RÍO DE JANEIRO – Abundan las buenas intenciones y metas aprobadas por el Grupo de los 20 (G20), de países de destacadas economías industriales y emergentes, en su cumbre de dos días en Río de Janeiro, clausurada el martes 19. Pero el desafío será implementarlas con los huidizos medios políticos y financieros disponibles.
Brasil, en especial su presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, puede celebrar el éxito de su presidencia anual del grupo, al lograr la aprobación de la Declaración de los Líderes del G20 de Río de Janeiro por consenso de todos los líderes de los 19 países y la Unión Europea, que componen el G20 inicial y al que desde 2023 se suma a la Unión Africana.
Además su principal propuesta, la Alianza Global contra el Hambre y la Pobreza, nació con la fuerza de un proyecto indeclinable y una marca brasileña en la cooperación internacional. Incluso el ultraderechista presidente argentino, Javier Milei, se sumó a la iniciativa, tras amenazar una disidencia, elevando a 82 sus países fundadores..
En la cumbre de Río participaron también España, como invitado permanente del bloque desde 2008, y otros invitados este año por Lula dentro de la región latinoamericana, como los mandatarios de Bolivia, Chile o Colombia, además de varios organismos internacionales.
La Alianza Global evitó que la cumbre se hundiese en las discordias sobre las guerras en Ucrania y Medio Oriente, evaluó Francisco Menezes, expresidente del brasileño Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Consea) de 2004 a 2007.
“La extrema derecha en ascenso en varios países dificulta las negociaciones, el consenso, pero no impide la existencia del bloque del G20 y sus funciones”: Mariana Albuquerque.
La Declaración de los Líderes, de 85 puntos en 24 páginas, omitió menciones al papel de Rusia e Israel en esas guerras, limitándose de forma genérica a rechazar “el uso de la fuerza para buscar adquisición territorial” y lamentar la “catastrófica situación humanitaria” en Gaza y los ataques a Líbano, además de defender el derecho de los palestinos a su Estado.
La Alianza contra el hambre deberá iniciar sus actividades en mediados de 2025, con su Mecanismo de Apoyo instalado en la sede de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), en Roma. Brasil se encargará de la mitad de sus costos.
El Banco Interamericano de Desarrollo anunció la contribución de 25 000 millones de dólares en créditos blandos, casi nada para la meta anunciada de erradicar el hambre mundial para 2030, cuando actualmente afecta a 733 millones de personas.
Para eso se estimó que debe beneficiar hacia 2030 a 500 millones de personas en programas de transferencia de renta y 150 millones de niños con alimentación escolar en países de alta incidencia de hambre infantil.
“La alianza contempla una ingeniería de intercambio de políticas públicas exitosas, de que Brasil tiene muchos ejemplos, que pueden servir a otros países, si adaptados a sus peculiaridades”, además encaminar recursos a los más vulnerables, analizó Menezes a IPS.
La Bolsa-familia de transferencia de renta, el programa nacional de alimentación escolar y el programa de adquisición de alimentos de la agricultura familiar para abastecer comunidades vulnerables e instituciones filantrópicas, son algunas de esas políticas brasileñas, ejemplificó Mariana Albuquerque, especialista del Centro Brasileño de Relaciones Internacionales (Cebri).
Metas billonarias
Triplicar la capacidad instalada de energías renovables, incrementar la producción de vacunas y medicamentos, adaptar las ciudades a los fenómenos climáticos extremos, acabar con la contaminación por los plásticos, dar un destino adecuado a los residuos y universalizar las cocinas limpias fueron algunas de las metas de la cumbre del G20 en Río que exigen abultadas inversiones.
Tan solo el foro de las ciudades, Urban 20 (U20), que forma parte del proceso de debates del G20, fijó en 800 000 millones de dólares anuales la suma necesaria para enfrentar la crisis climática en el mundo, hasta 2030.
Más de 100 ciudades estuvieron representadas en el encuentro, que trató de temas urbanos variados, como las inundaciones, la transición energética incluso en el transporte, empleos verdes, alimentación y cultura, además de la invasión de los mares y la destrucción urbana por las guerras.
Un reclamo es acelerar los financiamientos directos a los gobiernos locales, evitando las demoras por los trámites vía gobiernos nacionales.
Aunque tiene vida propia, Urban 20 se integró dentro de la Cumbre Social que estableció por primera vez Brasil como actividad paralela de la cumbre de los gobernantes y que se celebró entre los días 14 y 17, tras tener durante el ultimo año más de 150 reuniones a todos los niveles y sectores de la sociedad civil.
Entre todas las iniciativas, el llamado financiamiento climático es lo que más demanda recursos. Hasta ahora no se cumplió el acuerdo dentro de las anuales Conferencias de las Partes (COP) para que los países desarrollados aporten 100 000 millones de dólares anuales a los que se comprometieron para contribuir a la mitigación y adaptación a la crisis climática en los países del Sur en desarrollo.
