KAMPALA – Sarah Namukisa estuvo a punto de perder sus exámenes finales a principios de este año. La estudiante de 25 años de la Escuela de Formación en Laboratorio Médico de Jinja fue sometida a una prueba de embarazo obligatoria y expulsada por estar embarazada.
Aunque el caso de Namukisa desató críticas públicas, los activistas afirman que no se trata en absoluto de un incidente aislado.
En Uganda y otros países de la región de África Oriental, las estudiantes embarazadas siguen enfrentándose a la expulsión, el abandono escolar forzoso y el estigma tanto en las instituciones educativas públicas como privadas.
Labila Sumaya Musoke, de la Iniciativa para los Derechos Sociales y Económicos, declaró a IPS que esta práctica generalizada refleja una discriminación sistémica profundamente arraigada y el control patriarcal sobre el cuerpo y el futuro de las mujeres jóvenes.
Afirmó que la expulsión es un reflejo de la discriminación sistémica e institucional que los organismos internacionales y regionales de derechos humanos han considerado explícitamente ilegal e incompatible con las normas de derechos humanos.
Namukisa tuvo suerte de que su caso llamara la atención de la sociedad civil y de la Comisión de Igualdad de Oportunidades de Uganda. Esa comisión ordenó a su escuela que revocara la expulsión.
Pero muchas jóvenes recurren a abortos clandestinos y mortales en un intento por encontrar la manera de volver a la escuela o a los centros de enseñanza superior. El aborto sigue siendo ilegal en Uganda y en sus países vecinos, Kenia y Tanzania.
Según los datos más recientes de la Encuesta Demográfica y de Salud (DHS, en inglés), de los 12 países de África Oriental revelan que la prevalencia general del embarazo adolescente en la región es de 54,6 %.
La encuesta concluye que es fundamental diseñar intervenciones de salud pública dirigidas a las adolescentes en situación de mayor riesgo, en particular las de los hogares más pobres, mejorando la educación y el empoderamiento de las madres para reducir el embarazo adolescente y sus complicaciones.
La tasa de embarazo y maternidad adolescente en Kenia se sitúa en 18 %. Esto significa que aproximadamente una de cada cinco adolescentes de entre 15 y 19 años ha dado a luz o está embarazada de su primer hijo.
La tasa de embarazo adolescente se ha estancado durante más de una década en Uganda; se situaba en 25 % en 2006, en 24 % en 2011 y ahora muestra una tendencia al alza, situándose en 25 %. El embarazo adolescente en Tanzania es un problema de salud pública importante, ya que 22 % de las mujeres de entre 15 y 19 años han estado embarazadas, según la Encuesta Demográfica y de Salud de ese país de 2022.
Rosemary Kirui, asesora jurídica del Centro de Derechos Reproductivos, que trabaja en siete países, entre ellos Uganda, afirmó que el disfrute de los derechos de salud sexual y reproductiva se ha visto limitado por barreras relacionadas con el marco jurídico y normativo de cada uno de ellos.
«Tenemos un entorno jurídico con leyes restrictivas que penalizan algunos servicios de salud sexual y reproductiva. La mayoría de las leyes fueron adoptadas o heredadas de los colonialistas. Y la mayoría de los países no han cambiado las leyes. Por lo tanto, se observa que el código penal es similar y penaliza de manera general el aborto. Esto se interpreta de manera restrictiva en muchos países africanos», afirmó Kirui.
Explicó a IPS que otro aspecto de las restrictivas leyes patriarcales es la edad de consentimiento, que exige la intervención obligatoria de un tercero para que los adolescentes puedan acceder a información y servicios de salud sexual y reproductiva.
Primer Kwagala, una abogada ugandesa cuya organización, Women Pro Bono Initiative (WPI), ha litigado por el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva, aseguró a IPS que el país mantiene restricciones al aborto.
«Estamos diciendo que cada día mueren 16 mujeres por falta de servicios en los centros de salud públicos. Y hay quienes mueren en las comunidades debido a abortos inseguros. Tenemos en nuestros libros de leyes políticas coloniales obsoletas que impiden a los trabajadores sanitarios prestar servicios que salvan vidas», destacó.
La Constitución de Uganda establece que nadie puede quitar la vida a un niño no nacido, salvo en circunstancias excepcionales.
«Muchas mujeres no pueden ejercer la autonomía sobre su cuerpo y decir: ‘No puedo seguir con este embarazo; necesito abortar’, no pueden tener esa conversación. Lo primero que dirá el trabajador sanitario es: ‘No quiero ir a la cárcel'», afirma Kwagala.
El Ministerio de Salud de Uganda ha publicado unas directrices que permiten el aborto seguro en casos de violación, incesto y abuso sexual. Pero, según Kwagala, estas directrices son en realidad más teóricas que prácticas.
En 2020, una sentencia del Comité Africano de Expertos en Derechos y Bienestar del Niño contra Tanzania determinó que la política de expulsión de las niñas embarazadas de las escuelas constituía una violación de la Carta Africana sobre los Derechos y el Bienestar del Niño, en particular los derechos a la educación, la salud, la dignidad y la no discriminación.
Sucedió después de que seis niñas embarazadas fueron expulsadas de la escuela. El comité instó a Tanzania a reformar sus políticas educativas.
Godfrey Kangaude, experto en salud y derechos sexuales y reproductivos con sede en Malaui, afirmó que existe una pugna entre los defensores que consideran que las cuestiones de salud sexual y reproductiva son competencia de la sociedad civil.
«Pero creo que esto nos afecta más directamente. El sexo y la reproducción son relevantes para todos», afirmó Kangaude durante una charla en la East Africa Law Society sobre litigios relacionados con los derechos a la salud sexual.
