CATANIA, Italia – La Coalición de la Flotilla de la Libertad confirmó que su barco civil “Madleen”, que transportaba ayuda humanitaria a la Franja de Gaza, fue “atacado/interceptado por la fuerza por el ejército israelí en aguas internacionales” este lunes 9, y denunció que su tripulación fue secuestrada y su carga confiscada.
Israel “no tiene autoridad legal para detener a voluntarios internacionales abordo del Madleen”, dijo Huwaida Arraf, abogada de derechos humanos y organizadora de la Flotilla de la Libertad, que frustrado su segundo intento en menos de dos meses de llegar con ayuda humanitaria hasta Gaza.
Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) afirmaron haber tomado el control de la flotilla Madleen con destino a Gaza, en horas de la madrugada, y que trasladarían a los 12 activistas a bordo, incluida la ambientalista sueca Greta Thunberg, a un puerto en el sur de Israel, para luego devolverlos a sus países de origen.
Arraf afirmó que “esta incautación viola descaradamente el derecho internacional y desafía las órdenes vinculantes de la CIJ (Corte Internacional de Justicia, con sede en La Haya) que requieren acceso humanitario sin obstáculos a Gaza”.
Los voluntarios a bordo del buque -entre ellos el brasileño Thiago Ávila y la eurodiputada franco-palestina Rima Hassan- “no están sujetos a la jurisdicción israelí y no pueden ser penalizados por entregar ayuda o desafiar un bloqueo ilegal; su detención es arbitraria, ilegal y debe terminar de inmediato”, dijo Arraf.
La flotilla puntualizó que la intercepción se produjo en las coordenadas 31.95236° de latitud norte y 32.38880° de longitud este, que el barco fue abordado ilegalmente, su tripulación civil, desarmada, fue secuestrada, y que su carga “que salvaba vidas, incluyendo fórmula para bebés, alimentos y suministros médicos, fue confiscada”.
El gobierno israelí comunicó que todos los activistas se encontraban sanos y salvos, que serán deportados a sus países de origen y que el ministro de Defensa, Usrael Katz, ordenó mostrarles “un vídeo que documenta las atrocidades cometidas por Hamas durante la masacre del 7 de octubre de 2023”.
En esa fecha la milicia islamista palestina Hamas atacó el sur israelí y en la acción murieron cercad de 120 personas, otras 250 fueron tomadas como rehenes, y se desató luego la respuesta de Israel con una ofensiva militar a gran escala que prácticamente ha arrasado la Franja de Gaza, de 2,3 millones de habitantes.
La ofensiva ha causado la muerte de más de 55 000 palestinos, herido a 125 000 -también han muerto casi 500 soldados de Israel- y en la Franja, de 365 kilómetros cuadrados, casi toda la infraestructura está en ruinas por los bombardeos y centenares de miles de personas se encuentran al borde de la hambruna.
Israel cortó el acceso de la ayuda que llevaban agencias de las Naciones Unidas, y una limitada entrega de alimentos que organizó mediante una Fundación Humanitaria que estableció con Estados Unidos ha causado la muerte de más de 100 personas, abaleadas por soldados nerviosos al aproximarse los hambrientos palestinos.
En ese contexto, el buque “Conscience” de la flotilla, que llevaba ayuda a Gaza a comienzos de mayo, fue atacado con drones que lo inutilizaron cuando avanzaba por aguas europeas, y ahora se repite la medida con la intercepción del “Madleen”.
Responsables de los ministerios de Asuntos Exteriores en los gobiernos de Alemania, Australia, Brasil, España, Francia, Irlanda y Suecia se comunicaron con sus contrapartes de Israel en procura de que se libere a los activistas de la flotilla.
La organización Amnistía Internacional (AI) acusó a Israel de violar nuevamente el derecho internacional con la captura del velero de la flotilla.
Agnès Callamard, secretaria general de AI, declaró que “la operación, llevada a cabo en mitad de la noche y en aguas internacionales, viola el derecho internacional y puso en peligro la seguridad de quienes viajaban en el barco”.
“Israel ha violado una vez más sus obligaciones legales para con la población civil de la Franja de Gaza ocupada, y demostrado su escalofriante desprecio de las órdenes legalmente vinculantes de la Corte Internacional de Justicia”, opinó Callamard.
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