LONDRES – Dos políticos acaban de ser condenados a largas penas de prisión en Esuatini. ¿Su delito? Pedir democracia.
Mthandeni Dube y Bacede Mabuza, ambos parlamentarios en aquel momento, fueron arrestados en julio de 2021 por participar en una ola de protestas prodemocráticas que recorrió el país sudafricano, antes conocido como Suazilandia. Un tercer parlamentario, Mduduzi Simelane, sigue sujeto a una orden de detención tras pasar a la clandestinidad.
Dube y Mabuza llevan detenidos desde su arresto, y al parecer han sufrido agresiones físicas, se les ha negado tratamiento médico y se les ha impedido ver a sus abogados mientras estaban bajo custodia. El año pasado fueron declarados culpables de cargos como asesinato, sedición y terrorismo.
Ahora conocen su destino: Mabuza ha sido condenado a 25 años y Dube a 18. Desde la sentencia, a Mabuza, que padece una enfermedad que le obliga a seguir una dieta especial, se le ha negado esa alimentación en la cárcel.
Dube y Mabuza son presos políticos. No tienen esperanzas de un juicio justo y sus condenas penales no se basan en la realidad.
El sistema de justicia penal de Esuatini cumple las órdenes d
Durante casi cuatro décadas, Mswati ha gobernado su reino con mano de hierro. Mswati está constitucionalmente por encima de la ley, nombra al primer ministro y al gabinete y puede vetar toda la legislación. También nombra y controla a los jueces, a los que utiliza habitualmente para criminalizar a quienes desafían su poder.
Dube y Mabuza planean apelar, pero saben que tienen todas las de perder.
Represión en curso
Las protestas por la democracia de 2021 supusieron la mayor amenaza hasta la fecha para el poder sin cortapisas de Mswati.
Su respuesta fue brutal. Al menos 46 personas murieron cuando las fuerzas de seguridad abrieron fuego contra los manifestantes. Imágenes filtradas revelaron que fue Mswati quien ordenó a las fuerzas de seguridad disparar a matar y arrestar a los diputados prodemocráticos.
Mientras que se ha criminalizado a manifestantes pacíficos como Dube y Mabuza, nadie se ha enfrentado a la justicia por los homicidios autorizados por el Estado. Y los peligros a los que se enfrentan los activistas prodemocráticos no han disminuido.
En enero de 2023, Thulani Maseko, abogado de derechos humanos y destacado defensor de la democracia, fue asesinado a tiros delante de su familia. Además de dirigir la red clave de grupos que piden una transición pacífica a la democracia, era el abogado de los dos diputados.
Su asesinato se produjo pocas horas después de que Mswati advirtiera a los activistas de la democracia de que los mercenarios se encargarían de ellos.
Nadie ha rendido cuentas por el crimen, y la viuda de Maseko, Tanele Maseko, ha sufrido acoso. En marzo fue detenida y se le confiscaron el pasaporte y el teléfono cuando regresó a Esuatini desde Sudáfrica.
Las autoridades han seguido arrestando, secuestrando y deteniendo a activistas, y otros han sobrevivido a evidentes intentos de asesinato y ataques incendiarios. El último primer ministro de Mswati ha advertido a los medios de comunicación de que podrían enfrentarse a una regulación más estricta.
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El Estado también ha recurrido a la violencia para reprimir nuevas protestas. En 2023 se celebraron elecciones, pero, como es habitual, se prohibieron los partidos políticos y los candidatos tuvieron que someterse a un proceso de selección diseñado para excluir a las voces disidentes.
La corrupción y la impunidad van de la mano del autoritarismo y de la capacidad de los gobernantes para ignorar las demandas de la población.
La mayoría de los 1,2 millones de habitantes de Esuatini viven en la pobreza, pero Mswati y la familia real disfrutan de una gran riqueza y de un lujoso estilo de vida, pagados con los beneficios de los principales activos que controlan directamente.
Sin diálogo
El diálogo nacional que Mswati prometió en respuesta a las protestas de 2021 nunca se produjo. En su lugar, celebró una Sibaya, una reunión tradicional en la que él fue la única persona a la que se le permitió hablar.
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Mswati solo prometió celebrar un diálogo tras la intervención del presidente sudafricano, Cyril Ramaphosa.
Sudáfrica tiene un claro papel que desempeñar: limita con Esuatini por tres lados, es con diferencia su mayor socio comercial y acoge a muchos de sus activistas democráticos exiliados, mientras que Mswati también ha importado mercenarios sudafricanos para sus fines represivos.
La Comunidad para el Desarrollo del África Austral (SADC) también debería participar. Pero Sudáfrica ha ejercido poca presión para que actúe y Esuatini se ha esforzado por mantenerse fuera de la agenda de la SADC.
Sudáfrica y la SADC deben recordar a Eswatini sus obligaciones en virtud de los tratados mundiales y africanos que ha adoptado, incluida la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos.
El gobierno debe acabar con la represión, incluidas las leyes de orden público, sedición y terrorismo utilizadas para encarcelar a Dube y Mabuza. La puesta en libertad de ambos sería un buen comienzo.
Andrew Firmin es redactor jefe de Civicus, codirector y redactor de Civicus Lens y coautor del Informe sobre el Estado de la Sociedad Civil de la organización.
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