GINEBRA – Expertos de las Naciones Unidas en derechos humanos pidieron este martes 4 a todos los países que extraigan lecciones de los Juegos Olímpicos de París 2024 sobre cómo garantizar la seguridad de los grandes eventos deportivos respetando al mismo tiempo los derechos humanos.
“Las autoridades francesas adoptaron una serie de medidas razonables para garantizar que los Juegos Olímpicos estuvieran libres de violencia terrorista”, reconocieron los expertos, quienes trabajan bajo el paraguas del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en esta ciudad suiza de Ginebra.
Sin embargo, consideraron que, en la justa olímpica que se desarrolló del 26 de julio al 11 de agosto de 2024, “algunas medidas de seguridad resultaron innecesarias o desproporcionadas, mientras que otras resultaron discriminatorias o incluso ilegales”.
Establecieron que las autoridades francesas realizaron 1,2 millones de “investigaciones administrativas”, que dieron como resultado la exclusión de 4000 personas de zonas restringidas en París.
Se informó de que se impusieron medidas individuales de control administrativo y vigilancia (conocidas con el acrónimo Micas) a 559 personas, así como se efectuaron 848 “visitas domiciliarias” para registrar locales.
Fueron establecidos numerosos “perímetros de protección”, que restringieron el acceso a los lugares públicos y se desplegó una vigilancia sin precedentes, incluido el uso de drones y herramientas de vídeo “algorítmicas” con inteligencia artificial.
También se produjo un aumento significativo de las órdenes de expulsión de personas de Francia, y se privó a 20 personas de su nacionalidad francesa.
“Según el derecho internacional, los gobiernos deben actuar con diligencia para prevenir las amenazas a la vida que plantea el terrorismo, pero siempre deben cumplir con el derecho de los derechos humanos”, dijeron los expertos al reconocer que Francia se ha enfrentado a importantes amenazas terroristas en los últimos años.
Aun así, “en demasiados casos las medidas de seguridad se aplicaron aparentemente de una manera indiscriminada o excesivamente amplia, que no era necesaria ni proporcionada para hacer frente a los riesgos específicos y basados en evidencia que planteaban determinadas personas”, dijeron los expertos.
Los autores constataron que, en algunos casos, como el de Micas, los poderes jurídicos eran demasiado vagos y amplios, lo que permitía una interferencia arbitraria en los derechos humanos.
En otros casos, las medidas incluso violaban la legislación francesa, como lo demuestra el número de anulaciones por parte de los tribunales, superior al habitual.
“También encontramos patrones de actuación policial discriminatoria, dirigida contra individuos o grupos por sus opiniones políticas, afiliación religiosa u origen étnico”, agregaron en el documento, y añadieron que los niños se veían muy afectados por algunas políticas.
En algunos casos, “las medidas parecían estar encaminadas a prevenir protestas públicas disruptivas y no a prevenir el terrorismo, dijeron los expertos”.
Algunas de las medidas interfirieron arbitrariamente con las libertades de expresión, reunión y asociación, así como con los derechos a la privacidad, la reputación y la libertad, y a participar en la vida cultural. Tenían un fuerte efecto estigmatizador y perturbaban la vida familiar, el trabajo y la educación.
«La estrategia de las autoridades de ‘desorganizar al máximo’ a las personas consideradas radicales o sospechosas refleja una determinación política de tranquilizar al público de que se están tomando todas las medidas de seguridad preventivas posibles», dijeron los expertos.
En su opinión, “las medidas excesivas no son necesarias para la seguridad y pueden alimentar de manera contraproducente los discursos de agravio que conducen a la radicalización”.
Los expertos pidieron a los organismos deportivos internacionales, como el Comité Olímpico Internacional y la Federación Internacional de Fútbol asociado (Fifa) IFA, que evalúen los riesgos para los derechos humanos de sus eventos y colaboren con los países anfitriones para mitigarlos.
Particularmente, que lo hagan antes de varios eventos importantes el próximo año, como los Juegos Olímpicos de Invierno en Italia y la Copa Mundial de la Fifa en tres países de América del Norte.
Los expertos signatarios del informe son Ben Saul, relator sobre la promoción y protección de los derechos humanos y las libertades en la lucha contra el terrorismo; Gina Romero, relatora sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación, y Alexandra Xanthaki, relatora en el ámbito de los derechos culturales.
A-E/HM
