LONDRES – Los países más ricos, máximos responsables del calentamiento global, deben acordar en la próxima cumbre sobre el clima una compensación milmillonaria para los países africanos, los que menos han contribuido al cambio climático del que son víctimas, reclamó la organización humanitaria Amnistía Internacional (AI).
Samira Daoud, directora regional de AI para África Occidental y Central, expuso que “la población africana es la que menos ha contribuido al cambio climático; sin embargo, de Somalia a Senegal y de Chad a Madagascar, esta emergencia global que ha expulsado a millones de personas de sus hogares está causando terribles estragos”.
“Es hora de que los países que han provocado toda esta devastación paguen para que los pueblos de África puedan adaptarse a la catástrofe que supone el cambio climático”, dijo Daoud.
El financiamiento para que los países en desarrollo encaren la crisis climática, incluido el Fondo de Repuesta ante Pérdidas y Daños, es tema crucial de la 29 Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP29) que se reunirá en Bakú desde el próximo día 11.
AI recordó que hasta la fecha, los países desarrollados se han comprometido a aportar menos de 700 millones de dólares de los 400 000 millones que los países de bajos ingresos estiman que necesitarán dedicar a pérdidas y daños de aquí a 2030.
Como otras entidades defensoras de derechos, AI considera que los países industrializados deben no solo incrementar los recursos del Fondo sino además financiar totalmente las medidas de adaptación de los gobiernos africanos ante la creciente crisis climática.
Ello para “prevenir nuevos desplazamientos forzados, detener las violaciones de derechos humanos y ayudar a esos países a conseguir la eliminación gradual, rápida y justa de la producción y el uso de combustibles fósiles”, según AI.
La adaptación puede costar entre 30 000 y 50 000 millones al año sólo en el África subsahariana, indicó AI, y su propuesta es que “las instituciones financieras internacionales deben garantizar la distribución equitativa del dinero para los países africanos sobre la base de la necesidad”.
Sostiene que “en cada rincón del continente africano, las sequías, las inundaciones, las tormentas o el calor están desplazando a la población dentro de los países y a través de las fronteras, lo que da lugar a violaciones de derechos humanos”.
Entre esas violaciones están la pérdida de cobijo, alteración del acceso a alimentos, atención de la salud y educación, riesgo de violencia de género, y la muerte.
“Aunque los gobiernos africanos son responsables de proteger los derechos humanos en esta crisis, no pueden hacerlo de manera adecuada si los países más ricos no proporcionan fondos”, destaca el documento.
Muestra que en Somalia más de un millón de personas han sido desplazadas por la sequía prolongada y las inundaciones recurrentes, que han diezmado terrenos agrícolas, matado ganado y destruido viviendas, obligando a huir a comunidades que ya estaban en una situación de vulnerabilidad a causa de decenios de guerra civil.
En el litoral de Senegal, la elevación del nivel del mar ha destruido pueblos enteros y obligado a miles de personas a desplazarse al interior, donde no tienen trabajo ni refugio debido a la falta de apoyo adecuado.
En Chad, el aumento de las temperaturas ha obligado a comunidades dedicadas al pastoreo a desplazarse a las regiones agrícolas en busca de pastos y agua, lo que ha desembocado en enfrentamientos mortales con campesinos y campesinas ante la ausencia de una gestión efectiva de conflictos y de apoyo para ambos grupos.
“Muchas zonas del continente están sufriendo graves sequías posiblemente exacerbadas por el cambio climático”, indicó el documento.
Menciona que una sequía en el sur de Madagascar durante seis años ha obligado a más de 56 000 personas del pueblo antandroy a abandonar sus tierras ancestrales para buscar otras en las cuales asentarse, solo para sufrir un sinnúmero de violaciones de derechos humanos en otras partes del país.
En Angola, el hambre ha obligado, sobre todo a mujeres, niños y niñas, a migrar a Namibia para buscar comida, lo que ha incrementado el riesgo de que sean objeto explotación, trata, violencia de género e interrupción de la educación.
Pero, incluso en Namibia, la mitad de la población sufre inseguridad alimentaria, y el gobierno ha declarado el estado de emergencia debido a la sequía, como también lo han hecho los gobiernos de Lesoto, Malawi, Zambia y Zimbabue. Ninguno de esos países dispone de fondos para afrontar la sequía.
Por otra parte, informes recientes dan cuenta de que inundaciones catastróficas han causado la muerte de más de 1500 personas y forzado el desplazamiento de centenares de miles en varios países de áfrica occidental y central.
AI considera que, junto con llevar más recursos a los fondos que impulse la COP29, las instituciones financieras internacionales y los países prestatarios deben conceder el alivio de la deuda a los Estados africanos que lo soliciten, para ayudarlos a invertir en medidas de adaptación al clima que protejan los derechos humanos.
Destaca como ejemplo que en los últimos años el gobierno de Etiopía ha gastado tres veces más dinero en pagar su deuda que en la adaptación al cambio climático, y países como Congo o Mozambique gastan habitualmente mucho más en devolver la deuda que en la respuesta al cambio climático.
Para Tigere Chagutah, director regional de AI para África oriental y austral, “los compromisos de la COP29 de pagar íntegra y equitativamente las pérdidas y daños y las medidas de adaptación en África son sólo el comienzo”.
“Los países responsables del cambio climático, junto con las instituciones financieras internacionales, deben aportar los recursos necesarios y darles seguimiento. África no puede esperar más”, concluyó Chagutah.
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