Asesinados trabajadores humanitarios en número sin precedentes

Trabajadores de las Naciones Unidas inspeccionan una bomba de 450 kilos que cayó sin estallar en una vía de la ciudad de Jan Yunis, en la Franja de Gaza. Víctimas principalmente de bombardeos, decenas de trabajadores humanitarios han muerto en ese territorio palestino, y un total de 280 perecieron en 33 países el año pasado. Imagen: Themba Linden / Ocha

NACIONES UNIDAS – Los trabajadores humanitarios que se encuentran en primera línea de los conflictos en el mundo están siendo asesinados en un número sin precedentes, destacó la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas (Ocha) en un reporte divulgado este lunes 19.

Con 280 trabajadores muertos en 33 países el año pasado, 2023 ha sido el año más mortífero registrado por la comunidad humanitaria mundial, destacó la entidad de la ONU en este Día Mundial de la Asistencia Humanitaria.

Esa cifra escandalosamente alta representa un aumento de 137 % en comparación con 2022, año en el que murieron 118 trabajadores humanitarios.

El año 2024 puede ir camino de ser aún más mortífero. Hasta el 7 de agosto, 172 trabajadores humanitarios habían sido asesinados, según el recuento provisional de la base de datos Aid Worker Security Database.

Más de la mitad de las muertes en 2023 se registraron de octubre a diciembre, en los tres primeros meses de hostilidades en la Franja de Gaza, y en su mayoría como consecuencia de ataques aéreos llevados a cabo por Israel.

La mayoría integraban el personal de la agencia de la ONU para los refugiados palestinos (Unrwa en inglés) y cuyo nombre oficial es Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en el Medio Oriente.

Los niveles extremos de violencia en Sudán y Sudán del Sur también han contribuido al trágico número de víctimas mortales, tanto en 2023 como en 2024. Asimismo, muchos trabajadores humanitarios siguen detenidos en Yemen.

En todos estos conflictos, la mayoría de las víctimas son personal nacional.

Joyce Msuya, coordinadora del Socorro de Emergencia de la ONU, dijo que “la normalización de la violencia contra los trabajadores humanitarios y la falta de rendición de cuentas son inaceptables, inconcebibles y enormemente perjudiciales para las operaciones de ayuda en todo el mundo”.

“Hoy reiteramos nuestra exigencia de que las personas en el poder actúen para poner fin a las violaciones contra la población civil y a la impunidad con la que se cometen estos atroces ataques”, agregó Msuya.

La Ocha y las restantes agencias humanitarias de la ONU, más 413 organizaciones no gubernamentales de decenas de países, enviaron además una carta a la comunidad internacional pidiendo que se ponga fin a los ataques contra civiles, proteja a todos los trabajadores humanitarios y exija responsabilidades a los autores.

En la carta que recibirán los Estados miembros de la ONU, señalan que “las brutales hostilidades que estamos presenciando en múltiples conflictos en todo el mundo han sacado a la luz una terrible verdad: vivimos en una era de impunidad”.

Destacan que “los ataques que matan o hieren a civiles, incluido el personal humanitario y sanitario, son devastadoramente frecuentes. Sin embargo, a pesar de la condena generalizada, las violaciones graves de las normas de la guerra quedan impunes con demasiada frecuencia”.

“Este statu quo es vergonzoso y no puede continuar”, aseguran los firmantes.

La misiva también expone que las organizaciones dirigidas por mujeres y el personal humanitario femenino se enfrentan a riesgos únicos y a menudo mayores, por el mero hecho de ser mujeres, mientras el impacto en la salud mental de civiles y trabajadores humanitarios ha alcanzado niveles sin precedentes.

Por eso, los trabajadores humanitarios llaman a todos los Estados, a las partes en los conflictos armados y a la comunidad internacional en general para que “pongan fin a los ataques contra civiles y tomen medidas activas para protegerlos, así como a las infraestructuras civiles esenciales de las que dependen”.

Reclaman que se proteja a todos los trabajadores humanitarios, incluidos los agentes locales y nacionales, así como sus instalaciones y bienes, y que se facilite su labor, como pide la Resolución 2730 del Consejo de Seguridad de la ONU, adoptada en mayo.

Solicitan que se exijan responsabilidades a los autores, pues “quienes cometen violaciones del Derecho Internacional Humanitario no pueden quedar impunes”.

Añaden que “hacer la vista gorda cuando se ataca a los trabajadores humanitarios no hace sino envalentonar a quienes tratan de obstaculizar su labor. Solo sirve para aumentar la inseguridad alimentaria, la desnutrición infantil, los desplazamientos involuntarios y la propagación de enfermedades infecciosas y otras amenazas”.

Sus efectos inmediatos no solo se limitan a las zonas de conflicto, sino que a menudo se extienden mucho más allá.

Terminan con el compromiso de seguir prestando ayuda en crisis humanitarias en todo el mundo, pero afirman que “la situación exige la protección de nuestro personal, nuestros voluntarios y los civiles a los que servimos”.

A-E/HM

 

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