NACIONES UNIDAS – Una encuesta realizada en todo el sistema de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre la explotación y el abuso sexuales (EAS), descritos como «graves violaciones de los derechos humanos», ha revelado que en 2024 se denunciaron 675 presuntos casos.
Un mensaje de la ONU al personal a mediados de agosto afirma que «se cree ampliamente» que se trata de una «subestimación significativa», ya que las cifras reales podrían ser mucho más elevadas.
En 2023 se recibieron 758 denuncias, frente a las 534 del año anterior y las 265 de 2018.
De la cifra de 2023, más de la mitad, 384, estaban relacionadas con personal de la ONU y personal afiliado. El resto se refería a personal de socios y fuerzas militares no pertenecientes a la ONU que no están bajo la autoridad de esta organización.
Los riesgos aumentaron significativamente el año pasado, con un aumento sin precedentes de las crisis humanitarias y una reducción significativa de la financiación, especialmente en contextos complejos y de alto riesgo en los que opera la ONU, según esta organización.
El plazo para la encuesta de este año se ha ampliado hasta el 5 de septiembre.
En un mensaje dirigido al personal, el coordinador especial de las Naciones Unidas para mejorar la respuesta de la ONU a la explotación y el abuso sexuales afirma: «Queremos dar las gracias a todos los que han completado la encuesta hasta ahora; su participación refleja su firme compromiso con nuestros valores, que garantizan un entorno seguro y respetuoso, libre de conductas sexuales inapropiadas».
«Su opinión es importante. Animamos a quienes aún no hayan completado la encuesta a que aprovechen este breve periodo de prórroga para expresar sus opiniones. Su voz es importante para identificar los retos y ayudar a reforzar nuestros esfuerzos colectivos para prevenir y responder a la explotación y el abuso sexuales en todo el sistema», añade.
Y subraya que «sus comentarios ayudan a dar forma a un cambio real: las aportaciones del año pasado permitieron adoptar medidas concretas y específicas para abordar casos concretos de explotación, abuso y acoso sexuales, junto con mejoras en la forma en que protegemos a las personas de las conductas sexuales inapropiadas».
¿Por qué participar? La ONU afirma:
• Utilizamos sus comentarios para mejorar la forma en que prevenimos y abordamos las conductas sexuales inapropiadas.
• Es confidencial: todas las respuestas son anónimas.
• Es rápido y fácil: ¡solo le llevará unos minutos!
• Es inclusiva: una vez más, la encuesta está disponible en siete idiomas (los seis idiomas oficiales de la ONU más el portugués), y hemos actualizado el lenguaje de la encuesta para garantizar la accesibilidad tanto al personal de la ONU como al de las oenegés.
Aunque se han logrado avances desde 2017 gracias al establecimiento de nuevos marcos, políticas y procedimientos, según la ONU, la explotación y el abuso sexuales siguen produciéndose en todo el sistema de la ONU, especialmente en las fuerzas de mantenimiento de la paz.
Shihana Mohamed, cofundadora y una de las coordinadoras de la Red Asiática de las Naciones Unidas para la Diversidad y la Inclusión (UN-Andi), dijo a IPS que esa red se opone firmemente a todas las formas de discriminación, abuso, racismo, prejuicios y acoso, incluidos la explotación y el abuso sexuales, el acoso sexual y el abuso de poder y autoridad.
«La explotación y el abuso sexuales en el sistema de las Naciones Unidas no son incidentes aislados, sino síntomas de patrones más profundos e interrelacionados de racismo, prejuicios y desequilibrios de poder arraigados que silencian a las víctimas y erosionan la confianza institucional», señaló.
La encuesta de la UN-Andi reveló que 17 % del personal de origen asiático había sufrido acoso o discriminación, incluyendo amenazas, abuso emocional e incluso agresiones físicas. Cuando más de 60 % denuncia experiencias de racismo y más de la mitad se siente invisible en su lugar de trabajo, el mensaje es claro: la discriminación sistémica alimenta una cultura en la que persiste el abuso y la justicia está fuera de alcance.
Estas cifras no son solo estadísticas, sino una clara denuncia de un sistema en el que la discriminación sistémica fomenta una cultura en la que el abuso se normaliza y la justicia se niega de forma habitual, argumentó.
«Como organismo normativo mundial, las Naciones Unidas no pueden permitirse limitarse a mantener una postura de tolerancia cero. Deben perseguir activamente una realidad de cero incidentes, incorporando la rendición de cuentas tanto en sus políticas como en la conducta de su personal a todos los niveles», dijo Mohamed.
Proteger la dignidad requiere hacer frente no solo a las conductas indebidas individuales, sino también a las estructuras y culturas que permiten que persistan la explotación sexual y otros abusos.
La justicia, la equidad y la seguridad no pueden ser valores a los que aspirar, sino que deben vivirse, aplicarse e institucionalizarse, declaró Mohamed, ciudadana de Sri Lanka y beneficiaria de la Beca de Voces Públicas para el avance de los derechos de las mujeres y las niñas de la organización mundial Equality Now (Igualdad Ahora).
El portavoz adjunto de la ONU, Farhan Haq, dijo a los periodistas: «Nuestro enfoque, centrado en los derechos y las necesidades de las víctimas, continúa».
