LAGOS, Nigeria – Nyeche Uche, de 60 años, fue detenido por la Comisión de Delitos Económicos y Financieros de Nigeria por robo. Pasó 13 años y ocho meses en prisión a la espera de juicio. En marzo de 2022, una iglesia que había acudido a la cárcel le remitió a un bufete de abogados para que se ocupara de su caso de forma gratuita.
Compareció ante un tribunal en octubre de 2023, tras la denuncia inicial de que se había perdido su expediente, y su abogado argumentó que el septuagenario debía ser puesto en libertad aunque se le declarara culpable del delito, porque ya había cumplido la pena de prisión establecida por la ley.
Unos días después, Uche recuperó por fin la libertad. El bufete de abogados que le ayudó es la Fundación Headfort, una organización sin ánimo de lucro comprometida con la descongestión de las cárceles nigerianas.
«Durante el proceso de mi estancia en las cárceles, el expediente de mi caso se ha perdido y ha sido incluso esta organización la que lo ha sacado qadd se ha asegurado de que se entregue incluso al juez para que mi caso pueda concluir», dijo Nyeche a IPS en Lagos, la ciudad más poblada del país.
En Nigeria, los casos penales se juzgan por magistrados y los tribunales superiores. Al igual que en el Reino Unido, los magistrados se ocupan de los delitos menores, mientras que los delitos graves se remiten a los tribunales superiores.
Desgraciadamente, pueden pasar varios años hasta que se consigue que el caso llegue al juez, lo que hace que los sospechosos permanezcan en prisión más tiempo del que les correspondería por el delito del que se les acusa, si fueran juzgados ante los tribunales.
Más de 79 % de las personas encarceladas en Nigeria están a la espera de juicio, y la mayoría de ellas llevan años sin ser condenadas.
Ello a pesar de la existencia de que la Ley de Administración de Justicia Penal (ACJA, en inglés) estipula la resolución de los casos en un plazo razonable para garantizar la celeridad de los juicios y evitar la descongestión de las instalaciones penitenciarias.
En este contexto, la Fundación Headfort, tiene como objetivo proporcionar acceso a la justicia, la defensa de las reformas y las cuestiones de derechos humanos en Nigeria, el sexto país más poblado de África, con 223 millones de habitantes.
Creada en 2019, la organización ha conseguido la liberación de 200 personas detenidas ilegalmente y ha ofrecido servicios pro bono (gratuitos) en más de 1000 casos.
«Casi las víctimas indigentes de abusos contra los derechos humanos se encuentran atrapadas en el sistema judicial, incapaces de acceder a abogados o defensores de los derechos humanos debido a su situación socioeconómica. A menudo se les niega su derecho a la justicia», afirma Adenekan Oluwakemi, jefe de Programas de la Fundación Headfort.
Una iniciativa al rescate
En respuesta a esta disparidad, inauguró el proyecto denominado Abogados Sin Fronteras, en septiembre de 2020, tras el inicio del confinamiento forzado por la pandemia de covid-19, después de obtener la aprobación del Estado.
La iniciativa utiliza oficinas móviles dentro de las instalaciones de los tribunales para facilitar el acceso a su equipo de abogados para representar a las víctimas de abusos contra los derechos humanos y a sus familias en desafíos legales.
«Antes de la pandemia, teníamos acceso fácil y gratuito a la prisión para ocuparnos de los casos de reclusos indigentes, pero debido a la pandemia, nos enfrentamos a restricciones de entrada en las prisiones para ocuparnos de los casos de reclusos indigentes, impuestas como medida de precaución para evitar la propagación del virus», explicó Oluyemi Orija, fundador de la organización.
Esa limitación «dificultó nuestra capacidad de prestar asistencia jurídica a quienes la necesitaban dentro del sistema penitenciario», aseguró.
Mientras tanto, en el punto más duro de la pandemia, la policía nigeriana -conocida por su historial de irregularidades sistemáticas- habría acelerado su represión de los derechos de los ciudadanos.
El cuerpo policial arrestó y detuvo ilegalmente a decenas de miles de lugareños por una serie de delitos aclamados que dieron lugar a la protesta EndSars en octubre de 2020, un movimiento contra la brutalidad policial que cobró impulso mundial ese año.
Puede leer aquí la versión en inglés de este artículo.
«La Policía de Nigeria desempeña un papel crucial como parte interesada clave en el sistema judicial, contribuyendo significativamente a la administración de justicia. Su papel indispensable no puede pasarse por alto», dijo Oluwakemi a IPS.
Sin embargo, añadió, «en la Fundación Headfort se está llevando a cabo una labor de incidencia política para promover la aplicación de medidas no privativas de libertad, como la mediación, para delitos menores. Somos optimistas de que estos esfuerzos pronto llegarán a buen puerto».
Oluyemi dijo que lo que hace que su equipo siga adelante es que creen que cada individuo liberado representa un triunfo sobre la injusticia.
«Sus sonrisas, su gratitud y su renovado sentido de la esperanza nos impulsan hacia adelante en nuestra búsqueda de una sociedad más equitativa y justa, un faro de esperanza para otros que aún pueden estar esperando su propia oportunidad de libertad», precisó el abogado.
Un montón de cuellos de botella
Oluyemi expresó que los esfuerzos de la organización por descongestionar los centros penitenciarios se ven a menudo frustrados por los múltiples obstáculos que existen en el sistema judicial.
«Uno de los principales retos a los que nos enfrentamos son las limitaciones financieras», reconoció el fundador de Abogados Sin Fronteras,
Recordó que «nuestros servicios se prestan gratuitamente a personas indigentes, los costes de funcionamiento, incluidos los honorarios legales, los gastos administrativos y los esfuerzos de divulgación, pueden acumularse rápidamente, poniendo a prueba nuestros recursos».
Para hacer frente a este reto, la fundación puso en marcha varias iniciativas de recaudación de fondos, como el crowdfunding, que incluye la búsqueda de subvenciones de otras organizaciones, la asociación con empresas patrocinadoras y la organización de eventos para recaudar fondos.
Además, confía en la generosidad de los donantes particulares que apoyan su causa.
Junto con sus esfuerzos, el fundador de la defensoría gratuita hincapié en que el compromiso de todas las partes interesadas dentro del sector judicial podría afrntar los problemas sistémicos y de larga data a los que se enfrenta el sistema penitenciario de Nigeria.
T: MF / ED: EG
