NAIROBI – Los grupos ecologistas confían en que prosperará la demanda presentada en Estados Unidos para impedir que el Banco de Exportación e Importación (Eximbank) de ese país conceda un préstamo calificado como ilegal, de casi 5000 millones de dólares, al controvertido proyecto de gas natural licuado (GNL) de Mozambique, el mayor proyecto gasifero de África en la actualidad.
Los grupos, entre los que se encuentran Friends of the Earth US (Amigos de la Tierra) y Justiça Ambiental/Friends of the Earth Mozambique, con representación de EarthRights International, presentaron una demanda ante la justicia estadounidense porque creen que la transacción financiera realizada en marzo en un acuerdo con los propietarios del proyecto, el grupo francés TotalEnergies, se llevó a cabo de forma apresurada para evitar cumplir requisitos indispensables.
En la demanda los grupos ambientalistas alegaron que Eximbank aprobó apresuradamente el crédito sin llevar a cabo las «evaluaciones medioambientales, evaluaciones económicas y la consulta pública y al Congreso de los Estados Unidos» requeridas».
«Eximbank no ha cumplido su propio estatuto ni la legislación federal, sentando un peligroso precedente para futuras decisiones», afirman en los documentos presentados el 14 de julio ante la justicia estadounidene.
Alegaron que, en febrero, el presidente Donald Trump constituyó «ilegalmente» el Consejo de Administración en funciones de Eximbank sin el consentimiento del Senado de los Estados Unidos y, semanas más tarde, en marzo, ese Consejo de Administración «en funciones» y constituido de forma irregular, anunció la aprobación definitiva del enorme préstamo de 4700 millones de dólares.
Según ellos, el banco realizó la transacción a pesar del conflicto y la crisis humanitaria que se vive en Mozambique y del hecho de que el operador del proyecto, TotalEnergies, se declaró una situación de «fuerza mayor» hace más de cuatro años.
Ocurrió después de un tras un violento ataque en el área donde opera, en que miembros del equipo de seguridad de la empresa respondieron generando lo que algunos sectores del país de del sureste de África calificaron como una masacre.
De hecho, desde entonces la petrolera francesa no ha podido reanudar sus operaciones desde entonces.
«El Consejo de Administración del Eximbank siguió adelante con la subvención del proyecto, sin tener en cuenta el conflicto y los daños que este causará al medio ambiente y a las comunidades locales, y a pesar de las investigaciones abiertas por varios países sobre las denuncias de graves violaciones de los derechos humanos en el lugar del proyecto», añadieron.
Un portavoz de Eximbak declinó comentar a IPS los procedimientos judiciales actuales contra su proyecto de gas licuado en el país africano.
«El Banco de Exportación e Importación de los Estados Unidos (Eximbank) está al corriente de los recientes informes, cartas y consultas relativos a los procedimientos judiciales en curso. Como política de larga data, Eximbank no hace comentarios sobre litigios pendientes», afirmó el portavoz en un correo electrónico.
Añadió que Eximbank «mantiene su compromiso con su misión de apoyar el empleo estadounidense facilitando la exportación de bienes y servicios de los Estados Unidos. El Banco sigue operando de conformidad con todas las leyes y reglamentos aplicables».
Según Hallie Templeton, directora jurídica de Friends of the Earth, el Eximbank está sujeto a varias leyes federales que regulan sus acciones y su financiación, incluida la Ley del Banco de Exportación e Importación, que es su Carta Constitutiva.
«El Congreso de Estados Unidos impuso una serie de limitaciones importantes y garantías procesales a las actividades del Eximbank, dada la delicada cuestión de la política exterior, la economía y los derechos humanos que puede plantear la concesión de préstamos a empresas extranjeras para proyectos en el extranjero», explicó a IPS.
Entre otras cosas, detalló, «esto incluye numerosos procedimientos de notificación y comentarios, consideraciones económicas específicas para garantizar que Eximbank no perjudique a la economía estadounidense, limitaciones a las subvenciones excesivas, el requisito de que un quórum de miembros del Consejo confirmados por el Senado apruebe las transacciones importantes y la consideración de los impactos ambientales y sociales».
Por indicación del legislativo Congreso estadounidense, Eximbank también ha establecido una serie de políticas y procedimientos importantes que rigen los proyectos que financia y las condiciones en las que lo hace. Entre ellos se incluye el cumplimiento de una serie de normas medioambientales y sociales importantes y otras salvaguardias.
«El Consejo de Administración en funciones carecía de autoridad legal para aprobar este préstamo. El Eximbank tampoco llevó a cabo los procedimientos y análisis obligatorios en virtud de la Ley de Política Ambiental Nacional y, en general, actuó en contra de múltiples disposiciones de la Ley de Procedimiento Administrativo sobre el proceso y la toma de decisiones acertadas en el gobierno federal», explicó Templeton.
