NACIONES UNIDAS – La creciente brecha de género entre hombres y mujeres se refleja no solo en las más altas jerarquías políticas del mundo, sino también en la vida social y económica cotidiana, donde la mayoría de las mujeres libra una batalla perdida contra la pobreza.
El último informe emblemático al respecto de ONU Mujeres revela una brecha de género cada vez mayor en la protección social, como se define el conjunto de políticas, incluidas las prestaciones económicas, la protección por desempleo, las pensiones y la asistencia sanitaria. Esa brecha deja a las mujeres y las niñas más expuestas a la pobreza.
Publicado con motivo del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, este jueves 17 de octubre, el informe muestra que nada menos que 2000 millones de mujeres y niñas no tienen acceso a ninguna forma de protección social.
Si bien los niveles de protección social han aumentado desde 2015, las brechas de género en dicha cobertura se han ampliado en la mayoría de las regiones en desarrollo, lo que sugiere que los recientes avances han beneficiado más a los hombres que a las mujeres.
En un mundo convulso, el informe insta a los gobiernos a proporcionar a las mujeres y las niñas vías sostenibles para salir de la pobreza, dando prioridad a las necesidades de las mujeres y las niñas en sus medidas de protección social y respuestas a las crisis.
Sandra Ramírez, asesora jurídica y de promoción de la oenegé Igualdad Ya, dijo a IPS que las mujeres de todo el mundo siguen privadas de sus derechos económicos y que su participación económica se ve obstaculizada por una serie de leyes discriminatorias por razón de sexo, incluidas las que rigen el trabajo e impiden que las mujeres tengan igualdad de acceso a la propiedad, la herencia y los derechos de jubilación.
En numerosos países, señaló, las mujeres se enfrentan a obstáculos para acceder a créditos y cuentas bancarias y se les prohíbe ejercer determinadas profesiones. La desigualdad financiera impide a muchas mujeres acumular riqueza, alcanzar la estabilidad económica e invertir en elementos esenciales como la vivienda, la atención sanitaria y la jubilación.
«Las restricciones legales y sociales al acceso de las mujeres a la educación y a la participación económica limitan su potencial de ingresos, aumentan las diferencias salariales entre hombres y mujeres y reducen su poder de decisión», afirmó Ramírez.
Para la activista, «todo ello se combina para mantener a las mujeres desproporcionadamente representadas en empleos mal remunerados, inseguros y no regulados, con un acceso limitado a las oportunidades de promoción profesiona». firmó.
El nuevo informe de ONU Mujeres destaca cómo a nivel mundial, en 2023, solo 36,4 % de las mujeres con recién nacidos estaban cubiertas por prestaciones de maternidad.
Sin un permiso de maternidad remunerado adecuado, las nuevas madres a menudo se ven obligadas a volver al trabajo poco después del parto, lo que puede poner en peligro su salud física y mental, ya que hacen malabares con las exigencias del cuidado de los hijos y el trabajo, subraya la agencia de la ONU dedicada a promover la igualdad de las mujeres y su autonomía.
Además, indica, la falta de permisos de paternidad remunerados en muchos países perpetúa los roles tradicionales de género, haciendo recaer la carga del cuidado de los hijos en las mujeres y obligando a las madres a elegir entre su carrera profesional y sus responsabilidades familiares.
Puede leer aquí la versión en inglés de este artículo.
La desigual distribución del trabajo de cuidados no remunerado y la infravaloración del trabajo doméstico y de cuidados no remunerado de las mujeres agrava los obstáculos a los que se enfrentan las mujeres, afirmó Ramírez, que reside en Colombia.
Ben Phillips, autor de How to Fight Inequality (Cómo combatir la desigualdad) y exasesor de gobiernos en política social, dijo a IPS que las cifras reveladas en el nuevo informe de ONU Mujeres deberían conmocionar a los responsables políticos.
«El creciente abismo en la protección social está empujando a millones de personas a la miseria, generando privaciones entre generaciones, frenando el crecimiento y socavando el contrato social», destacó.
A su juicio, «los datos de este informe no exponen un mero conjunto de errores políticos desafortunados, sino una desigualdad estructural, sistémica y en espiral que es el telón de fondo de un momento en el que el desarrollo, la prosperidad y la estabilidad están en peligro».
El motivo de esperanza, señaló Phillips, es que existen soluciones políticas de eficacia probada.
El reto, sin embargo, es superar la obstrucción política de las élites a cualquier propuesta política igualadora. «El único enfoque seguro para el mundo ahora es que los líderes sean audaces, y que los ciudadanos se organicen para garantizar que lo sean»,afirmó.
Mientras tanto, el informe muestra el pésimo estado de la protección de la maternidad en todo el mundo.
A pesar de los avances, más de 63 % de las mujeres de todo el mundo siguen dando a luz sin acceso a prestaciones por maternidad, cifra que se dispara hasta 94 % en el África subsahariana.
