Países exportadores violan el tratado sobre comercio de armas

La bomba GBU-39, fabricada por la corporación Boeing de Estados Unidos, es de las armas empleadas en ataques a blancos civiles en los territorios palestinos ocupados. Amnistía Internacional denuncia que algunos países exportadores violan el tratado internacional sobre comercio de armas que han suscrito. Imagen: Usaf

LONDRES – Estados Unidos con suministros a Israel, China con relación a Myanmar, y proveedores del Medio Oriente y Serbia con envíos a Sudán, están entre los países que propician una pérdida devastadora de vidas al incumplir el Tratado sobre Comercio de Armas, destacó en un nuevo reporte Amnistía Internacional (AI).

“Aunque se han logrado avances, numerosos gobiernos siguen incumpliendo flagrantemente las normas, lo que provoca una enorme pérdida de vidas en las zonas de conflicto”, dijo . Patrick Wilcken, investigador de AI sobre asuntos militares, policiales y de seguridad.

El tratado, que regula el comercio internacional de armas convencionales, desde armas pequeñas hasta buques, aeronaves y carros de combate, entró en vigor el 24 de diciembre de 2014 y cuenta con 115 Estados partes, entre ellos los 10 principales exportadores –con 90 % del comercio de armas-, con la excepción de Rusia.

AI expuso que algunos de los mayores exportadores de armas siguen incumpliendo abiertamente las normas del tratado con sus transferencias ilegítimas de armas, “lo que provoca una devastadora pérdida de vidas humanas en zonas de conflicto”.

Como ejemplos mencionó la situación de los Territorios Palestinos Ocupados, en particular la Franja de Gaza, de Sudán y de Myanmar.

Estados Unidos, el mayor proveedor de armas a Israel, “sigue autorizando las transferencias de armas a este país a pesar de las abrumadoras pruebas de crímenes de guerra cometidos por las fuerzas israelíes”, dijo Wilcken.

Recordó que su organización “lleva mucho tiempo pidiendo un embargo total de armas tanto para Israel como para los grupos armados palestinos, debido a las graves violaciones del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario”.

AI documentó el uso de armas fabricadas en Estados Unidos en ataques ilegítimos, como las municiones de ataque directo conjunto (Jdam en inglés), en dos mortíferos ataques aéreos ilegítimos contra viviendas en Gaza, en los que murieron 43 civiles -19 niños y niñas, 14 mujeres y 10 hombres- los días 10 y 22 de octubre de 2023.

En un ataque israelí efectuado en enero de 2024 se utilizó una bomba GBU-39 de pequeño diámetro, fabricada en Estados Unidos por la corporación Boeing, que alcanzó una vivienda familiar en el barrio de Tal al Sultán de Rafá y mató a 18 civiles, entre ellos 10 niños y niñas, cuatro hombres y cuatro mujeres.

Sudán está inmerso desde abril de 2023 en una enorme crisis humanitaria por la confrontación entre los ejércitos rivales Fuerzas Armadas Sudanesas y Fuerzas de Apoyo Rápido, que ha causado la muerte de más de 16 650 civiles y desplazó a millones de sus hogares, la mayor crisis de desplazamiento interno del mundo.

A pesar de la crisis y del embargo de armas impuesto por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre la región sudanesa de Darfur (oeste), principal teatro de combate, AI sigue documentando importantes flujos de armas que llegan al conflicto.

Ha identificado armas y material militar de reciente fabricación procedentes de países como China y Serbia, que son Estados Partes en el tratado, y de los signatarios Turquía y Emiratos Árabes Unidos, importando en grandes cantidades a Sudán y en algunos casos con desvíos a Darfur, lo que alimenta la violencia.

Myanmar, también conocido por su antiguo nombre de Birmania, importa al menos 1000 millones de dólares en armas, bienes de doble uso, equipamiento y materias primas para fabricar armas -incluso de China- desde que se produjo el golpe militar de febrero de 2021.

“El ejército de Myanmar ha utilizado estas armas para atacar reiteradamente a la población civil y bienes civiles, lo que a menudo ha causado daños o ha provocado la destrucción de escuelas, edificios religiosos y otras infraestructuras básicas, en los tres años transcurridos desde el golpe de Estado”, dijo Wilcken.

Recordó que la legalidad de las transferencias de armas “está ahora explícitamente vinculada a las normas del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario”.

“Es hora de que los Estados Partes cumplan sus obligaciones legales e implementen plenamente el tratado, con el fin de prohibir el flujo de armas a países cuando se sepa que se utilizarán para cometer genocidio, crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra”, dijo Wilcken.

También en los casos en los que puedan utilizarse para cometer o facilitar violaciones graves del derecho internacional de los derechos humanos o del derecho internacional humanitario, apuntó el reporte de Amnistía Internacional.

A-E/HM

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