Afirmó que la justicia sexual y reproductiva está estrechamente relacionada con la justicia financiera y laboral y, en general, con el bienestar general de los seres humanos.
Kagaunde explicó que en Malaui y otros países de África Oriental existen anomalías en lo que respecta a la edad de consentimiento.
«En Malaui, la ley dice que un adulto no puede tener relaciones sexuales con un niño. De acuerdo, queremos proteger a los niños. ¿No es así? Pero la línea ha sido tan rígida que un chico de 18 años no puede tener relaciones sexuales con una chica de 17, porque una chica de 17 años es menor de edad y un chico de 18 es adulto», planteó.
A su juicio, «entendemos que queremos proteger a las personas de conductas sexuales perjudiciales, especialmente a los niños, pero la ley no debe ser arbitraria. Debe tener en cuenta que los jóvenes de 17 y 18 años son compañeros».
Penalización del sexo consentido
Kangaunde y otros especialistas en salud reproductiva sostienen que es necesaria una reforma basada en los derechos. Las leyes deben ser neutras en cuanto al género y la orientación, y distinguir entre el sexo explotador entre adultos y niños y el sexo no explotador entre personas de la misma edad.
Kangaunde señala alternativas como el consentimiento en varias etapas y las exenciones por diferencia de edad reducida.
Pero Kangaunde y otros expertos han sido criticados por su postura sobre la edad de consentimiento sexual y el acceso de los menores de 18 años a los anticonceptivos y a los servicios de aborto seguro.
«Mira, hay un chico de 19 años que está siendo acusado del delito de haber mantenido relaciones sexuales con una novia de 17 años. Para él, la vida se ha vuelto una locura. Está en la escuela y ha tenido que dejar los estudios», dijo Kangaude, director del Nyale Institute.
Su instituto ofrece apoyo jurídico y participa en litigios estratégicos para proteger y promover los derechos de salud sexual y reproductiva.
Desde 2017, los activistas han estado presionando para que se apruebe una ley regional sobre los derechos de salud sexual y reproductiva. Sostienen que en toda África Oriental los derechos de salud sexual y reproductiva se han definido de manera restrictiva como derechos independientes.
Si se aprueba, obligaría a los Estados miembros de la Comunidad de África Oriental (CAO) a armonizar las disposiciones sobre los servicios y la información en materia de salud sexual y reproductiva.
Sin embargo, el proyecto de ley ha encontrado una resistencia significativa, basada especialmente en barreras sociales y culturales. La resistencia se ha centrado en aspectos de la educación sexual integral para adolescentes y en las disposiciones relativas al aborto legal.
Tom Mulisa, investigador en derechos humanos y derecho constitucional de la Universidad de Ruanda, planteó a IPS que los derechos sexuales y reproductivos son amplios.
«Las constituciones reconocen esos derechos, y las leyes y políticas nacionales de salud también los reconocen. Estamos hablando del derecho a la salud, que figura en la mayoría de las constituciones, y del derecho a la intimidad, el derecho a la información y los derechos sexuales y reproductivos», afirmó.
Puede leer aquí la versión en inglés de este artículo.
Los ocho Estados de la CAO han ratificado el Protocolo de Maputo, que permite la interrupción del embarazo.
Ese protocolo es el principal instrumento regional que promueve los derechos de la mujer, especialmente los derechos sexuales y reproductivos. También prevé la eliminación de la discriminación y la prohibición de prácticas nocivas, como la mutilación genital femenina.
Dentro de la región, algunos países han ratificado el protocolo, otros no lo han hecho y otros lo han ratificado con reservas. La aplicación del protocolo ha sido desigual, lo que dificulta que todos puedan disfrutar de los derechos más amplios que en él se recogen.
Kenia formuló reservas al artículo 14, que prevé el aborto seguro y legal. Por otra parte, la Constitución de Kenia establece el derecho al aborto legal y seguro solo cuando la vida de la madre o del feto está en peligro.
Aprender de los avances en Ruanda
Ruanda ha logrado avances significativos en la mejora de la salud sexual y reproductiva de su población, especialmente de los jóvenes. Al igual que muchos países de la región, contaba con leyes poscoloniales. En 2009 se embarcó en una reforma. Las reformas sentaron las bases de lo que muchos describen como un sistema flexible.
A principios de este mes de agosto, el parlamento de Ruanda aprobó una nueva ley que concede a las adolescentes el derecho a acceder a los servicios de salud sexual y reproductiva, en particular a la planificación familiar, sin necesidad del consentimiento de los padres. La ley redujo la edad legal para acceder a los anticonceptivos de 18 a 15 años.
Mulisa afirmó que el país modificó su nuevo código penal eliminando el requisito judicial para abortar. El código penal también incluye los derechos de salud sexual y reproductiva.
«Anteriormente, el gobierno tenía el derecho a la salud, mientras que los individuos estaban obligados a cumplirlo. Pero ahora la Constitución recoge explícitamente el derecho a la salud», reveló Mulisa, fundador de la Iniciativa de los Grandes Lagos para los Derechos Humanos y el Desarrollo, que se dedica a litigios de interés público en Ruanda.
Ahora, según el código penal de Ruanda, es delito negar a una mujer el acceso a los anticonceptivos. Además, hay menos restricciones al aborto seguro tras la eliminación del requisito de la orden judicial.
La orden ministerial de Ruanda sobre el aborto define el derecho a la salud de forma más amplia, incorporando normas esbozadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Según la OMS, el derecho a la salud incluye cuatro elementos esenciales e interrelacionados: disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad.
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