos que los que se realizan en las redes públicas de suministro de agua», dijo Takkenberg.
Precisó que «la calidad del agua después de cualquier tipo de conflicto es motivo de preocupación y, sin duda, nos preocupa en el sur del Líbano después de estos ataques».
Las enfermedades relacionadas con la calidad y la escasez del agua son motivo de gran preocupación.
El informe afirma que las personas entrevistadas no informaron de enfermedades transmitidas por el agua o relacionadas con ella, pero algunas destacaron los limitados recursos disponibles para analizar la calidad del agua y su posible contaminación. También existe la preocupación de que el agua pueda haber sido contaminada por fósforo blanco, cuyo uso en el Líbano ha sido verificado por Human Rights Watch.
Por otra parte, existe la preocupación de que los residentes puedan recurrir al uso de fuentes de agua inseguras debido a los suministros limitados, una situación agravada por las escasas precipitaciones y la escasez de agua en los embalses críticos.
Los funcionarios locales entrevistados para el informe también destacaron los daños sufridos por las redes de alcantarillado en algunas zonas.
Esto, junto con los daños a gran escala conocidos en las infraestructuras hídricas y la posibilidad de que las infraestructuras de alcantarillado dañadas hayan contaminado las fuentes de agua, aumenta el potencial de efectos negativos a largo plazo para la salud si no se aborda adecuadamente la crisis del suministro de agua, según el informe.
También indica pruebas de Etiopía, Ucrania y Oriente Medio que demuestran una clara relación entre los daños a las infraestructuras de agua y saneamiento durante los conflictos y los efectos adversos para la salud pública.
«La gente está reduciendo su consumo de agua, lo que puede afectar a la salud y la higiene y aumentar el riesgo de enfermedades: el cólera ya es una epidemia en el Líbano y esta situación podría agravarla», dijoTakkenberg.
«También podrían propagarse otras enfermedades. Ya hemos visto casos de diarrea acuosa, que no solo es mala en sí misma, sino que también puede causar problemas de malnutrición en los niños, ya que sus cuerpos tienen dificultades para absorber los nutrientes», agregó.
Pero aunque el impacto potencial a largo plazo de los daños y la destrucción de las infraestructuras hídricas es grave, una actuación temprana podría mitigar los peores resultados posibles, según los expertos.
«Existe una necesidad urgente de reparar los sistemas y, mientras esto se lleva a cabo, de realizar un seguimiento del agua en la zona. Las consecuencias de la destrucción del sistema de agua rara vez son inmediatas», dijo a IPS la directora de Insecurity Insight, Christina Wille.
Añadió que «en la mayoría de los casos, los efectos se acumulan con el tiempo. Es la combinación de la destrucción de las infraestructuras con la falta de reparación, el transporte insuficiente de agua en camiones cisterna o la falta de acceso al agua transportada en camiones lo que, en última instancia, produce resultados devastadores para las personas y las comunidades».
«Por eso la destrucción de las infraestructuras exige una atención especial: si no se mitiga de forma eficaz, las consecuencias en cadena son inevitables. Las personas pueden verse obligadas a marcharse, lo que aumentaría el número de poblaciones desplazadas, o pueden enfermar», consideró.
Sin embargo, dijo Wille, «también existe la oportunidad, si se aborda pronto la infraestructura dañada, de evitar los peores resultados del desplazamiento y las enfermedades y de salvar vidas».
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Pero, si bien la reparación y la reconstrucción de las infraestructuras hídricas son esenciales para prevenir los efectos más graves a largo plazo en las comunidades locales, su implementación es otra cuestión.
Las autoridades han logrado llevar a cabo algunas reparaciones limitadas en algunas redes, pero los problemas relacionados con la presencia continuada de las fuerzas israelíes y la preocupación por la violencia del conflicto en curso han impedido una reconstrucción a mayor escala o más extensa.
Las finanzas para las reparaciones también se ven afectadas por la crisis socioeconómica que atraviesa el país desde 2019.
