SÍDNEY / NUEVA YORK – El comité del Libro Blanco de Bangladés revisará los acuerdos de créditos extranjeros firmados por el caído régimen cleptocrático del país.
La recomendación es que identifique y declare impagables los préstamos o partes de préstamos que no beneficiaron a la nación, porque fueron desviados del país por élites corruptas y políticamente poderosas, o peor aún, utilizados para comprar armas mortíferas y equipos de vigilancia para oprimir al pueblo.
Tales préstamos son «odiosos»: apestan y son detestables.
No está claro si se reunirá el valor suficiente para incluir siquiera los préstamos de las organizaciones internacionales y de los importantes y poderosos países donantes.
Sin embargo, esto es vital, ya que casi 45 % de la deuda de Bangladés se debe a organizaciones multilaterales, como el Banco Asiático de Desarrollo (BAD), el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Además, alrededor de 27 % del total de préstamos procede de países donantes bilaterales, como Japón y países de la Unión Europea.
Estas organizaciones multilaterales y países donantes siguieron proporcionando irresponsablemente líneas de vida al régimen autocrático de la depuesta primera ministra Sheikh Hasina, a pesar de conocer perfectamente la corrupción a gran escala del régimen y el flagrante abuso de los derechos humanos, incluida la supresión de la democracia.
Era de dominio público que los cleptócratas bangladesíes sacaban ilegalmente del país grandes sumas de dinero mal habido.
Bangladesh, como también se conoce el país del sudeste asiático, puede aprender de Ecuador a la hora de tratar con estas poderosas organizaciones e importantes países donantes con vistas a cancelar o reducir sustancialmente su odiosa carga de la deuda.
Las audaces medidas de Ecuador
Ecuador es el ejemplo de un gobierno que decidió oficialmente investigar el proceso de endeudamiento para identificar sus deudas ilegítimas y hacerlas sostenibles en aras del desarrollo.
En julio de 2007, unos siete meses después de ganar la presidencia del país latinoamericano, Rafael Correa (2007-2017) creó la Comisión para la Auditoría Integral de la Deuda Pública (Caic).
La idea de Correa era tomar medidas para poner fin al pago de una parte de la deuda identificada como fraudulenta e ilegítima.
La Caic incluía a representantes de los movimientos sociales de Ecuador (por ejemplo, de organizaciones de pueblos indígenas, feministas, sindicatos y activistas socioambientales), así como a defensores internacionales de la cancelación de las deudas ilegítimas.
La parte gubernamental estuvo representada por el Ministerio de Finanzas, la Contraloría, la Comisión Anticorrupción y la Fiscalía.
El mandato de la Caic era realizar una auditoría exhaustiva de las deudas acumuladas por Ecuador entre 1976 y 2006.
El término «integral» en el nombre de la Comisión es muy importante porque la auditoría debía evitar limitarse a un análisis contable del endeudamiento del país. Era fundamental medir el impacto humano y medioambiental de la política de endeudamiento.
A partir de noviembre de 2008, después que la Caic aportó su informe final, Ecuador suspendió el pago de gran parte de su deuda considerada «odiosa» o ilegítima.
Concretamente, el país puso fin al pago de los intereses adeudados por los títulos ecuatorianos negociados en Wall Street, que ascendían a unos 3200 millones de dólares.
Como era de esperar, los medios financieros internacionales alimentaron una gran cantidad de publicidad negativa y el alarmismo de que la medida afectaría gravemente a la calificación crediticia de Ecuador y a la inversión extranjera.
Sin embargo, en junio de 2009, los tenedores de 91 % de los bonos cuestionados aceptaron la propuesta del gobierno ecuatoriano de recomprarlos a 35 % de su valor nominal.
De este modo, Ecuador recompró deuda por valor de 3200 millones de dólares, para lo que desembolsó 900 millones.
Esto supuso un ahorro de 2000 millones de dólares en el capital adeudado, y el ahorro de los intereses que ya no habría que pagar. El ahorro total es de algo más de 7000 millones de dólares.
En su discurso de toma de posesión el 10 de agosto de 2009 -tras su primera reelección luego de aprobarse una nueva Constitución promovida durante su primer bienio-, Correa destacó la importancia de aquel acuerdo.
«Significa una ganancia de más de 300 millones de dólares anuales en los próximos 20 años, cantidades que no irán a las carteras de los acreedores, sino que se destinarán al desarrollo nacional», dijo.
Repercusiones positivas
La reducción de la deuda permitió al gobierno aumentar considerablemente el gasto social, en particular en las áreas de salud y educación.
