GINEBRA – El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, sostuvo que las regulaciones para impedir la difusión de mensajes que inciten al odio y la división en las redes sociales son necesarias y no constituyen censura.
“Permitir el discurso de odio y el contenido dañino en línea tiene consecuencias en el mundo real. Regular este contenido no es censura”, puntualizó Türk en un mensaje en la red social X.
La declaración siguió a la decisión anunciada el 7 de enero por Meta, conglomerado estadounidense de tecnología y redes sociales, de poner fin a su programa de verificación de datos, delegando en los usuarios la incorporación de notas o correcciones a sus publicaciones.
El conglomerado, que maneja redes sociales como Facebook, Instagram y WhatsApp, sigue así los pasos de su competidor X, la antigua Twitter, buscando sintonizar en una alegada lucha contra la censura animada por el inminente arribo a la presidencia de Estados Unidos del republicano Donald Trump.
Meta señaló en una declaración que “con el tiempo, terminamos con demasiado contenido verificado. Un programa destinado a informar, con demasiada frecuencia, se convirtió en una herramienta para censurar”.
Su dueño, Mark Zuckerberg, justificó la decisión con el argumento de que al seguir los mensajes con comprobadores profesionales “hemos alcanzado un punto en el que hay demasiados errores y demasiada censura”, y admitió que el paso dado es consecuencia de la victoria electoral de Trump el pasado noviembre.
Türk, en cambio, sostuvo que etiquetar los esfuerzos para crear espacios seguros en línea como censura, “ignora el hecho de que el espacio no regulado significa que algunas personas son silenciadas, en particular aquellas cuyas voces a menudo son marginadas”.
“Al mismo tiempo, permitir el odio en línea limita la libertad de expresión y puede resultar en daños en el mundo real”, agregó el alto comisionado de la ONU.
La oficina de Türk (Acnudh) en esta ciudad suiza dio cuenta de que la International Fact-Checking Network (red internacional de verificación de hechos) rechazó el “argumento falso” de Zuckerberg y advirtió que podría causar daños.
Türk resaltó que las plataformas de redes sociales tienen una enorme capacidad para dar forma positiva a la sociedad conectando a la gente, pero también pueden alimentar el conflicto, incitar al odio y amenazar la seguridad de las personas.
“En el mejor de los casos, las redes sociales son un lugar donde las personas con opiniones divergentes pueden intercambiar, aunque no siempre estar de acuerdo”, expresó.
Dijo que seguirá reclamando por parte de las corporaciones que manejan las redes y los Estados “rendición de cuentas y gobernanza en el espacio digital, en consonancia con los derechos humanos. Eso salvaguarda el discurso público, genera confianza y protege la dignidad de todos”.
Por su parte, Guilherme Canela, jefe de Libertad de Expresión y Seguridad de los Periodistas en la Organización de las Naciones Unidas para Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) indicó tres cuestiones clave al cambiar las empresas tecnológicas sus políticas de moderación de contenido y gobernanza digital.
“La primera es la transparencia. O sea, este tipo de anuncios debe venir asociado a una discusión clara, detallada, de por qué se está cambiando o se ha anunciado una nueva política y cuáles son las implicaciones para la sociedad”, dijo Canela.
En segundo término, “estos anuncios deben ser precedidos por análisis de riesgos que muestren los potenciales impactos en la protección y promoción de los derechos humanos, y que estos análisis de riesgos también sean públicos”.
Y finalmente, “comprender si este tipo de políticas fueron construidas con la participación efectiva de los varios actores interesados e impactados. O sea, los usuarios de las empresas, sus accionistas, el conjunto de la sociedad, la sociedad civil, los organismos internacionales”, explicó Canela.
Esas tres cuestiones fundamentales formarán parte de la agenda que Canela llevará a una reunión que mantendrá con los ejecutivos de las empresas tecnológicas en San Francisco, Estados Unidos, a mediados de este enero.
Mientras, en Brasil el gobierno exigió que Meta explique en detalle los efectos de su decisión de eliminar sus programas de verificación en todo el mundo.
El fiscal general de Brasil, Jorge Messias, dijo al respecto que “quiero expresar la enorme preocupación del gobierno por la política adoptada por la empresa Meta, que es como una veleta, que cambia de posición todo el tiempo según los vientos”.
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