La Carta o Ley del Eximbank es clara en cuanto a la forma en que deben nombrarse los miembros del Consejo. Según esa norma, esos procedimientos no se siguieron al nombrar al consejo interino, y añadió que no estaba claro si la intención del presidente Trump con los nombramientos era aprobar el millonario crédito.
«No podemos hablar de la intención detrás de la forma en que procedió el presidente o de las personas que seleccionó, pero fue ilegal eludir al Senado y nombrar miembros ‘interinos’ para el Consejo», señaló.
Observó que «del mismo modo, fue ilegal apresurar el crédito sin la notificación y los comentarios exigidos por el gobierno federal, ni cumplir con los demás requisitos legales para la aprobación definitiva de un préstamo de esta magnitud. Eximbank debería haber tomado estas medidas en cualquier caso».
El «desprecio de la ley» por parte de la entidad financiera, afirmó, se ve agravado por el conflicto en curso, las denuncias de graves violaciones de los derechos humanos y las numerosas investigaciones pendientes, algunas de las cuales se refieren específicamente a las fuerzas que proporcionan seguridad al proyecto y al papel del propio operador del proyecto.
Friends of the Earth US tiene la máxima confianza en el éxito del caso, especialmente teniendo en cuenta que Eximbank ha «violado múltiples leyes federales», con el Consejo actuando en contra del «claro texto» de su Carta y otras leyes federales, «actuando como si estuvieran por encima de la ley».
«Estamos seguros de que se les exigirán responsabilidades», dijo a IPS Kate DeAngelis, subdirectora de Política Económica de esa organización.
A través de las Leyes de Libertad de Información de Estados Unidos, se ha revelado que Eximbank ignoró los riesgos de Mozambique LNG cuando aprobó el proyecto en 2019/2020, y en 2025, no solo ha ignorado los riesgos, sino que tampoco ha seguido el proceso adecuado, añadió.
DeAngelis se quejó de que el Eximbank no quiso dar tiempo al Congreso ni al público para que expresaran su opinión» porque sabe que se trata de un mal acuerdo para los contribuyentes estadounidenses».
A su juicio, «existen procedimientos y procesos legales para garantizar que el Banco de Exportación e Importación de Estados Unidos no malgaste el dinero de los contribuyentes en proyectos arriesgados plagados de violentas insurgencias».
Sin embargo, añadió, «el Eximbank, al igual que el resto de la administración Trump, cree que puede operar al margen de la ley. No nos quedaremos de brazos cruzados mientras recorta la asistencia sanitaria y la ayuda en caso de catástrofes para poder dar limosnas a las empresas de combustibles fósiles».
Richard Herz, de EarthRights International, consideró que «la decisión ilegal del Consejo de Administración del Eximbank de subvencionar este proyecto, sin siquiera tener en cuenta los riesgos para la población local, por no hablar de las graves acusaciones de que la seguridad del proyecto cometió una masacre en el lugar del mismo, es más que imprudente».
«Eximbank debe hacer su trabajo y considerar realmente los daños que este proyecto causará a la población local», afirmó.
La insurgencia islamista en la provincia de Cabo Delgado, en el norte de Mozambique, desde 2017 ha provocado miles de muertos y el desplazamiento de la población civil en uno de los conflictos más sangrientos de África en los últimos años.
Aunque la violencia yihadista ha disminuido tras la intervención de las fuerzas regionales, en marzo de este año se informó de un nuevo en el distrito de Meluco, en la región gasística, lo que indica que la provincia está lejos de ser segura.
TotalEnergies suspendió sus operaciones del proyecto de GNL de Mozambique en abril de 2021 debido a la inseguridad, lo que provocó la retirada del personal y la paralización de las obras, una decisión directamente relacionada con la escalada de ataques de los militantes en la provincia.
En diciembre pasado, activistas climáticos y medioambientales de Japón criticaron al Banco de Cooperación Internacional de Japón por financiar el proyecto de GNL con un crédito de 3000 millones de dólares firmado en julio de 2024.
Los grupos ambientalistas denunciaron entonces en un informe que ese banco apoya el proyecto de GNL de Mozambique directamente con el crédito de 3000 millones de dólares y a través de un préstamo de 536 millones de dólares a Mitsui, un grupo empresarial japonés que participa en el desarrollo.
«El proyecto de GNL de Mozambique está vinculado a violentos conflictos, ha provocado injusticias sociales entre los ciudadanos mozambiqueños y es una fuente potencial de emisiones masivas de carbono», señala el informe japonés.
Concluye que, si se lleva a cabo, a pesar de convertirse en el mayor proyecto de gas de África, reportará bajos ingresos al país que lo aloja y lo expondrá a riesgos de responsabilidad en caso de fracasar.
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