Y ya en la actual COP29, que se celebra en Bakú hasta el viernes 22 y que fue anunciada como «la COP de las finanzas», se ha subido el monto de la financiación climática indispensable al billón (millón de millones) de dólares anuales, sin que hasta este miércoles 20 se haya alcanzado un acuerdo para poder hacerlo realidad.
El G20 en Brasil reiteró la declaración de la cumbre anterior, celebrada en India, sobre “la necesidad de aumentar rápidamente y de manera sustancial el financiamiento climático de miles de millones para billones a partir de todas las fuentes”. Y aprobó la creación del Fondo Bosques Tropicales para Siempre (TFFF en inglés) para protección de biomas como el amazónico.
La reforma de la arquitectura financiera internacional, una de las prioridades del G20, es necesaria incluso para enfrentar los desafíos climáticos crecientes y la pobreza, sostiene la Declaración de Líderes en Río de Janeiro.
Qué paguen los ultrarricos
La tributación de los superricos, propuesta por una reunión de ministros de finanzas en julio y aprobada en la cumbre, abre un prometedor horizonte en medio a tantas demandas insatisfechas, destacó Menezes, actualmente analista de políticas de la organización internacional Action Aid, en Brasil.
La cumbre solo declaró que el G20 “cooperará para garantizar que los individuos con patrimonios extremadamente elevados sean adecuadamente gravados”, respetando la soberanía nacional. Se trata del impulso inicial de un proceso que exigirá mucha negociación.
Pero la idea, discutida por los ministros, se basa en un estudio del economista francés Gabriel Zucman, es que un impuesto de 2 % sobre el patrimonio de los que poseen bienes superiores al billón de dólares, 3000 en todo el mundo, recaudaría 250 000 millones de dólares al año.
Otros 140 000 millones de dólares se sumarían si se extiende la tributación a los que tienen más de 100 millones de dólares.
“Es difícil que se concrete”, según Albuquerque, porque depende de regulaciones nacionales y el respeto a la soberanía nacional, impuesto en la declaración por países opositores, indica escollos.
“Si se trata de transgredir el derecho a la propiedad de los individuos a través de impuestos y regulaciones, no cuenten con nosotros”, atajó Milei en dos discursos que hizo en la cumbre, donde también se opuso a la igualdad de género, el empoderamiento de las mujeres y a “la transparencia y responsabilidad de las plataformas digitales” defendidos en la declaración final.
Pese a sus discrepancias, el presidente argentino aceptó firmar la declaración, tras manifestar sus reservas en los discursos.
Temor a Trump
Pareció un adelanto de los obstáculos que enfrentará el G20 al volver Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos el 20 de enero. En 2026 le tocará presidir el G20, después de que Sudáfrica lo haga el año próximo.
El G20 perderá relevancia si se divide, advirtió el secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, en una entrevista colectiva al inicio de la cumbre.
No hay ese riesgo, contrarrestó Albuquerque a IPS, porque el grupo ejerce también funciones técnicas, es clave para concertar cuestiones financieras mundiales, en prevenir crisis, incluso porque nació para eso, en 1999, tras la crisis asiática, y se consolidó en 2008, cuando el colapso inmobiliario estadounidense afectó todo el mundo, cuando los gobernantes del bloque pasaron a conducirlo con sus cumbres anuales.
“Cualquier cambio global exige la adhesión del grupo, ya que sus miembros concentran 85 % del producto bruto mundial. Sus acuerdos transbordan a otros foros”, arguyó la especialista de Cebri y profesora de la Universidad Federal de Río de Janeiro.
Se trata de un foro “ágil y flexible, sin una secretaría fija, que permite autonomía y poder de fijar la agenda al país de turno en su presidencia”, acotó. Eso quedó evidente en la presidencia brasileña, que le introdujo la dimensión social antes inexistente, porque se restringía a lo económico y político.
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Los miembros plenos del G20 son Alemania, Arabia Saudí, Argentina, Australia, Brasil, Canadá, China, Corea del Sur, Estados Unidos, Francia, India, Indonesia, Italia, Japón, México, Rusia, Reino Unido, Sudáfrica y Turquía. Eso lo hace muy diverso y difícil de que un solo país imponga sus posiciones.
“Trump se aleja del multilateralismo”, pero le interesa el G20 como un mecanismo necesario a la estabilidad financiera internacional y que “ya tiene vida propia”, reforzó.
“La extrema derecha en ascenso en varios países dificulta las negociaciones, el consenso, pero no impide la existencia del bloque del G20 y sus funciones”, concluyó la especialista.
ED: EG
