LONDRES – Mientras se termina de desarrollar la semana inaugural de alto nivel de la 80 Asamblea General de la ONU, con los jefes de Estado pronunciando discursos a menudo interesadas desde la tribuna de la ONU, la organización atraviesa una de sus peores crisis desde su fundación hace 80 años.
La Asamblea General de este año, aparentemente centrada en el desarrollo, los derechos humanos y la paz, se ha celebrado en un momento en que las guerras se extienden por varios continentes, los objetivos climáticos se están incumpliendo peligrosamente y la institución diseñada para abordar estos retos globales se está viendo mermada por los recortes de financiación y las retiradas políticas.
Una comisión de la ONU acaba de determinar que Israel está cometiendo genocidio en Gaza, mientras que el Estado israelí ha intensificado recientemente su campaña de violencia con el bombardeo de Qatar.
Mientras tanto, la guerra de Rusia contra Ucrania amenaza con extenderse con su reciente lanzamiento de drones contra Polonia y su incursión en el espacio aéreo de Estonia.
Los conflictos continúan en Myanmar, Sudán y muchos otros países, a pesar de las esperanzas fundamentales de la ONU de garantizar la paz, la seguridad y el respeto de los derechos humanos.
La administración de Donald Trump ha abandonado el multilateralismo en favor de acuerdos bilaterales transaccionales, al tiempo que encabeza una retirada de la financiación de los donantes que está afectando duramente tanto a la ONU como a la sociedad civil.
El gobierno de Estados Unidos también ha repudiado los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), las ambiciosas y progresistas metas que todos los Estados acordaron en 2015, pero que ahora están muy lejos de alcanzarse.
Las múltiples y crecientes crisis actuales exigen una ONU eficaz y poderosa, pero al mismo tiempo hacen que esto sea menos probable.
Los recortes se ciernen sobre la ONU
En la reunión de los líderes de los Estados, uno de los puntos del orden del día es la iniciativa ONU80. Lanzada en marzo, se presenta como un proceso de reforma para conmemorar el 80 aniversario de la ONU.
Sin embargo, como reflejo de los efectos de la crisis de financiación, se trata ante todo de una campaña de recorte de gastos. La reducción de la ayuda de los donantes —no solo por parte de Estados Unidos, sino también de otros Estados donantes consolidados como Francia, Alemania y el Reino Unido, a menudo en favor del gasto militar— está teniendo un impacto global.
La ONU se ve afectada tanto por los Estados que no pagan sus contribuciones obligatorias, o las retrasan durante largos periodos, como por la falta de financiación de iniciativas que dependen de apoyo voluntario adicional.
En lo que respecta a las contribuciones obligatorias, los Estados más poderosos son los que más deben, con Estados Unidos a la cabeza con una deuda de aproximadamente 1500 millones de dólares, seguido de China con cerca de 600 millones. Mientras tanto, la falta de financiación voluntaria está afectando especialmente a la labor en materia de derechos humanos, que siempre ha sido la parte menos financiada del trabajo de la ONU.
En junio, el jefe de derechos humanos de la ONU, Volker Türk, anunció que 18 actividades encomendadas por las resoluciones del Consejo de Derechos Humanos no se llevarían a cabo debido a la escasez de recursos. En un mundo desgarrado por conflictos repugnantes, las investigaciones sobre derechos humanos en Palestina, Sudán y Ucrania no pueden funcionar ni de lejos a pleno rendimiento.
El déficit de financiación, agravado por la retirada de la administración Trump de organismos y acuerdos clave de la ONU, ha obligado a la organización a planificar un recorte presupuestario del 20 % en 2026. Esto puede suponer la eliminación de unos 7000 puestos de trabajo de su plantilla de 35 000 personas, la fusión de algunas agencias, el cierre de oficinas y la reubicación de funciones a lugares más baratos.
Sin duda, la ONU es un conjunto de instituciones poco manejables y excesivamente burocráticas, y sería sorprendente que no se pudieran realizar algunos ahorros en materia de eficiencia.
Si el personal se traslada de los costosos centros del norte global a ubicaciones más baratas del sur global, esto podría ayudar a los organismos y al personal de la ONU a comprender mejor las realidades del sur global y mejorar el acceso de los grupos de la sociedad civil que tienen dificultades para viajar a los lugares clave de Ginebra y Nueva York, especialmente teniendo en cuenta las nuevas restricciones de viaje de la administración Trump, aunque esa no sería la razón de la reubicación.
Pero los recortes propuestos significan que la ONU está planeando hacer menos de lo que ha hecho hasta ahora, en un momento en que los problemas son mayores que en décadas. Teniendo esto en cuenta, las decisiones sobre las prioridades de la ONU no deben dejarse solo en manos de sus funcionarios o de los Estados. La sociedad civil debe poder opinar.
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La sociedad civil ya tiene un acceso demasiado limitado a los procesos de la ONU. Durante la semana de alto nivel, incluso las organizaciones de la sociedad civil que normalmente están acreditadas para acceder a la ONU quedan excluidas de los eventos.
Los procesos de reforma, como la Cumbre del Futuro del año pasado, también han quedado muy por debajo del acceso necesario.
Las propuestas de la sociedad civil para mejorar la situación, empezando por la creación de un enviado de la sociedad civil, una innovación de bajo coste para ayudar a coordinar la participación de la sociedad civil en toda la ONU, no han sido aceptadas.
Ahora, incluso el limitado acceso de la sociedad civil podría verse aún más restringido. El Consejo de Derechos Humanos ya está acortando las sesiones, lo que reduce las oportunidades disponibles para la sociedad civil. Los recortes propuestos tendrían un impacto desproporcionado en la labor de la ONU en materia de derechos humanos.
En nombre de la eficiencia, la ONU podría acabar siendo menos eficaz si se vuelve aún más centrada en los Estados y menos dispuesta a defender el derecho internacional de los derechos humanos. Los Estados que violan sistemáticamente los derechos humanos solo pueden beneficiarse de los menores niveles de escrutinio que ello conlleva.
La sociedad civil es una voz esencial en cualquier conversación sobre qué tipo de ONU necesita el mundo y cómo hacer que se adapte a su propósito. Es urgente incluirla si la ONU quiere tener alguna esperanza de cumplir su promesa fundacional de servir a «nosotros, los pueblos».
Andrew Firmin es redactor jefe de Civicus, codirector y redactor de Civicus Lens y coautor del Informe sobre el Estado de la Sociedad Civil de la organización.
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