La falta de apoyo financiero durante la baja por maternidad no sólo coloca a las mujeres en una situación de desventaja económica, sino que también compromete su salud y bienestar y el de sus hijos, perpetuando la pobreza a través de las generaciones.
El informe también describe con crudeza la naturaleza de género de la pobreza. Las mujeres y las niñas están sobrerrepresentadas entre los pobres en todas las etapas de la vida, con las mayores diferencias durante la edad fértil.
Las mujeres de 25 a 34 años tienen 25 % más de probabilidades de vivir en hogares extremadamente pobres que los hombres del mismo grupo de edad.
Los conflictos y el cambio climático agravan esta desigualdad.
Las mujeres en contextos frágiles tienen 7,7 veces más probabilidades de vivir en la pobreza extrema que las que viven en entornos no frágiles.
Los riesgos y las vulnerabilidades específicos de cada sexo suelen pasarse por alto tras las crisis. Por ejemplo, las elevadísimas tasas de inflación registradas desde 2022, que han provocado una espiral de precios de los alimentos y la energía, afectan especialmente a las mujeres.
Sin embargo, de las casi 1000 medidas de protección social adoptadas por los gobiernos de 171 países en los meses siguientes, solo 18 % estaban dirigidas a la seguridad económica de las mujeres.
Ramírez, de Igualdad Ya, afirmó que la brecha de género en la protección social hace que las mujeres carguen con la peor parte de la inestabilidad económica y socava su capacidad para recuperarse y prosperar.
Adujo que el cambio climático y los conflictos en todo el mundo están agravando la desigualdad económica de las mujeres, ya que los recursos se desvían de la protección social que necesitan desesperadamente.
Dos mil millones de mujeres y niñas carecen de acceso a redes básicas de seguridad social, lo que las empuja aún más a la pobreza, especialmente en regiones devastadas por desastres medioambientales, guerras y disturbios.
«La presión para aumentar el gasto militar bajo el pretexto de la seguridad nacional se ha traducido, en varios casos, en recortes de los presupuestos que apoyan a las mujeres, privándolas de servicios críticos como refugios y recursos legales», adujo Ramírez.
Además, añadió, «los regímenes fiscales, las políticas comerciales y los acuerdos internacionales suelen estar sesgados en contra de los intereses de las mujeres y las niñas, afianzando aún más la desigualdad de género».
Abordar la brecha salarial de género, argumentó Ramírez, requiere que los gobiernos refuercen activamente las protecciones legales para las mujeres en la fuerza de trabajo.
Esto incluye evitar que se vean confinadas a funciones mal remuneradas o no reguladas. También es necesario abordar el problema de las mujeres que se ven obligadas a dejar el trabajo para dedicarse al cuidado no remunerado de otras personas y a las que, por tanto, se les niega la igualdad de acceso a las pensiones.
«La adopción por los gobiernos de leyes progresistas, como la de igualdad de retribución por el mismo trabajo, es importante, y su aplicación rigurosa es vital para un cambio significativo», dijo Ramírez.
Añadió que «la participación de la mujer en la economía no debe verse como una compensación entre prioridades de desarrollo contrapuestas, sino que debe integrarse en el núcleo de todos los procesos de desarrollo».
Ha llegado el momento de cambiar el discurso, argumentó.
«Impulsar la participación económica de las mujeres, reconocer y valorar sus contribuciones y conocimientos, y redefinir cómo medimos y promovemos la actividad económica deben reconocerse como imperativos urgentes», dijo la activista y experta.
En la presentación del informe, en un acto conjunto con el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la ONU (Daes), Sarah Hendriks, directora de la División de Políticas, Programas e Intergubernamental de ONU Mujeres, afirmó que el potencial de la protección social para la igualdad de género, la resiliencia y la transformación es enorme.
«Para aprovecharlo, necesitamos centrar la dignidad, la agencia y el empoderamiento de las mujeres y las niñas en cada etapa del proceso, desde el diseño de políticas y programas hasta la prestación y la financiación», detalló.
Con aportaciones del mundo académico, la sociedad civil y el sistema de la ONU, en particular la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el informe destaca ejemplos de progreso.
Países como Mongolia han ampliado las prestaciones del permiso de maternidad a los trabajadores informales, incluidos los pastores y los trabajadores autónomos, al tiempo que han reforzado el permiso de paternidad para apoyar la igualdad de género en las responsabilidades de cuidado.
En países como México y Túnez se han tomado medidas para incluir a los trabajadores domésticos en los sistemas de seguridad social. En Senegal, el Seguro Nacional de Salud ha ampliado y adaptado sus servicios para atender a las mujeres rurales, con el apoyo de ONU Mujeres.
Estas iniciativas, a juicio de Hendriks, demuestran el potencial transformador de los sistemas, políticas y programas de protección social que tienen en cuenta las cuestiones de género, es decir, que prestan especial atención a los retos específicos a los que se enfrentan las mujeres y las niñas.
T: MF / ED: EG
