MC ALLEN, Estados Unidos – Al menos 1360 niños y niñas nunca se han reunido con sus madres y padres seis años después de que el Gobierno de Estados Unidos los separó de manera forzosa en la frontera de Estados Unidos, denunció un informe divulgado por la organización humanitaria Human Rights Watch (HRW).
Esfuerzos de Estados Unidos para ayudar a las familias separadas “no han tenido debidamente en cuenta el daño grave que se les causó”, según el informe preparado por HRW y las organizaciones estadounidenses Texas Civil Rights Project y la Clínica de Derechos Humanos Lowenstein de la Universidad de Yale.
El informe “Tenemos que llevarnos a los niños”, sostiene que el programa del gobierno estadounidense para disuadir a las personas migrantes de ingresar a su territorio, desde la frontera con México donde está la ciudad de Mc Allen, “constituyó desaparición forzada y es posible que haya configurado tortura”.
Anota que “afrontar verdaderamente las violaciones graves de derechos humanos requiere rendición de cuentas pública, una disculpa, un resarcimiento y posibles procesos penales”, y que “el Senado de EE. UU. debe rechazar que se nombre para nuevos puestos a funcionarios involucrados en la separación familiar”.
Ello alude a que el programa se instrumentó durante la anterior presidencia de Donald Trump (2017-2021), quien regresará nuevamente a la Casa Blanca el próximo 20 de enero y anunció que nombrará a figuras de “línea dura” para manejar los temas de migración y fronteras.
Según el informe, el gobierno se negó, en muchos casos durante días o semanas, a revelar a padres y madres las circunstancias y el paradero de sus hijos e hijas, de quienes habían sido separados, lo cual concuerda con la definición de desaparición forzada.
Las separaciones forzadas de familias también pueden haber constituido tortura, que ocurre cuando un agente del Estado provoca de manera deliberada sufrimiento grave con fines indebidos. “Incluso un único caso de desaparición forzada o tortura es un delito conforme al derecho internacional”, apunta el texto.
“Es escalofriante ver, en un documento tras otro, la crueldad premeditada que se introdujo en la política sobre separación forzada de familias”, manifestó Michael García Bochenek, abogado sénior de la división de Derechos del Niño de HRW.
Los documentos de política y los correos electrónicos gubernamentales que fueron analizados establecen que los funcionarios separaron de manera deliberada a niños y niñas de sus padres y madres como factor disuasorio para otras familias que, de otro modo, podrían entrar a Estados Unidos de manera irregular.
Hubo altos funcionarios que intervinieron para mantener a niñas y niños separados de sus padres cuando agencias federales comenzaron a procurar la reunificación de las familias con rapidez.
El gobierno separó a más de 4600 niños y niñas de sus padres entre 2017 y 2021. Los 1360 niños y niñas cuyo paradero todavía no se ha informado representan casi 30 % de quienes fueron separados durante la primera presidencia de Trump.
Una orden judicial de junio de 2018 frenó las acciones del gobierno para separar de manera sistemática a todas las familias que ingresaran a Estados Unidos sin autorización. Sin embargo, la orden judicial permitió separaciones por otros motivos, y el gobierno siguió separando a cientos de niños y niñas hasta fines de 2019.
Detrás de escena, “los intercambios de funcionarios no dejaron ninguna duda de que la separación forzada de las familias era el resultado buscado de la política, en vez de una consecuencia indirecta de operaciones habituales de aplicación de la ley”, según las organizaciones denunciantes.
“Tenemos que llevarnos a los niños”, indicó el fiscal general Jeff Sessions a fiscales federales en mayo de 2018.
Algunos de los altos funcionarios destacados en esa política son Thomas Homan, elegido para ser el “zar de la frontera” cuando asuma el presidente Trump, y Matthew Whitaker, a quien Trump ha indicado que designará como embajador de Estados Unidos ante la Organización del Tratado del Atlántico Norte (Otan).
Está previsto que se nombre como subjefe de gabinete para políticas a Stephen Miller, asesor de la Casa Blanca que contribuyó al diseño de la prohibición de viajes de 2017 para ciudadanos de países musulmanes, y promovió el cierre de la frontera a solicitantes de asilo por motivos de salud pública.
El informe considera que la administración ya saliente del presidente Joe Biden, que concluye en enero, “ha tomado medidas notables para abordar el daño que enfrentan las familias por su separación forzada”, como permitir que padres y madres ingresen y permanezcan temporalmente en Estados Unidos y aceptar reabrir sus casos de asilo.
También les ha autorizado a trabajar, y ha brindado algunos servicios de salud mental a padres e hijos reunificados, en respuesta a órdenes judiciales o por recomendación del Grupo de Trabajo sobre Reunificación Familiar que estableció Biden en 2021.
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