«Los brotes de enfermedades son muy predecibles y el coste de no hacerles frente es mucho peor que el de hacerles frente ahora. El Ministerio de Sanidad ha hecho bien en advertir [de los posibles riesgos para la salud], pero hay un límite a lo que el Gobierno puede hacer con los recursos disponibles tras años de crisis económica. Es una situación muy difícil», afirmó Takkenberg.
El informe concluye con un llamamiento, entre otros, a todas las partes en conflicto para que cumplan estrictamente el acuerdo de alto el fuego y se adhieran al derecho internacional humanitario (DIH) y garanticen la protección de los civiles, los trabajadores sanitarios y las infraestructuras esenciales.
Insta a los programadores humanitarios y a los donantes a que apoyen la rehabilitación y la puesta en funcionamiento de las infraestructuras hidráulicas afectadas por el conflicto y garanticen el acceso temporal al agua potable y a los servicios básicos de saneamiento mediante el suministro de camiones cisterna, puntos de agua de emergencia y sistemas seguros de evacuación de aguas residuales.
El informe también afirma que los Estados miembros de las Naciones Unidas deben impulsar la realización de investigaciones independientes, imparciales y transparentes sobre todas las denuncias de violaciones del DIH.
Las imágenes satelitales que se muestran en el informe indican que, al menos en varios incidentes, las instalaciones dañadas o destruidas se encontraban en grandes áreas abiertas sin objetivos militares claramente identificables, lo que sugiere que, en algunos casos, pueden haber sido atacadas de forma específica y deliberada.
Los autores del informe señalan que, en virtud del DIH, las partes en un conflicto deben distinguir siempre entre objetivos militares legítimos y civiles y bienes de carácter civil, y que atacar deliberadamente a civiles y bienes de carácter civil está prohibido y constituye un crimen de guerra.
Los distintos tipos de infraestructuras hídricas están protegidos como bienes de carácter civil en virtud del DIH y nunca deben ser atacados.
«Para determinar si cada incidente atacó deliberadamente infraestructuras hidráulicas sería necesario tener acceso a decisiones militares confidenciales, que no están disponibles, así como a información sobre si había objetivos militares en el momento de los ataques»m afirmó Whille.
«Nuestros datos se limitan a los efectos observables sobre el terreno tras los ataques. No obstante, la magnitud y la naturaleza de los daños observados plantean serias dudas sobre el cumplimiento del derecho internacional humanitario, que rige la conducción de las hostilidades», añadió.
Aunque tal vez no sea posible determinar si los ataques fueron deliberados, su impacto es evidente y pone de relieve la necesidad de examinar no solo los efectos directos, sino también los indirectos del conflicto, puntializó Wille.
«Las muertes por conflicto no son solo directas (causadas por armas), sino también indirectas, cuando la destrucción de los sistemas produce consecuencias acumulativas y mortales. Cuanto más complejas e interconectadas se vuelven nuestras sociedades, especialmente en lo que respecta al abastecimiento de alimentos y agua, más vulnerables son a esas crisis sistémicas», explicó.
Al mismo tiempo, según Wille, «resulta más difícil atribuir los resultados devastadores a un único acto de destrucción».
«Por eso debemos aprender a examinar los conflictos desde la perspectiva de los sistemas y la interconectividad, y aplicar este conocimiento a nuestro análisis jurídico de la conducción de la guerra», afirmó.
A su juicio, «el público debe plantear preguntas más directas sobre la conducción de la guerra y cómo se están aplicando los principios de distinción, proporcionalidad y precaución».
«Necesitamos un debate más amplio sobre cómo deben interpretarse estos principios en los conflictos actuales. Las sociedades modernas dependen de infraestructuras muy interconectadas y complejas para garantizar necesidades básicas como la alimentación y el agua, mientras que la guerra se libra cada vez más a distancia mediante tecnologías avanzadas», remarcó Ville.
En este contexto, inquirió, «¿qué se considera proporcional? ¿Y qué tipo de precauciones son necesarias en el mundo actual?»
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