LONDRES – Es temporada alta de vacaciones en Europa y América del Norte, y la gente acude en masa a las playas y se agolpa en los centros urbanos. Forman parte de una enorme industria: el año pasado, la cuota del sector de los viajes y el turismo en la economía mundial se situó en 10,9 billones (millones de millones) de dólares, alrededor de 10 % del producto interno bruto (PIB) mundial.
Pero los residentes de los destinos turísticos son muy conscientes de las desventajas: el número abrumador de visitantes, los cambios permanentes en sus barrios, el comportamiento antisocial, la saturación de los servicios locales, el impacto medioambiental, incluida la basura y la contaminación, y el aumento vertiginoso de los precios de la vivienda.
El turismo excesivo se produce cuando la industria afecta sistemáticamente a la calidad de vida de los residentes. Se trata de un problema creciente, que se refleja en las recientes protestas en varios países, en las que grupos de la sociedad civil de base exigen enfoques más sostenibles.
Protestas de los residentes
En junio se produjeron protestas coordinadas en toda Europa. En Barcelona, una ciudad española de 1,6 millones de habitantes que recibe 32 millones de visitantes al año, la Asamblea de Barrios por el Decrecimiento Turístico organizó una protesta en la que la gente tapó con cinta adhesiva las entradas de los hoteles, lanzó bombas de humo y pistolas de agua.
En Génova, los manifestantes arrastraron una réplica de un crucero por el laberinto de callejuelas del centro medieval de la ciudad italiana para poner de relieve el impacto del turismo de cruceros. Las acciones se habían coordinado en una reunión celebrada en abril entre representantes de Francia, Italia, Portugal y España, que formaron la Red Sur Europea contra la Turistificación.
No eran las primeras protestas. En mayo, miles de personas salieron a las calles de las Islas Canarias, en España, mientras que el año pasado hubo protestas en varias ciudades europeas. Más recientemente, los residentes de Montmartre, en París, colgaron pancartas en sus casas señalando cómo el turismo excesivo está cambiando su barrio.
Los grupos de la sociedad civil están tomando medidas que van más allá de las protestas. En los Países Bajos, el grupo de residentes Amsterdam Has a Choice está amenazando con emprender acciones legales contra el ayuntamiento.
En 2021, a raíz de una petición impulsada por la sociedad civil, el ayuntamiento estableció un límite de 20 millones de pernoctaciones turísticas al año.
Sin embargo, las investigaciones muestran que este límite se ha superado constantemente. Ahora, el grupo podría llevar al ayuntamiento a los tribunales para que lo cumpla.
La gente protesta en varios países porque se enfrenta al mismo problema: el exceso de turismo está cambiando sus comunidades y, cada vez más, los está expulsando.
Repercusiones del exceso de turismo
El turismo puede crear puestos de trabajo, pero a menudo se trata de empleos mal remunerados o estacionales, con pocos derechos laborales y escasas oportunidades de progresar profesionalmente. En los lugares con un turismo intensivo, los negocios cotidianos de los que dependen los residentes suelen ser sustituidos por otros orientados al turismo, y las empresas establecidas se ven expulsadas por los altos alquileres.
El impacto medioambiental puede afectar a los residentes, mientras que los turistas están protegidos: los activistas de Ibiza se quejan de que la escasez de agua les obliga a sufrir restricciones, pero los hoteles no tienen esas limitaciones. Las zonas comunes de las que antes dependían los residentes, como las playas y los parques, pueden quedar saturadas y degradadas.
En última instancia, las comunidades pueden convertirse en escenarios y lugares de explotación, lo que afecta a cuestiones fundamentales de identidad y pertenencia. Por eso, un movimiento en España se autodenomina «Menos turismo, más vida».
El coste de la vivienda es una de las principales preocupaciones de las protestas contra el turismo excesivo.
