BEIRUT – Las autoridades de Arabia Saudí han incrementado las ejecuciones este año y hasta el 5 de agosto habían ejecutado al menos a 241 personas, denunció este lunes 11 la organización de derechos humanos Human Rights Watch (HRW).
Joey Shea, investigados para Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos en HRW, dijo que “las autoridades saudíes han instrumentalizado el sistema judicial del país para llevar a cabo una cantidad aterradora de ejecuciones en 2025”.
“El aumento de las ejecuciones es solo la última evidencia del brutal régimen autocrático del príncipe heredero Mohammed bin Salman”, agregó Shea.
Solo en la semana previa al 5 de agosto hubo 22 ejecuciones, en su mayoría extranjeros por delitos relacionados con drogas y al menos dos por “delitos terroristas”, el ritmo más rápido desde que en marzo de 2022 fueron ejecutadas 81 personas en un solo día.
El país va camino de superar en 2025 el triste récord de 338 ejecuciones, el año pasado, según la organización de derechos humanos Reprieve, basada en Estados Unidos.
Según HRW, “las flagrantes violaciones del debido proceso y los abusos sistemáticos contra los acusados en los tribunales y el sistema de justicia penal de Arabia Saudí hacen muy improbable que alguno de los ejecutados en 2025 haya recibido un juicio justo”.
Entre los casos registrados, HRW destacó la ejecución el 14 de junio de Turki al Jasser, periodista conocido por denunciar la corrupción en la familia real saudí, lo cual “genera preocupación por el uso de la pena de muerte por parte del gobierno saudí para reprimir la disidencia pacífica”, según declaró la organización.
Recordó que Al Jasser fue el primer periodista ejecutado por las autoridades saudíes desde el asesinato del destacado crítico Jamal Khashoggien octubre de 2018. La ley saudí exige que el rey o el príncipe heredero aprueben todas las ejecuciones.
HRW indicó que Al Jasser, de casi 50 años, fue un destacado escritor, periodista y bloguero saudí. Escribía para Al-Taqreer, un periódico independiente que defendía la democracia y los derechos humanos, y que las autoridades saudíes clausuraron en septiembre de 2015.
Al Jasser operaba la popular cuenta anónima X «Kashkool», que exponía periódicamente la corrupción y los abusos contra los derechos humanos vinculados a la familia real saudí. La cuenta fue cerrada poco después de su arresto en 2018.
El 14 de junio, el Ministerio del Interior emitió un comunicado anunciando la ejecución de Al Jasser, acusándolo de varios delitos terroristas, entre ellos, de “desestabilizar la seguridad social y la estabilidad del Estado”. Las autoridades no detallaron ni aportaron pruebas de estos presuntos delitos.
El arresto, la detención, el juicio y la ejecución de Al Jasser se mantuvieron en secreto. Su familia lo visitó poco antes de su ejecución, pero no recibió información ni indicios de que hubiera sido condenado a muerte ni de que su ejecución fuera inminente, según informó el Centro para la Democracia en Medio Oriente.
En marzo de 2018, las autoridades saudíes allanaron el domicilio de Al Jasser, confiscaron sus dispositivos electrónicos y lo arrestaron durante una represión generalizada contra la disidencia. Lo retuvieron en la infame prisión de al-Hai’r, donde presuntamente fue torturado.
No se dispone de información sobre su juicio: ni sus familiares ni sus abogados pudieron asistir, nadie recibió documentos judiciales relacionados con su caso. Se desconoce si el propio Al Jasser recibió algún documento judicial relacionado.
La familia de Al Jasser no ha recibido su cuerpo.
Activistas saudíes creen que la ejecución de Al Jasser se llevó a cabo deliberadamente el día después de que Israel atacó instalaciones militares y nucleares iraníes clave, cuando los medios regionales e internacionales no estarían concentrados en los acontecimientos en Arabia Saudí.
HRW recordó que las normas internacionales de derechos humanos, incluida la Carta Árabe de Derechos Humanos, ratificada por Arabia Saudí, obligan a los países que aplican la pena de muerte a aplicarla únicamente para los delitos más graves y en circunstancias excepcionales.
El año pasado, Arabia Saudí, Irán e Iraq fueron responsables del aumento general de las ejecuciones conocidas, pues sumaron la impactante cifra de 1380 ejecuciones dentro de las 1518 registradas por organizaciones humanitarias internacionales.
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