WASHINGTON – Cambios en la Constitución que el Congreso de México abordará desde el 1 de septiembre pueden socavar la privacidad y la independencia judicial, y aumentar abusos militares y detenciones arbitrarias, alertó en una declaración este viernes 30 la organización de derechos humanos Human Rights Watch (HRW).
Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas de HRW, dijo que “estas peligrosas propuestas socavarían la independencia judicial, otorgarían un poder sin precedentes a los militares, y eliminarían salvaguardas establecidas para proteger los derechos humanos”.
Las propuestas están contenidas en cuatro iniciativas que ampliarían la prisión preventiva automática, sustituirían el actual proceso de nombramientos judiciales por elecciones populares, y eliminarían las restricciones constitucionales que prohíben a los militares llevar a cabo funciones civiles.
Según HRW, también desaparecerían la entidad independiente y garante de la privacidad y la transparencia gubernamental de ese país, de 127 millones de habitantes y la mayor economía de América Latina después de Brasil.
“Dado el largo historial de graves abusos y encubrimientos oficiales en México, los legisladores deberían adoptar medidas para fortalecer las protecciones de los derechos humanos, no para debilitarlas”, dijo Goebertus.
Las cuatro iniciativas forman parte de una serie de 18 propuestas de cambios constitucionales que el presidente saliente, Andrés Manuel López Obrador, envió al Congreso en febrero.
La presidenta electa, Claudia Sheinbaum, cuyo Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) controla el Congreso, ha respaldado propuestas e instado a los legisladores a que las aprueben antes de que ella tome posesión el 1 de octubre.
HRW expuso que una de las iniciativas, que según los legisladores será de las primeras en someterse a votación, cambiaría significativamente la forma en que se elige y supervisa a los jueces federales.
En la actualidad, los jueces y magistrados federales son seleccionados en función de su calificación en un concurso de evaluación abierto y competitivo dirigido por la Escuela Federal de Formación Judicial. Después de seis años en el cargo, pueden ser ratificados, para darles permanencia en el cargo hasta su jubilación.
Según las propuestas, se eliminaría la permanencia judicial y los jueces serían elegidos cada nueve años, en comicios locales en cada distrito judicial, a partir de listas de candidatos presentados por el presidente, el Congreso y la Suprema Corte.
Todos los jueces federales actualmente en servicio, aproximadamente 1650, serían separados de sus cargos y sustituidos mediante elecciones en 2025 y 2027.
La iniciativa obligaría a todas las legislaturas estadales a realizar cambios similares en sus propios sistemas de justicia en un plazo de 180 días, lo que afectaría a unos 5000 jueces y magistrados en las regiones.
La propuesta también reduciría el tamaño de la Suprema Corte, acortaría los mandatos de sus miembros y sustituiría a los actuales en unas elecciones especiales en 2025.
También permitiría a los jueces conocer casos de presunta delincuencia organizada de forma anónima, de tal manera que los imputados no conozcan la identidad del juez a cargo del caso.
Esas propuestas “socavarían gravemente la independencia judicial y contravendrían estándares internacionales de derechos humanos destinados a garantizar que toda persona reciba una audiencia justa ante los tribunales”, sostuvo HRW.
Según estándares internacionales, los jueces deben tener garantizada la permanencia en el cargo y estar protegidos de influencias políticas, para garantizar que tomen decisiones basadas únicamente en los hechos del caso y de acuerdo con la ley.
La Relatoría Especial de Naciones Unidas para la Independencia de Jueces y Abogados “ha destacado la importancia de adoptar procedimientos de designación no políticos, vinculados estrictamente a la calidad y el mérito profesional” de los candidatos judiciales, indicó la declaración de HRW.
Recordó que en julio, la relatora especial, Margaret Satterthwaite, expresó su preocupación en una carta dirigida al presidente López Obrador.
Los cambios pudieran “incrementar el riesgo de que los candidatos a magistrados busquen complacer a votantes o a patrocinadores de campañas para incrementar sus posibilidades de reelección, en lugar de tomar decisiones fundamentadas exclusivamente en principios y normas jurídicas”, según Satterthwaite.
También recordó HRW que el Comité de Derechos Humanos de la ONU y la Corte Interamericana de Derechos Humanos han dicho que los procesos con “jueces sin rostro” contravienen el derecho a un juicio justo, ya que las personas imputadas no pueden evaluar si el juez tiene un conflicto de intereses.
Otra iniciativa en consideración eliminaría el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), un órgano independiente que vela por el cumplimiento de las normas sobre transparencia y protección de datos en México.
Según la propuesta, cada rama del Gobierno sería responsable de garantizar su propio cumplimiento de las leyes sobre acceso a la información. Entre octubre de 2022 y septiembre de 2023, el Inai recibió 20 000 quejas de personas que afirmaban que entes gubernamentales rechazaron cumplir las normas de acceso a la información.
Los cambios ampliarían aún más la prisión preventiva automática, exigiendo a los jueces que ordenen detener a cualquier persona acusada de extorsión, narcomenudeo, defraudación fiscal, contrabando o delitos relacionados con la producción y el tráfico de fentanilo, sin revisar las circunstancias del caso, deploró HRW.
Recordó que según el derecho internacional la prisión preventiva sólo debe utilizarse en casos excepcionales, sobre la base de una determinación individualizada de que es necesaria para evitar la fuga del imputado, la interferencia con las pruebas o la repetición del delito.
Al cierre de 2022 se encontraban en prisión preventiva unas 88 000 personas, 40 % de la población penitenciaria total.
Otra iniciativa propuesta eliminaría la prohibición constitucional que impide a los militares ejercer funciones no militares fuera de tiempos de guerra.
Además transferiría permanentemente el control de la Guardia Nacional a la Secretaría (ministerio) de la Defensa, y otorgaría al presidente la autoridad para desplegar las Fuerzas Armadas dentro del país, de manera indefinida, a su discreción.
Desde 2016, las Fuerzas Armadas han sido desplegadas de manera informal y sin control de autoridades civiles para realizar tareas de seguridad pública.
Según HRW, han cometido violaciones generalizadas de derechos humanos, como ejecuciones, desapariciones forzadas y tortura “que rara vez se investigan o se llevan ante la justicia”.
“México necesita urgentemente instituciones de seguridad y justicia más eficaces. Lamentablemente, es probable que estos cambios constitucionales logren exactamente lo contrario”, expresó Goebertus.
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