Entre 2007 y 2017, el gobierno de Correa duplicó el gasto social. En 2016, la pobreza del país sudamericano se había reducido en 41,6%. Además, la desigualdad, medida por el coeficiente de Gini, había caído 16,7 %.
A pesar de las predicciones de días caóticos y dolorosos por parte de la prensa financiera internacional, no ocurrió nada malo. La victoria de Ecuador sobre sus acreedores privados extranjeros fue total.
Puede leer aquí la versión en inglés de este artículo.
Cuando unos años más tarde el país decidió emitir nuevos títulos de deuda en los mercados financieros, los inversores acudieron en masa a comprarlos, demostrando que estaban convencidos de que la situación del país había mejorado.
Lecciones para Bangladés
Bangladés no figura en la lista de países endeudados y, según el último análisis del FMI y el Banco Mundial, su deuda externa es sostenible.
El director nacional del Banco Mundial, Abdoulaye Seck, ha declarado recientemente que la entidad multilateral no está preocupado por los pagos de la deuda de Bangladés.
Sin embargo, observadores preocupados creen que la situación puede convertirse rápidamente en una crisis de la deuda. Por ello, es necesario tomar medidas urgentes, como identificar las deudas odiosas y rechazar la obligación ilegítima de pagarlas.
Podría decirse que no tiene precedentes que un soberano con un nivel de deuda sostenible se niegue a cumplir las obligaciones existentes. Correa afirmó en su momento que esta acción estaba justificada porque estas obligaciones eran ilegítimas.
Bangladés debe argumentar lo mismo. Tenemos buenas razones para creer que lo hará.
Otros artículos de Anis Chowdhury y Khalihur Rahman para IPS
Abul Maal Muhith, el ministro de Finanzas de Hasina, forzada a dimitir el 5 de agosto, hizo una declaración que se volvió célebre sobre que un desfalco del orden de 40 millones de dólares de los bancos no suponía nada.
Ahora, el jefe del gobierno provisional, el prestigioso líder social Muhammad Yunus, considera valioso cada céntimo de los contribuyentes.
Confiamos en que Yunus -Premio Nobel de la Paz 2006, inspirador de los microcréditos y creador del innovador Banco Grameen de microfinanzas- y no dudará en tomar la iniciativa.
Al seguir adelante con el asunto, el gobierno no debe desanimarse a actuar por miedo a las presiones, sobre todo cuando las partes más afectadas son las instituciones financieras multilaterales.
No obstante, Bangladés no tiene por qué adoptar una postura hostil como hizo Ecuador cuando declaró al representante del Banco Mundial en el país persona non grata y lo expulsó, y se retiró del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) del Banco Mundial.
Un enfoque más comedido que incluya negociaciones tranquilas debería reportar considerables beneficios.
Como medida práctica, el gobierno interino debería solicitar inmediatamente al secretario general de la ONU, António Guterres, la creación de una comisión independiente de las Naciones Unidas para revisar todas las deudas contraídas por el régimen autocrático y represivo al que sustituyó.
Las medidas sobre la deuda odiosa son absolutamente factibles y no sólo proporcionarán a Bangladés recursos fiscales adicionales para programas sociales urgentes, sino que también incentivarán a todo tipo de prestamistas a actuar con responsabilidad.
También dará a los prestamistas la oportunidad de limpiar sus nombres.
Mientras que el caso de Ecuador fue único en la historia contemporánea en lo que se refiere a acreedores comerciales, la firme postura de Bangladés sobre la deuda odiosa será un caso excepcional en el que se verán implicados acreedores oficiales, tanto multilaterales como bilaterales.
Tanto el caso de Bangladés como el de Ecuador pueden ser poderosos ejemplos para garantizar la sostenibilidad de la deuda de los países en desarrollo y el progreso socioeconómico continuado.
Anis Chowdhury es profesor emérito de la australiana Universidad del Oeste de Sídney y exdirector de la División de Política Macroeconómica y Desarrollo de la Comisión Económica y Social de Naciones Unidas.
Khalilur Rahman es exsecretario del Grupo de Alto Nivel del Secretario General de las Naciones Unidas sobre el Banco de Tecnología para los Países menos Adelantados (PMA) y exjefe del Servicio de Elaboración de Políticas, Coordinación y Supervisión para los PMA, así como exjefe de la División de Tecnología y Logística, la División de Gestión, la Subdivisión de Análisis Comercial y la Oficina de Nueva York de la Unctad.
