ADDIS ABEBA – Activistas de las energías renovables y el cambio climático han desafiado a los jefes de Estado de África a adoptar una postura unida para salvaguardar los recursos minerales esenciales para la transición energética.
Señalan en particular las condiciones opresivas de la explotación de esos minerales en la República Democrática del Congo (RDC) y otras partes del continente, que está en manos de mineros extranjeros que operan con egoismo y desdén por las comunidades locales afectadas por la pobreza, según organizaciones de defensa del sector.
«Instamos a la Comisión de la Unión Africana (CUA) a convocar una cumbre especial sobre la República Democrática del Congo y a proponer resoluciones sobre cómo los países africanos, en particular la RDC, deben determinar el valor de sus minerales esenciales», dijo Augustine Njamnshi, director de la Coalición Africana para el Acceso Sostenible a la Energía (Acsea), en un acto previo a la elección del nuevo presidente de la CUA en esta capital de Etiopia durante este mes de febrero.
En esa cumbre, añadió, también deberían abordarse «cómo deben involucrarse a los mineros extranjeros y cómo proteger los derechos humanos fundamentales de las comunidades que viven en las zonas mineras».
Hasta ahora, la RDC es el mayor productor mundial de cobalto y el tercer mayor productor de cobre, entre otros minerales esenciales en la transición energética, porque se utilizan para fabricar automóviles y buses eléctricos de última generación, carritos de golf, bombas y motos eléctricas.
También son determinantes para la producción de otros aparatos no contaminantes pero caros como teléfonos inteligentes, tabletas, ordenadores portátiles, drones, relojes inteligentes y patinetes eléctricos, entre otros artículos.
Como resultado, el valor y la creciente demanda de cobalto y otros minerales esenciales han provocado una lucha por estos metales raros, especialmente por parte de mineros extranjeros.
Incluso cuando los activistas hacen un llamamiento, la riqueza mineral se ha convertido en un peón en la guerra de la República Democrática del Congo con el rebelde Movimiento 23 de Marzo (M23), respaldado por la límitrofe Ruanda.
Según dijo en X la portavoz del presidente congoleño Félix Tseisekedi, Tina Salama, se advirtió a Estados Unidos que no comprara minerales de Ruanda, ya que esto equivaldría a comprar bienes robados.
Añadió que la propuesta de comprar directamente a la RDC también estaba abierta a la Unión Europea, con la advertencia de que recibir bienes robados será cada vez más complicado.
«El presidente Tshisekedi invita a Estados Unidos, cuyas empresas obtienen materias primas estratégicas de Ruanda, materiales que son saqueados de la República Democrática del Congo y contrabandeados a Ruanda mientras nuestras poblaciones son masacradas, a comprarlos directamente a nosotros, los legítimos propietarios», dijo Salama.
Appolinaire Zagabe, activista congoleño de derechos humanos y director de la Red sobre el Cambio Climático de la RDC (Reseau Sur le Changement Climatique RDC), dijo en una entrevista a IPS que la explotación minera estaba sumida en la corrupción.
«Los mineros extranjeros firman contratos con el gobierno para legalizar sus actividades y, como ganan mucho dinero, siempre sobornan a funcionarios del gobierno y a altos mandos policiales para que los protejan mientras amplían ilegalmente sus zonas de explotación desalojando por la fuerza a las comunidades de sus tierras ancestrales», dijo Zagabe.
Aseguró que «el sistema actual de actividades de explotación minera en la RDC casi no tiene un impacto positivo en las comunidades locales. Los derechos de la comunidad no se respetan y la población es víctima de la contaminación de las empresas».
Entre sus críticas sobre la actividad minera, el activista detalló que «no se llevan a cabo programas comunitarios, no se construye infraestructura duradera, no hay centros de salud, ni escuelas, ni carreteras. Por lo tanto, la gente de esas zonas sigue siendo la más pobre del mundo”.
Zagabe afirma que casi todos los cientos de miles de miembros de la comunidad que sufren a manos de mineros extranjeros de cobalto y otros minerales esenciales nunca han visto cómo es un vehículo eléctrico, nunca han tenido acceso a un teléfono inteligente y no sueñan con usar una tableta o incluso un ordenador.