En muchos países, los costes de compra o alquiler de una vivienda se están disparando, superando con creces los salarios. Los jóvenes se ven especialmente afectados, ya que se ven obligados a destinar una parte cada vez mayor de sus ingresos al alquiler.
El turismo está impulsando el uso creciente de propiedades para alquileres vacacionales de corta duración en lugar de residencias permanentes.
Las personas que viven en zonas turísticas han visto cómo sus viviendas, que antes eran viables, se compraban como inversión para alquileres de corta duración, lo que ha provocado una pérdida de viviendas disponibles y ha hecho subir el precio de las que quedan.
Las personas que viven en bloques de apartamentos que se han destinado en su mayoría al alquiler de corta duración se quejan de que sus comunidades se están vaciando: carecen de vecinos, pero a menudo tienen que soportar comportamientos antisociales.
El sector suele estar poco regulado y los propietarios pueden encontrar fácil ignorar las normas y eludir los impuestos. Solo en España se calcula que hay 66 000 viviendas turísticas ilegales.
Medidas necesarias
Las protestas contra el turismo excesivo acapararon los titulares el año pasado cuando un grupo roció con agua a turistas en Barcelona.
Pero, en general, los manifestantes dejan claro que no quieren atacar a los turistas y que no les mueve la xenofobia. Quieren un equilibrio justo entre los turistas que disfrutan de sus vacaciones y los residentes que quieren vivir su vida. Quieren que quienes se benefician del turismo paguen su parte correspondiente para solucionar los problemas.
Las protestas están surtiendo efecto, y las autoridades están tomando medidas para controlar los alquileres vacacionales.
El año pasado, un tribunal español ordenó la retirada de casi 5000 anuncios de Airbnb tras una denuncia por incumplimiento de la normativa turística. La alcaldía de Barcelona ha anunciado planes para eliminar los alquileres turísticos a corto plazo en un plazo de cinco años, negándose a renovar las licencias cuando expiren.
Las autoridades de Lisboa han suspendido la concesión de licencias de alquiler a corto plazo, y las de Atenas han introducido una prohibición de un año para los nuevos registros. Esto sigue dejando muchas lagunas normativas en muchos países, y los gobiernos nacionales y locales deberían colaborar con los activistas para seguir desarrollando la normativa.
Muchas autoridades locales también han implantado impuestos turísticos, mientras que Venecia ha comenzado a cobrar una tasa de acceso en temporada alta a los no residentes y Atenas ahora asigna franjas horarias para gestionar el número de visitantes al Partenón.
Puede leer aquí la versión en inglés de este artículo.
Es importante que los impuestos y las tasas no se utilicen simplemente para obtener más dinero de los turistas o frenar la demanda; el dinero generado debe ayudar directamente a las comunidades afectadas y mitigar los daños causados por el exceso de turismo.
Las autoridades también deben ser más cuidadosas con las decisiones de marketing que toman y considerar si están promoviendo el turismo de forma excesiva. Las campañas de marketing deben tratar de sensibilizar a los visitantes sobre el impacto que pueden tener y animarles a tomar decisiones que lo minimicen.
Los movimientos que luchan contra el turismo excesivo seguramente crecerán, conectando a grupos preocupados por cuestiones medioambientales, de vivienda y laborales a medida que el problema se agrave y el cambio climático ejerza una presión aún mayor sobre los escasos recursos.
Las preocupaciones por el turismo excesivo son, en última instancia, una expresión de la frustración ante un problema mayor: que las economías no funcionan en beneficio de la mayoría de la población.
Los Estados y la comunidad internacional deben abordar urgentemente la cuestión de cómo hacer que las economías sean más justas, sostenibles y menos extractivas, y deben escuchar a los movimientos contra el turismo excesivo que están ayudando a dar la voz de alarma.
Andrew Firmin es redactor jefe de Civicus, codirector y redactor de Civicus Lens y coautor del Informe sobre el Estado de la Sociedad Civil de la organización.
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