«Estamos intensificando los esfuerzos para defender los derechos de las víctimas y poner fin a la impunidad. Esto también incluye la colaboración con los Estados miembros para facilitar la resolución de las reclamaciones de paternidad», añadió.
Sanam Naraghi Anderlini, fundadora y directora ejecutiva de la Red Internacional de Acción de la Sociedad Civil (Ican, en inglés), declaró a IPS: «Han pasado 25 años desde la conferencia y la declaración de Windhoek, cuando los Estados miembros y las Naciones Unidas se comprometieron a poner fin al abuso y la explotación sexual de las mujeres y las niñas por parte de las fuerzas de mantenimiento de la paz en las comunidades que tienen el mandato de proteger».
«Tenemos la resolución 1325 del Consejo de Seguridad y otras resoluciones del Consejo de Seguridad. Ha habido innumerables recomendaciones prácticas para mitigar esos abusos», afirmó.
Por ejemplo, se recomendó tomar simples muestras de ADN de la boca de todo el personal de mantenimiento de la paz y de las Naciones Unidas enviado al terreno. De esta manera, cualquier denuncia de abuso o explotación sexual podría verificarse de inmediato. «Sin embargo, los dirigentes de las Naciones Unidas rechazaron la recomendación en ese momento, alegando motivos de derechos humanos y privacidad del personal internacional», señaló.
Los abusadores deben ser investigados y rendir cuentas en sus propios países de origen. Pero esto rara vez ocurre.
«Sin embargo, esos países siguen proporcionando fuerzas de mantenimiento de la paz. ¿Por qué? Debería existir una norma que impidiera a cualquier Estado miembro contribuir con tropas en caso de incidentes de abuso y explotación sexuales, hasta que se abordaran la formación y las condiciones a nivel nacional», aseguró Naraghi Anderlini, también una galardonada autora británica-iraní y activista en temas que vinculan a la mujer con la paz y la seguridad.
Recordó que son muchas las organizaciones y comunidades vinculadas con la ONU que «llevamos mucho tiempo pidiendo que se incremente el reclutamiento y el despliegue de mujeres como fuerzas de paz. Las pruebas demuestran que con solo 5 % más de mujeres en las misiones, se reduce en 50 % las EAS».
Pero, añadió, siguen siendo muy pocas las mujeres «a las que se recluta o se les da oportunidad de servir».
«En resumen: cuando no hay voluntad política ni liderazgo para abordar estas cuestiones, siguen sin resolverse», dijo.
La tragedia es doble: por un lado, tenemos incidentes de mujeres jóvenes que son víctimas de explotación, traumas a largo plazo y probable ostracismo, sin ningún recurso. Sus protectores se convirtieron en sus abusadores.
Por otro lado, al no prevenir ni responsabilizar a los pocos perpetradores, el sistema se denigra a sí mismo y a los miles de hombres y mujeres extraordinarios que han dedicado sus vidas al servicio y a la protección de los demás, señaló.
Puede leer aquí la versión en inglés de este artículo.
«Es difícil de entender. Pero es indicativo de la derogación del cuidado y la responsabilidad. La ONU debe adoptar una postura más firme con los países que aportan tropas. Deben alejar la vergüenza y el miedo de las víctimas y trasladarlos a los perpetradores», insistió Naraghi Anderlini.
Consideró que «quizás si se les dijera a los cascos azules que, en caso de cualquier acusación, se informaría a sus familias —madres, hijas, esposas— en sus países de origen, se lo pensarían dos veces antes de abusar o explotar a los residentes locales durante su despliegue en países devastados por la guerra».
En un informe de febrero de 2025, el secretario general de la ONU, António Guterres, afirma que, desde 2017, cuando comenzó su primer mandato, «hemos seguido dedicando una atención y un esfuerzo considerables a mejorar la forma en que el sector aborda la cuestión».
Las estructuras de coordinación a nivel de todo el sistema, las normas mundiales, las herramientas técnicas, la formación, la mejora de los mecanismos de denuncia y el aumento del apoyo y la capacidad a nivel nacional han contribuido a mejorar la prevención, la respuesta y la transparencia.
«Sin embargo, persisten los retos y seguimos comprometidos con abordarlos», reconoció Guterres.
Y añadió: «Nuestro enfoque, que da prioridad a los derechos y la dignidad de las víctimas, sigue siendo un objetivo clave de nuestra estrategia. Se están realizando esfuerzos para garantizar que las víctimas tengan voz y un mejor acceso a la asistencia y el apoyo».
Si bien el Fondo Fiduciario en beneficio de las víctimas de la explotación y los abusos sexuales ha sido de un valor incalculable, quedan muy pocos fondos en él.
Por ello, Guterres insta a los Estados Miembros a que presten un apoyo adecuado y sostenible a las iniciativas de prevención y a las víctimas y sus hijos. Para poner fin a este flagelo es fundamental abordar las cuestiones subyacentes, como la desigualdad, la pobreza extrema y la falta de Estado de derecho.
El informe del secretario general también destaca los esfuerzos de las Naciones Unidas para poner fin a la impunidad y garantizar la justicia para las víctimas.
Además, exhorta a los Estados Miembros a que aborden con firmeza la cuestión de la rendición de cuentas y resuelvan sin demora los casos pendientes de paternidad. Se mantiene firme y comprometido con la lucha eficaz contra este problema con el apoyo de los Estados Miembros.
«Seguiremos avanzando en esta importante cuestión», prometió Guterres.
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