Pero, en cambio, interactúan a diario con minerales esenciales que son el centro de la fabricación de estos artículos.
Un informe de Amnistía Internacional en colaboración con la Iniciativa para la Buena Gobernanza y los Derechos Humanos (IBGDH) pinta un panorama sombrío de lo que está sucediendo en la RDC.
Los minerales, que aparentemente se suponen una gran bendición, han resultado ser una maldición para las comunidades, indica su informe al respecto.
«Las personas son desalojadas por la fuerza, o amenazadas o intimidadas para que abandonen sus hogares, o engañadas para que acepten acuerdos irrisorios. A menudo no existía ningún mecanismo de reclamación, rendición de cuentas o acceso a la justicia», dijo Donat Kambola, presidente de IBGDH.
Puede leer aquí la versión en inglés de este artículo.
«Es un caos total», dijo Zagabe. «Los activistas de derechos humanos a menudo son acosados cuando denuncian violaciones de los derechos comunitarios en las zonas mineras, y corren el riesgo de ser asesinados, ya que la mayoría de las empresas mineras ilegales cuentan con el respaldo de políticos o soldados de alto rango», añadió.
La fiebre por los minerales esenciales también ha expuesto a los mineros artesanales/locales a duras condiciones de trabajo, en las que algunos han quedado sepultados vivos en túneles derrumbados.
También se ha forzado a los niños a trabajar y se ha obligado a las mujeres, a las que se les ha arrebatado su anterior medio de vida, la agricultura, a trabajar hasta la extenuación para encontrar minerales, que venden a empresas mineras extranjeras por casi nada.
Según un informe de Friends of the Congo (FOTC, en inglés), el trabajo infantil está bien documentado en la cadena de suministro del cobalto, con niños de tan solo siete años trabajando en minas en condiciones peligrosas, privándolos de educación y de una infancia saludable.
«Los derrumbes de las paredes de las minas son frecuentes cuando se excavan en pozos al aire libre más grandes, con el resultado de que todos los mineros quedan sepultados vivos; de los 10 000 a 15 000 túneles excavados por mineros artesanales, ninguno tiene soportes, pozos de ventilación u otras medidas de seguridad», se lee en parte del informe.
Según Njamnshi, el director Acsea, lo que está sucediendo en el sector minero de la RDC se repite en casi todos los demás países africanos.
«La única diferencia es que en la RDC, las atrocidades son a gran escala y, por lo tanto, son más visibles que lo que está sucediendo, por ejemplo, en Kenia», en las minas de oro de Nyatike, en la parte occidental de ese país, dijo.
A su juicio, es indispensable una resolución colectiva de alto nivel para proteger a todos los países africanos de las codiciosas empresas extranjeras sedientas de minerales.
La presunta falta de respeto a los derechos humanos y la firma de contratos dudosos legalmente y que oprimen a las comunidades, negándoles el derecho a sus recursos, no está en consonancia con la resolución de la cumbre climática de Dubái, de 2023, que pedía una rápida descarbonización del sistema energético para mantener al alcance el objetivo de contener el alza de las temperaturas en 1,5 grados centígrados.
Los negociadores pidieron que se acelerara la transición hacia la energía limpia, tanto desde el punto de vista de la demanda como de la oferta, pero a través de una transformación ordenada, justa y equitativa que también tenga en cuenta la seguridad energética.
«El mundo está cambiando muy rápido y la dinámica geopolítica es cada vez más impredecible», dijo Mithika Mwenda, director ejecutivo de la Alianza Panafricana para la Justicia Climática (Pacja, en inglés).
Consideró que las órdenes ejecutivas del presidente estadounidense Donald Trump, que incluyen a los minerales estratégicos, deberían ser una llamada de atención para el continente.
A juicio de Mwenda, los países africanos deberían encontrar el poder de dictar condiciones sobre sus recursos naturales, incluidos esos minerales esenciales para la transición energética.
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